He estado dando la tabarra con una denuncia contra varias eléctricas españolas, pero sólo cuatro colectivos vamos de momento firmándola, una pena, siendo tan grave lo que se denuncia en ella. La denuncia se presenta el viernes y justo hoy se ha sabido que Bolivia ha expropiado a la filial de Red Eléctrica Española, casi similar a lo de Repsol.

 http://www.elmundo.es/america/2012/05/01/noticias/1335887195.html

 Muy oportuno, seguro que el viernes dirán que nuestra denuncia es antiespañola, por ir contra dos eléctricas, pero nosotros la cosa es que vamos a favor de las familias españolas, entonces... ¿en qué quedamos?

 En fin, la cosa es que aún están a tiempo de apoyar la denuncia, justo ahora, es la hora de los valientes.

Aquí paso dos fragmentos, el quinto capítulo y la parte final con las peticiones, para que se hagan una idea de por donde va la cosa.

Espero que se lo piensen y se sumen, cuantos más seamos más fuerza tendrá el asunto,

 Saludos afectuosos,

 Eloy Cuadra

 QUINTO

Algunas consideraciones sobre las eléctricas

 Vistos los casos que hemos visto, sólo podremos evaluar la verdadera gravedad de los mismos si nos situamos en el contexto de las eléctricas, en España, hoy. Pues habrá quien pueda pensar que en tiempos de crisis general también las eléctricas estén pasando su respectiva crisis, y se vean por ello obligadas a presionar a los consumidores con los pagos aún cuando parece que en el intento incumplen la normativa. Pero la realidad, por suerte para ellas, no es esa.

Iberdrola por ejemplo, en los dos años más duros de la crisis en España, hasta ahora, casi calcó los beneficios con 2870 millones de euros de superavit en 2010 y 2804 en 2011. Y no le fue a la zaga la compañía Endesa, con 4129 millones de euros de beneficios en 2010, un 20,4 % más que el año anterior, y 2212 millones en 2011.

 Ajenas pues a la crisis que padecemos los ciudadanos (Gas Natural también obtuvo beneficios, aunque algo menores: 1325 millones de euros en 2011), las eléctricas tampoco parecen aplicar una política de facturación muy seria, a tenor de lo que ya hemos comentado en relación a la facturación estimada, algo que también denunció no hace mucho FACUA.

Lo vemos en la propia web de FACUA, donde se puede leer:[1]

 FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a las principales comercializadoras eléctricas ante las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas por cobrar a los usuarios consumos no realizados en las facturas con lecturas estimadas.

FACUA ha pedido las administraciones de Consumo que expedienten a las comercializadoras de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.On e Hidrocantábrico por el cobro de servicios no prestados a los usuarios, algo que se produce al facturar mensualmente leyendo los contadores cada dos meses. (…)

En sus denuncias, la asociación argumenta que este cobro de consumos no realizados supone una práctica abusiva, y por tanto prohibida y sancionable, según lo establecido tanto en las normativas autonómicas de protección a los consumidores como en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Así, FACUA señala que las eléctricas vulneran, entre otros, el artículo 87.6 de la citada norma, que plantea como abusivas "las estipulaciones que impongan (...) el abono de cantidades o servicios no prestados efectivamente".

FACUA ha presentado estas denuncias ante las administraciones de Consumo de dieciséis comunidades autónomas después de que la Comunidad de Madrid anunciase el pasado 25 de marzo un expediente sancionador de 3,87 millones de euros a tres eléctricas por los mismos motivos.

 Una conducta irregular, a la vista de lo que denuncia FACUA, hecho que viene a reforzar el objeto de nuestra denuncia. Pero es que además llueve sobre mojado con las eléctricas en España, donde pagamos la luz más cara de la Europa continental solo por detrás de Malta y Chipre, habiendo subido la factura más de un 60 % en los últimos cinco años, algo que también nos explican en FACUA cuando afirman:

 FACUA considera necesario que el Gobierno emprenda medidas para evitar que los usuarios españoles sigamos pagando las tarifas eléctricas más elevadas de la Unión Europa, sólo por detrás de las de las islas de Malta y Chipre.[2]

 En abril de 2007, el usuario medio pagaba 48,59 euros al mes (impuestos incluidos) por el recibo de la luz. Hasta el pasado 31 de marzo abonaba 73,99 euros, un 52,3% más (un 49,7% si no se tiene en cuenta la subida del IVA), según un análisis de FACUA-Consumidores en Acción.

