Manifiesto por el futuro de España

Nueva etapa para España

1.Desde la aplicación de la Constitución de 1978, España ha vivido importantes transformaciones de todo orden: se ha modernizado la sociedad, se ha consolidado la democracia, han sido reconocidas las regiones políticas, se ha producido el despegue económico y, recientemente, se ha acabado el terrorismo.
2. Hoy vivimos una crisis global. Se pone en cuestión elementos centrales de nuestra convivencia, tales como el estado de bienestar, la Monarquía, el sistema de partidos, el funcionamiento de las instituciones públicas y el comportamiento de numerosas entidades privadas. 
3. Se inicia una nueva etapa y, como ciudadanos libres que somos, deseamos participar en la construcción democrática del futuro común.

Los valores republicanos en la democracia avanzada

1. Proponemos alcanzar una democracia avanzada, en la que los valores de libertad, justicia, igualdad y participación sean plenamente efectivos. Muy en especial propugnamos la igualdad real entre mujeres y hombres y la consolidación y progreso de los avances sociales. Se articulará la más amplia protección y desarrollo de los derechos fundamentales.
2. La educación debe considerarse prioritaria en las políticas públicas. Equilibra las desigualdades de nacimiento, contribuye a que los ciudadanos desarrollen plenamente sus capacidades y a que se impliquen en el bienestar de la sociedad. 
3. Abogamos porque España se convierta en República, de manera que cualquier ciudadano pueda ser elegido como Jefe del Estado y todos participemos, directa o indirectamente, en su designación.

La vida política

1. Los poderes públicos mantendrán su independencia ante las fuerzas económicas, religiosas, mediáticas y de toda clase, y ejercerán sobre ellas el legítimo poder democrático que ostentan si tales fuerzas pretendieran anteponer sus intereses al bien general. 
2. Es esencial la participación amplia de los ciudadanos en la política. A tal fin los partidos serán cauce eficaz y para ello se les exigirá un funcionamiento auténticamente democrático. Por otro lado, las organizaciones políticas deben contar con la garantía de una adecuada financiación que contribuya a eliminar la corrupción. El asociacionismo de toda clase debe ser propiciado como forma de contribución a lo público. 
3. Es necesario articular un sistema electoral con elecciones primarias dentro de los partidos, listas abiertas y limitación de mandatos, y propiciar que los órganos políticos sean reflejo fiel de la diversidad de los electores.
4. Es preciso que la discusión política sea clara y que las diferentes posiciones se expongan con nitidez, de manera que los ciudadanos podamos formar criterios bien fundados. En este sentido, los medios de comunicación son decisivos, lo que justifica la existencia de una televisión y una radio públicas, con respeto a la independencia de los profesionales y a los valores de la democracia avanzada. Con el mismo fin, se asegurará la diversidad de la propiedad de los medios privados.

Sociedad laica

1. Propugnamos una sociedad española plenamente laica en la que la religión sea un asunto individual. Los poderes públicos garantizarán la libertad religiosa en su diversidad y no intervendrán en las convicciones de cada cual. Las confesiones religiosas no impondrán a todos los ciudadanos sus normas y creencias. 
2. En los lugares públicos no deben figurar símbolos religiosos, ni celebrarse actividades de culto. Las autoridades políticas, en cuanto tales, se abstendrán de participar en esos actos. El Estado no financiará de ningún modo las diferentes iglesias y organizaciones religiosas. 
3. Para aquellos que la deseen, la formación doctrinal religiosa debe tener lugar al margen de la escuela financiada con fondos públicos.

Economía subordinada al interés general

1. Los poderes públicos deben regular la actividad económica para así asegurar que la riqueza del país tenga una justa distribución y que esté subordinada al interés general, de forma que se impida que las actividades de algunos perjudiquen a la colectividad. Una adecuada política fiscal hará posible la justa redistribución de la renta y el mantenimiento de servicios públicos esenciales. 
2. Todos tenemos el derecho y el deber de participar en la actividad económica. Los poderes públicos situarán el objetivo de empleo para todos como prioridad de la política económica. 
3. El Estado debe intervenir como agente económico, actuando con eficacia social, sosteniendo un sector público que garantice la prestación de servicios básicos e impulsando sectores estratégicos para el país. 
4. También el Estado asegurará la protección de la ciudadanía frente a los abusos de los poderes económicos, ya se trate de entidades financieras o de cualquier otro tipo de empresas.

Respeto por la naturaleza

1. El uso de los recursos naturales será sostenible, racional y austero. Se debe reducir al máximo el consumo de recursos no renovables y propiciar el desarrollo de alternativas, especialmente en el ámbito energético. 
2.Los recursos naturales básicos, como el suelo, el agua y el aire, serán siempre regulados por los poderes públicos, por cuanto forman parte del patrimonio común de toda la ciudadanía.

España en Europa y Europa en el Mundo 

1. La articulación de España en Comunidades Autónomas ha sido positiva. No obstante, hay que garantizar a toda la ciudadanía un trato igual en los derechos y deberes, la educación, la sanidad, la seguridad social y la fiscalidad. No puede haber privilegios para ninguna de las Comunidades.
2. La mundialización de numerosos ámbitos obliga al fortalecimiento de instituciones políticas supranacionales con el fin de que prevalezca la voluntad ciudadana sobre los intereses económicos de las minorías. 
3. El primer paso en este sentido es Europa, que debe avanzar en su configuración política y en su funcionamiento democrático, impulsando la ciudadanía europea y la formulación de políticas económicas y fiscales comunes. 
4. Europa debe participar con voz única en los ámbitos internacionales, en los que tiene que defender la cooperación internacional y la supremacía del poder político.