Los casos “puntuales” de corrupción que siguen aflorando en el PP a nivel estatal están eclipsando “lo nuestro”, como decía aquél eslogan electoral de Coalición Canaria, aunque el ruido mediático en torno a la “Ley del Suelo” de Clavijo, el del “Caso Corredor”, va en aumento conforme los trámites la van acercando a la recta final.

Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, denuncia que el “Ayuntamiento tiene que derribar sí o sí el Mamotreto de Las Teresitas, ya que, según el último informe de los servicios jurídicos sobre la cuestión, fechado el pasado día 10, si tratara de legalizarlo, después de la sentencia firme, podría incurrirse en la comisión de un delito de prevaricación urbanística”. El edil de IUC afirma que “el alcalde se equivoca cuando dice que podría prevaricar si ordenara el derribo del Mamotreto. Es al revés, podría prevaricar si preservara alguna parte de ese edificio”.

La candidata al Parlamento autonómico, Noemí Santana, asegura que la ley nace con el propósito de levantar la moratoria antes de que acabe la legislatura para seguir con el modelo del cemento.

José Manuel Corrales afirma que en la Gerencia de Urbanismo siguen los chanchullos y que los frentes judiciales se multiplican

Escucho a Heligio Hernández decir que lo el Mamotreto no pasó de ser una caso de error administrativo, sin consecuencia penal alguna. No discutiré de leyes con el letrado. Pero sí que hablaré de sentido común. Todos los testimonios demuestran que Zerolo y su gang levantaron ese edificio ocntra la opinión de técnicos, interventores y pueblo. Con un coste de 10 millones de euros.