Y si la subida de abril representase exactamente el 7% anunciado por el Gobierno, pasando el usuario medio a pagar 79,17 euros al mes, el incremento acumulado en 5 años alcanzará nada menos que el 62,9% (60,2% si no se incluye el incremento del IVA de julio de 2010). [3]

 Y todos estos datos, aclaramos, son datos relativos a España que hemos de contextualizar aún más en la realidad particular que vivimos en Canarias, con la cesta de la compra más cara, los índices de paro más altos y una pobreza que alcanza ya a más de la tercera parte de la población, con más de 100.000 personas que ya no cobran ninguna prestación, y con una PCI (Prestación Canaria de Inserción) que apenas alcanza al 1% de las personas que deberían recibirla.

 Pero es que aún hay más, porque un estudio del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa encargado por el Ministerio de Trabajo en el que se analizaba la actividad de las 35 empresas del IBEX durante el año 2010, nos muestra unos datos nada positivos de las eléctricas.[4]

A modo de muestra, de Endesa, en las páginas 354 y 355 afirma el estudio que “No se aportan explicaciones sobre el acusado descenso en la plantilla de España y Portugal durante el periodo, 1359 empleos menos, lo que supone un descenso del 10% respecto a los puestos de trabajo que mantenía la compañía a 31 de diciembre de 2009. Todo ello en un ejercicio donde ENDESA ha obtenido un beneficio en España y Portugal de 3.505 millones de €, mejorando en un 20% el resultado del 2009.”

En cuanto a los impuestos tampoco sale Endesa muy bien parada, y el informe alerta de “la relevante presencia de ENDESA en paraísos fiscales y la poca transparencia que se da a las operaciones que se desarrollan desde estas filiales,”. Y lo deja aún más claro un párrafo más adelante, cuando afirma que “ENDESA no informa sobre ningún tipo de política sobre su presencia en paraísos fiscales, en el sentido de si está en un proceso de reducción de su presencia en los mismos o cuáles son los criterios y directrices que tiene establecidos al respecto. Sorprende que una empresa como ENDESA que manifiesta públicamente su compromiso con las sociedades donde opera, e incluso con las futuras generaciones, no clarifique su política sobre el uso de ingeniería fiscal como ventaja competitiva utilizando el dumping fiscal que suponen los paraísos fiscales. Conviene recordar que el uso de los paraísos fiscales para eludir pagar impuestos en los países donde se opera puede que no se ilegal en la actualidad, pero es una profunda irresponsabilidad social, un agujero negro para transparencia, el buen gobierno y la lucha contra la corrupción, y un impedimento para el desarrollo sostenible de muchos países y sus sociedades.”

Y más de lo mismo en su política medioambiental, de la que se comenta en las páginas siguientes que “Resulta desconcertante que una empresa que se atribuye constantemente el liderazgo en cuestiones ambientales y de cambio climático, así como en tecnología e innovación para reducir emisiones, no fuese consciente de que con el tipo de MDL en los que estaba invirtiendo, no estaba aportando en absoluto a evitar las emisiones dañinas, sino más bien todo lo contrario,…”

 El mismo estudio también nos habla de Iberdrola y tampoco precisamente bien, pues en la página 401 se dice de ella que “tiene presencia a través de filiales y/o participadas en los siguientes paraísos fiscales: Islas Cayman, Isla de Man, República de Chipre, Irlanda y Dubai.” Y aunque Iberdrola intenta excusarse cuando argumenta varias páginas más adelante que “las operaciones realizadas en estas empresas se llevan a cabo de acuerdo con la normati­va aplicable, y en ningún caso realizan actividad de evasión fiscal, blanqueo de capitales, ni financiación de actividades ilícitas”., el informe critica y no ve claro que Iberdrola no de información ninguna de “otras empresas en lugares considerados como paraísos o nichos fiscales, por su normativa fiscal, como son Dornoch International Insurance Limited en Irlanda, e Iberdrola Engineering and Construction Middle East Lid en Dubai que sí aparecen como empresas participadas de IBERDROLA en el documento Cuentas Consolidadas 2010.”

Por último, del informe, interesante en lo que nos ocupa es un párrafo de la página 410 en el que se hace mención a las infracciones y reclamaciones interpuestas contra la compañía, y la propia Iberdrola admite infracciones en materia de comunicaciones y otras cuestiones, luego, parece que no vamos muy desencaminados con nuestra denuncia. Pero veamos, veamos lo que dice ese párrafo:

 Aunque IBERDROLA señala que no tiene constancia de reclamaciones en materia de seguridad y salud durante el ejercicio 2010, sí se señalan infracciones por incumplimiento de legalidad en caso de comuni­caciones, por fuga de datos personales, en relación al suministro y uso de productos, aunque sin aportar, de nuevo, esta información por países. Dado el número de infracciones en distintos ámbitos sería deseable mayor detalle en este campo.

