PRENSA CANARIA DEL 29-11-19

¿Inminencia de atentado? Investidura. Propuesta de elección “a dedo”. Consejo de Gobierno. CGPJ y TSJC. Superávit. Aumento de sueldo. Cambio climático y riesgo de inundaciones. Caso Las Teresitas. Caso Grúas.
 

¿INMINENCIA DE ATENTADO?

La Provincia: “Pulso entre España, que alerta de un posible atentado en Tinduf y el Polisario”.

El Día: “Defensa alerta del riesgo de un atentado contra españoles en el Sahara”.
 

El pasado miércoles, el ministerio de Asuntos Exteriores emitió una nota desaconsejando a ciudadanos españoles visitar los campamentos saharauis de refugiados ante la ocupación marroquí, establecidos en Tinduf, al sur de Argelia por riesgo de atentado. Se da la circunstancia de que en pocos días dos vuelos con 300 personas de nacionalidad española, de familias de acogida en verano de niños saharaui, visitarán los campamentos para encontrarse con ellos.

También está anunciada una visita a los campamentos saharauis una de delegación canaria en primavera.

Ayer, la ministra de de Defensa, Margarita Robles anunció públicamente que informes de servicios de inteligencia advierten de un atentado inminente contra ciudadanos españoles cuya autoría se atribuye a yihadistas.

El Frente Polisario ha declarado que no se le ha comunicado nada de esto, que no percibe ningún riesgo de atentados y que se trata de una maniobra marroquí para impedir la ayuda a la población saharaui. La Misión de Naciones Unidas para el Sahara Occidental, (Minurso), tampoco tiene información en ese sentido, ni los cooperantes españoles en la zona.

Tanto la portavoz del Polisario en el Estado español, Jira Bulahi como el representante en Canarias, Hamdi Mansur, consideran que se trata de una maniobra marroquí.

Carmelo Ramírez, consejero del Cabildo de Gran Canaria, que preside la coordinación de las organizaciones de solidaridad con el Sahara en el Estado español, ha expresado que no se debe prestar atención a las amenazas, cuya finalidad es impedir la solidaridad.

Nuestro comentario: Todos los gobiernos españoles desde 1976 hasta ahora, han incumplido su obligación, como potencia colonial ocupante, de promover el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. La responsabilidad del acuerdo tripartito de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, por la que se cedía el Sahara Occidental a ambos países fue del Gobierno del momento. Pero el PSOE, que antes de llegar al Gobierno en 1982 defendía el derecho de autodeterminación, cambió de posición, mantiene excelentes relaciones con la monarquía medieval marroquí, vende armas y da como salida un acuerdo bilateral entre Marruecos y el Polisario, no un referéndum.

Ahora, en colaboración con los ocupantes, amenaza con atentados para desalentar cualquier actividad solidaria con los refugiados. Afortunadamente, ninguna asociación ha admitido la presión de este Gobierno “progresista” el mismo día que convalida en la Diputación Permanente del Congreso el decreto para intervenir webs, blogs, etc. que considere que atentan contra la seguridad nacional; una continuidad de la Ley Mordaza de Rajoy, con el apoyo del PP, Cs y la abstención de Unidas Podemos, que empieza a sentir los riesgos de un acuerdo en minoría con el PSOE. Glorioso.

INVESTIDURA

Diario de Avisos: “Cuatro constituyentes canarios piden un pacto nacional PSOE-PP”.

Medio centenar de parlamentarios de de las Cortes de 1977-78 han firmado un manifiesto en el que alientan un gran acuerdo para “proteger la unidad de España y la constitucional mediante una mayoría sólida.

Entre estos, cuatro canarios: Jerónimo Saavedra Acevedo y Luís Fajardo Spínola, del PSOE, Alfonso Soriano Benítez de Lugo, en aquel tiempo de UCD y Jose Miguel Bravo de Laguna, también en aquel tiempo representante de la derecha.

Nuestro comentario: Esta gente sabe bien cómo se cocinó la Constitución del 78 por los 7 padres, de los cuales 1 PSOE, 1 PCE, 1 burguesía catalana y 4, herederos directos del franquismo. Todos ellos tutelados por mesa de negociación PSOE-UCD y vigilados por la monarquía y el Ejército, entre otros poderes “fácticos”.

Saben perfectamente que un auténtico proceso constituyente habría sido incontrolable para los poderes reales del país. Saben también que mantener esos poderes requiere instituciones por encima de la voluntad soberana de la ciudadanía.

