Santiago Pérez “La renovación de contratos en La Laguna, fruto de un acuerdo ilegal de Clavijo con los empresarios a cambio de rebajas en su facturación”

Entrevista en Radio San Borondón a Santiago Pérez

lacasademitia.opennemas.com 21 de enero de 2018 (06:51 h.)

Santiago Pérez “La renovación de contratos en La Laguna, fruto de un acuerdo ilegal de Clavijo con los empresarios a cambio de rebajas en su facturación”

Entrevista en Radio San Borondón a Santiago Pérez

SB-Noticias.- Según sospecha Santiago Pérez, CC para asegurar el cumplimiento de este acuerdo, tuvo que pactar con el PSOE el Gobierno de Canarias, para garantizar a su vez el pacto con los socialistas en La Laguna

Tras la macrodenuncia presentada por Santiago Pérez al ayuntamiento de La Laguna, por prevaricación, a causa de las prórrogas a dedo de los contratos a 24 empresas que prestaban servicios municipales, el edil de X Tenerife Nueva Canarias mantiene la hipótesis de que los motivos reales de esta práctica fue un acuerdo – ilegal- entre Clavijo y estas empresas, como contrapartida al descuento en sus emolumentos que éstas realizaron al ayuntamiento en tiempos de crisis.

“Si no presento esto a los tribunales dimito porque sería cómplice”

El pasado jueves, Santiago Pérez presentó una denuncia a los responsables en el Ayuntamiento de La Laguna de prorrogar los contratos, de manera irregular, a 24 empresas que gestionan servicios municipales muy importantes, algunos como el de asistencia domiciliaria, con una facturación al Consistorio de más de tres millones al año.

Estos servicios fueron adjudicados mediante concursos públicos con posteriores contratos a las empresas por una duración determinada de 3, 4 o hasta 7 años, y unas prórrogas que podrían aprobarse de común acuerdo antes de que terminara la duración del contrato. Pero ¿qué ocurrió?Asegura Santiago Pérez que una vez terminada la vigencia y extinguidos los contratos, el gobierno municipal se ha dedicado a autorizar a esas empresas para que continuaran prestando sus servicios, en una práctica ilegal y que convierte al ayuntamiento en un paraíso fiscal.

Y todo ello, recuerda Santiago Pérez con hasta 53 informes de ilegalidad por parte del interventor, hasta 3 veces a una misma empresa. “En mi opinión -afirma- hay una clara actitud de prevaricación no solo continuada sino infinita”.

Los verdaderos motivos

Habitualmente, este tipo de prácticas ilegales, se suelen hacer con fines de beneficiar a otros “uno podría pensar -continúa Pérez- que es porque estas empresas, en agradecimiento, le permiten enchufar a los clientes de CC que tiene adicción al enchufismo, o porque le facilitan medios para su financiación electoral, porque alguien se lleva mordidas… pero a mí no me acaban de convencer estas explicaciones”.

Santiago Pérez ha llegado a una hipótesis: que el ayuntamiento de La Laguna tuvo que afrontar la crisis económica en pésimas condiciones financieras y presupuestarias, debido a la pésima gestión de Ana Oramas, que en la época de bonanza económica, se dedicó a utilizar los recursos para gastos ordinarios en un plan de inversiones “muy vistoso” con el fin de ganar las elecciones, que finalmente ganó con mayoría absoluta. Sin embargo, recuerda, que tras ganar las elecciones Oramas no contó con las ayudas financieras que le habían prometido el Cabildo y el Gobierno de Canarias.

Prosigue el político, que en estas circunstancias pésimas, La Laguna se ha tenido que “tragar” en épocas de crisis las consecuencias de la mala gestión realizada en época de bonanza, siendo sometida la institución en plena crisis a un plan de ajuste que en realidad es una intervención.

Es en este contexto en el que, tal como sostiene el edil, el gobierno municipal llega a un “extraño” acuerdo con estas empresas públicas, para rebajar el importe que éstas facturaban al ayuntamiento, aún sin tener obligación alguna.

