El sindicato de periodistas y Claudina Morales coinciden en la necesidad de ofrecer formación específica a medios y a la Facultad de Comunicación
Demócrata, según la Real Academia de La Lengua, es aquella persona partidaria de la democracia. Y democracia, en ese mismo diccionario, en una de sus acepciones, es definida como “la participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones”.
A nadie se le escapa que las mujeres han tenido un papel fundamental a lo largo de la historia, a veces silenciada por los propios hombres y por la cultura dominante. Su papel en la sociedad iba más allá de ser recolectoras, campesinas, madres o sirvientas del hogar, para en muy pocas ocasiones trasgredir su rol de género, el rol que su sociedad les inculcaba desde muy pequeñas, para ser tan poderosas o importantes como los hombres.
Hace tiempo un amigo me comentó algo a lo que no suelo hacer mucho caso, asunto del nuevo orden mundial y el interés de las élites en enfrentar a hombres y mujeres y separarnos de mil maneras posibles, para controlar así la natalidad desbordada y la posible falta de recursos en el planeta, entre otras cosas.
El colectivo juvenil Mahay, vinculado a UGT Canarias, impartió este fin de semana un curso destinado a jóvenes para formarlos sobre el sindicalismo inclusivo desde la perspectiva de género. El curso se desarrolló en Tenerife, al que asistieron 16 personas.
Ese Pacto de Estado no es más que una repetición de las normas que se contienen en la susodicha Ley de Violencia. A pesar de la enorme extensión de tal documento: 270 páginas y 200 medidas, el contenido no va más a allá de repetir que se procederá a la protección de las víctimas con una serie de actuaciones en materia de asistencia social, educación y sanidad, que ya ocupan más de la mitad del redactado de la Ley de 28 de diciembre de 2004, y cuya implantación en doce años ha sido nula.
La consejera de Podemos Paqui Rivero recuerda que las últimas modificaciones del ordenamiento jurídico español han incorporado previsiones de gran relevancia que consideran legalmente a los hijos e hijas menores de las mujeres que sufren violencia de género “como víctimas directas de violencia y, en consecuencia, la norma impone al poder judicial la obligación de adoptar las correspondientes medidas civiles en relación a este principio”.