 Y la cosa no queda en Endesa e Iberdrola, también otras eléctricas y no eléctricas españolas tienen filiales en paraísos fiscales, pero entendemos que basta con esta muestra, pues de seguir haríamos interminable el texto.

 Por último, acabando ya con este capítulo de las eléctricas, tan sólo una pequeña mención a la realidad española en lo que a renovables se refiere, mención importante si queremos hacernos una mejor idea del poder real que las eléctricas tienen en nuestro país. Así las cosas, si lo que pretendemos es salir de las eléctricas y autoabastecernos con energías renovables autoproducidas, el asunto es que en España a diferencia de en otros países el marco legal existente no lo pone nada fácil, obligando a las familias a pasar por una maraña burocrática de largo recorrido y futuro incierto, debiendo también pagar avales y otras garantías adicionales, haciendo que un aerogenerador de electricidad de un metro de diámetro en el tejado de un particular cuente y pague igual que un molino de 100 metros de altura propiedad de una eléctrica en lo alto de una montaña. Algo que no ocurre en Alemania, ni en Holanda, ni en Portugal, ni en otros países de la Unión Europea, ni en los Estados Unidos, cuna del capitalismo más ultraliberal, donde las familias pueden autoabastecerse de electricidad limpia e incluso vender a la red general, y sí sucede sin embargo en España, siendo como somos, y en especial Canarias, la tierra con más horas de viento y sol de Europa. Ni hablamos ya del último Decreto del Gobierno que deja de primar a las renovables. En definitiva, el mundo al revés o somos demasiado tontos en este país.

 Dicho todo esto, creemos que está sobradamente justificada la presentación de esta denuncia a tantas instituciones como sean necesarias, en la esperanza de que con ella podamos poner coto a la aparente impunidad con la que cuentan las eléctricas en España, y en especial en Canarias.

 Llegado a este punto,

 Teniendo como tiene el Gobierno de Canarias según el artículo 98 del Real Decreto 1955/2000 asignadas las competencias en materia de reclamaciones por suministro eléctrico, respetuosamente le pedimos:

 I.- Que tenga por presentado este escrito y abra expediente por lo que se denuncia con el fin de sancionar las irregularidades expresadas en relación al corte de suministro y el cobro excesivo o no ajustado al consumo real, si finalmente se demuestran probadas, como así parece ser.

II.- Que extienda la fiscalización más allá de los casos aportados, a toda la Comunidad Autónoma, por si pudiera resultar conducta generalizada en Canarias por Iberdrola y Endesa los cortes de suministro y/o la facturación en las condiciones que hemos denunciado en este escrito, estableciendo garantías para que no vuelvan a producirse conductas de este tipo en el futuro.

III.- Que eleve informes al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de la Energía, solicitando una regulación especial de la Ley con la que se garantice el acceso a la energía eléctrica de familias en situación de exclusión, a un coste y con unas condiciones más favorables que las que contempla el actual Bono Social promulgado por el Gobierno.

IV.- Que de publicidad inmediata con los medios de que dispone el Gobierno Autónomo (Gabinete de Prensa, Portavoz del Gobierno, Radio Televisión Canaria) a los derechos que asisten a los usuarios eléctricos en Canarias, para que la ciudadanía sepa a qué atenerse y no se sigan produciendo cortes de suministro o cobros excesivos como los denunciados en este escrito.

 En otro orden de prioridades:

 VI.- Que dada la situación privilegiada que tiene Canarias en cuestiones de aprovechamiento de las energías renovables, eleve informes y presione con cuantos medios tenga a su alcance para que el Real Decreto “por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de la modalidad de suministro de energía eléctrica con Balance Neto” en el que actualmente trabaja el Gobierno Central, recoja la posibilidad real de que colectivos y particulares puedan producir energía eléctrica de uso doméstico con las renovables en unas condiciones medianamente viables.

 Por último, teniendo como tiene también el Gobierno de Canarias transferidas las competencias en materia de Servicios Sociales y Menores:

 VII.- Que atienda la situación de acentuada crisis económica y empobrecimiento general de la población que sufre Canarias y establezca las garantías adicionales que sean necesarias para que familias con ingresos mínimos, con niños menores, con enfermos, con ancianos o con dependientes no se vean privadas del suministro eléctrico por impago (remitir petición a la Consejería competente).

 Y por supuesto:

 VIII.- Que se sirva contestar en tiempo y forma a este escrito, tal como establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 En Santa Cruz de Tenerife, un 4 de mayo de 2012,