Por eso piden un acuerdo PP-PSOE, frente a la propuesta de Gobierno PSOE-UP. No es que teman la coalición, controlada por la UE y su disciplina presupuestaria, sino que su fragilidad, dependiente del apoyo nacionalista pone en mayor riesgo, desde su punto de vista, el régimen del 78.

El IBEX 35, la CEOE, las grandes empresas, la Iglesia, todos, presionan en ese sentido.

ELECCIÓN “A DEDO”

La Provincia: “Reparos técnicos y políticos a la elección a dedo de los altos cargos de los cabildos”.

El Día: “El catedrático con el que se justifica el “dedazo” lo tilda de “involución caciquil”.

 

La enmienda a los presupuestos de 2020 para flexibilizar la elección de los directores insulares por parte de los cabildos y que se puedan designar a dedo tiene reparos técnicos y políticos.

El texto de la Federación Canaria de Islas, de la Fecai, tiene alguna contradicción.la propuesta, que quiere fundamentarse citando como autoridad al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, Rafael Jiménez Asensio, no tiene su apoyo. El sábado pasado, el catedrático afirmó “que la pretendida reforma es una involución caciquil”.

CC antes y el PSOE ahora, intentan regularizar el nombramiento y cese discrecional. PP, Cs y Podemos rechazan la propuesta y que se usen enmiendas al presupuesto para evitar el control del Consejo Consultivo. En el cuatripartito se oponen NC y Podemos.

CONSEJO DE GOBIERNO

La Provincia: “El Ejecutivo canario recorta la altura de acceso a la Policía Local”. “Canarias pide al Estado más control de fronteras ante el repunte de pateras”.

Canarias 7: “Canarias pide al Estado más control de fronteras”.

El Día: “Canarias, “sin los recursos suficientes” para atajar el repunte de pateras”.

 

Ayer, el Consejo de Gobierno acordó enviar al Consejo Consultivo el proyecto de decreto para modificar la talla mínima para poder concurrir a pruebas de acceso a la Policía Local.

Se reducen en 8 cm., de 1,6 a 1,52 la altura mínima de las mujeres y en 5 cm. la de los hombres, de 1,7 a 1,65.

Julio Pérez, consejero de Justicia y portavoz del Gobierno comunicó que se atiende así a recomendaciones de organismos internacionales y a PNL aprobada en el Parlamento. Se trata de adecuar la altura a las características físicas de la mayoría de la población canaria y propiciar la feminización de la Policía.

El Gobierno reconoce presiones de organizaciones sindicales para que se convoquen pruebas de acceso a Policía Local de carácter único. Consultará a la Fecai sobre modalidad de proceso selectivo.

Con respecto a la inmigración irregular, a lo largo de 2019 han llegado a Canarias unos 1.500 inmigrantes en pateras. La situación es difícil de gestionar ante la reducción de medios. Se pide al Ejecutivo estatal mayor vigilancia para evitar la salida y más recursos de alojamiento para quienes no sean expulsados.

CGPJ Y TSJC

 

La Provincia: “El Poder Judicial es incapaz de elegir al nuevo presidente del TSJC”.

Diario de Avisos: “El CGPJ rechaza la terna y vuelven a ser cinco los candidatos a presidir el TSJC”.

Ninguno de los candidatos que optan al relevo de Antonio Doreste logró los apoyos necesarios tras cuatro votaciones sucesivas. Necesitan los 3/5 de los votos del Pleno, 13 de 21.

Los candidatos son Juan Luís Lorenzo Bragado decano de los jueces de Santa Cruz, con 12 votos; Pedro Herrera, magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, 9 votos y Félix Mota Bello, sin votos. Habrá una nueva votación para elegir entre los dos primeros.

Caso de no resolverse en nueva votación, se reiniciaría el proceso.

SUPERÁVIT

La Provincia: “Canarias logró el mayor superávit del país, equivalente al 1,1 del PIB”.

Canarias 7: “El déficit del Estado baja un 20,7%”.

Las cifras son al cierre del mes de septiembre. Se reduce el superávit en 59 millones respecto al mismo mes de 2018. El excedente sobre el gasto es de 525 millones de euros, el 1,1% del PIB canario.

Solo cuatro comunidades tienen superávit: País Vasco, con 530 millones, 0,6% de su PIB; Navarra ,39 millones, el 0,18% del PIB; y Baleares, 48 millones, el 0,15%.

