Roberto Gil-Hernández, consejro insular de Podemos encargado de formular esta pregunta en el pleno insular del próximo viernes, explica que desde que su grupo político insular se personó como acusación popular en esta causa “hemos detectado varias rarezas legales en torno a la investigación administrativa, política y judicial de esta estafa que trascendió públicamente en octubre de 2014”; rarezas, añade, “que dejan entrever un trato de favor o exceso de benevolencia hacia el protagonista de este manejo irregular de una ingente cantidad de fondos públicos que, para más inri, iban destinados a uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad

La judicatura se trata muy bien a sí misma