“Si eso fue así ¿cuál fue la contrapartida que Clavijo les prometió a los empresarios?”

La contrapartida habría sido que, cuando finalizara el contrato, se les autorizaba a seguir prestando el servicio para que restablecieran su equilibrio económico, tras rebajar su facturación en un 10 ó un 20 %, siendo esta práctica ilegal porque, cuando una empresa finaliza el contrato el ayuntamiento tendría que haber convocado un concurso y permitir a otras empresas acceder al mismo en igualdad de condiciones: “Si eso fue así – concluye Santiago Pérez- Clavijo no tenía autoridad para llegar a un acuerdo al margen de la legalidad”.

El PSOE, "cooperador necesario"

Continuando con esta hipótesis, afirma el político lagunero, que Clavijo tenía que garantizar a toda costa que la alcaldía siguiera en manos de Coalición Canaria cuando llegara la hora de cumplir esos compromisos “y esa es una de las razones que más influyeron para que CC pactara con el PSOE el Gobierno de Canarias para luego echarlos, la idea era retener la alcaldía de La Laguna y sabían que con el resultado de las elecciones, si no pactaban con el PSOE y conseguían que en La Laguna el POSE les garantizara la alcaldía, la perdían, y además de otros costes políticos que eso iba a suponer para CC, no iban a poder cumplir aquel compromiso adquirido por Clavijo al margen de la ley”.

Esto explicaría como desde la Alcaldía o desde el Organismo Autónomo de Deportes se ha establecido esta práctica ilegal de forma generalizada, como no ocurre en ninguna otra administración pública.

Quienes firmaban

Destaca Santiago Pérez que aunque fundamentalmente en la lista de quienes han firmado estos decretos fueron fundamentalmente el ex alcalde Fernando Clavijo y el actual primer edil José Alberto Díaz, también lo hizo la actual concejala socialista Mónica Martín, entre otros.

Consecuencias

Considera que esto debe dar lugar a unas diligencias judiciales de investigación, que ha propuesto en la propia denuncia, para que se realicen diligencias de inmediato, porque cree que algunas de estas autorizaciones ni siquiera se dictaron habiendo tramitado adecuadamente los expedientes, para acreditar la fundamentación jurídica de tales decisiones. De tal manera que el interventor reparaba continuamente que no se justificaba la cuantía de lo que se iba a continuar pagando tras la finalización del contrato.

Aclara finalmente, que la denuncia no la presenta en contra de nadie en concreto, sino de aquellas personas que desde la Alcaldía u otros organismos del ayuntamiento, o por delegación de esos órganos han dictado todos esos actos en contra de la legalidad y en contra de las advertencias de ilegalidad de la intervención, manejando recursos públicos al margen de la ley y por encima de 18 millones “movilizando como les da la gana recursos por encima de 18 millones de dinero publico”.

“La Laguna, exportadora de sistemas para saltarse la legalidad”

Santiago Pérez hace un repaso por el sistema que a su juicio ha ideado Coalición Canaria en el ayuntamiento lagunero “que están exportando” para saltarse la legalidad en materia de contratación pública, a través de 3 mecanismos “que tienen perfectamente engrasados”:

El primero de ellos es el abuso de contratos menores. En la denuncia presentada hay varios casos. Se trata de contratos por menos de 18.000 € para servicios y suministros, y por encima de 40.000 € en el caso de obras. Pero a alguna empresa (como la seguridad en instalaciones del organismo autónomo de deportes) se les van fraccionando y encadenando hasta los 160.000 €, lo cual califica directamente de fraude, pues si ese es el servicio y hay que seguirlo ofreciendo cada mes, tenían que haberlo sacado a licitación o buscar otras formulas de las previstas en la legislación de contratación pública con anterioridad.

En segundo lugar son los ya denunciados reconocimientos extrajudiciales de crédito, que consiste en llevar al pleno el pago de facturas de contratos concertados al margen de la ley, porque no se ha cumplido el procedimiento o porque se hacen sin consignación presupuestaria. Un procedimiento previsto para casos excepcionales, que el gobierno municipal utiliza como práctica habitual.