Nuestro comentario: Ahora parecen completamente infundadas las alarmas del verano del nuevo Gobierno, reajustando gastos y trasladando partidas, porque la decisión de rebajar el IGIC y la de reducir horario de sanitarios y profesores de Secundaria desajustaban las cuentas. Da la impresión de que Román Rodríguez quería y quiere justifica así el raquítico cumplimiento de la prioridad del pacto de las flores de luchar contra la exclusión y la pobreza.

AUMENTO DE SUELDO

La Provincia: “CSIF exige el aumento del 2% en el salario de unos 200.000 empleados públicos canarios”.

Ayer, en Las Palmas, concentración de representantes sindicales del CSIF ante la Delegación de Gobierno para reclamar que el incremento del 2% de las retribuciones de los empleados públicos prometido por Pedro Sánchez se haga por real decreto para que entre en vigor en enero.

Manuel Collado, presidente provincial del CSIF, recuerda que la subida fue pactada en 2018, pero que el Gobierno quiere retrasar su aplicación para que se haga tras la formación de nuevo Ejecutivo, después de la investidura.

CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGO DE INUNDACIONES

Diario de Avisos: “Tenerife incorpora un sistema de alerta para proteger de inundaciones a la población”.

El Cabildo promueve un plan pionero para crear un sistema de alerta ante el riesgo de inundaciones, que entrará en funcionamiento en el segundo semestre de 2020 y permitirá disminuir el peligro para la población. Se trata de prevenir fenómenos como el del Delta, el 27 de noviembre de 2005, una cola de huracán tropical, que causó inundaciones que afectaron, sobre todo, a Santa Cruz. Es posible que el cambio climático dé lugar a la repetición de este tipo de fenómenos.

El plan consta de un sistema de alerta temprana para conocer el estado de los barrancos durante una tormenta, más la información de los observatorios y estaciones meteorológicas junto a las previsiones de evolución para tomar medidas en caso de riesgo.

CASO LAS TERESITAS

El Día: “Educación paga en 14 años 50 millones por el alquiler del edificio de Plasencia”.

Se trata de uno de los dos edificios propiedad de Antonio Plasencia que han sido embargados para garantizar el pago de la deuda por la compraventa fraudulenta del frente de playa de Las Teresitas a la sociedad Inversiones Las Teresitas, sociedad propiedad de Antonio Plasencia e Ignacio González.

El Ayuntamiento de Santa Cruz pidió el embargo al considerar que Carlacand sociedad propietaria del edificio es propiedad de Punta Larga y que Inversiones Las Teresitas lo es también. Es un entramado societario para eludir el pago de la deuda.

La consejería de Educación ha estado pagando por el alquiler del edificio desde 2005, 300.000/mes. Carlacand ha percibido en este tiempo 50,4 millones, que más que el precio del edificio.

El Gobierno canario, que considera que el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene derecho a garantizarse el pago de la deuda, mantiene la opción de compra del edificio.

Nuestro comentario: Breve: Colusión entre CC y empresarios para asociación y garantía de beneficios mutuos.

CASO GRÚAS

Diario de Avisos: “Anticorrupción pide ampliar cargos contra Clavijo en el caso Grúas”.

La Fiscalía Anticorrupción reclama que se incluya el delito continuado de prevaricación. Solicita ampliación de la exposición motivada que el Juzgado de Instrucción nº 2 de La Laguna envió al Tribunal Supremo para que se haga cargo del caso Grúas.

La decisión está motivada porque Fernando Clavijo, actualmente senador ha solicitado beneficiarse del privilegio de aforamiento de los miembros del Senado y que sea el Tribunal Supremo el que lo juzgue.

El escrito de la Fiscalía, del 22 de octubre sostiene que la exposición tiene serias carencias y que no recoge actuaciones recientes, posteriores a su remisión al TS.

Son cuatro:

El Ayuntamiento tenía que haber rescatado la concesión por incumplimientos graves de las condiciones del pliego de contratación y condiciones del servicio.

El préstamo de 120.000 para que la empresa pagase deudas con los trabajadores y la Seguridad Social, no podía hacerse. El Ayuntamiento no tiene facultad para actuar como entidad bancaria. Tenía que haber rescindido.

Se hizo posteriormente la renovación de la concesión por cinco años.

La compraventa de Grúas Poli, transferida a 7 trabajadores-empresarios, se hizo sin notificar al Ayuntamiento.

Selección y notas:

Domingo Méndez Rodríguez