No hay justificación para los argumentos del Gobierno de Canarias, como “no hay dinero”, “intentamos amortiguar el impacto de los recortes” o “estamos ante normativas de obligado cumplimiento”

  STEC-IC afirma que la educación pública en Canarias corre peligro. No es un alarmismo, sino que es para alarmarse, puesto que a los recortes salvajes practicados en los últimos años, se les unen otros nuevos, y si no lo paramos, les seguirán aún más.

 No hay condiciones para impartir enseñanzas con calidad; (ratios elevadas, reducción de plantillas, incremento del horario lectivo, desaparición de programas educativos de mejoras, insuficiente cobertura de las bajas del profesorado …) no se prestan servicios esenciales gratuitos a todo el alumnado (acogida temprana, refuerzos educativos, gratuidad de los libros de textos, atención a la diversidad, comedor…); no existen recursos suficientes en los centros educativos; se empeoran las condiciones laborales del profesorado (movilidad y traslados forzosos de docentes, reducción drástica de los salarios, eliminación de la paga de navidad, sobrecarga de las tareas burocráticas…), no hay oferta, o es insuficiente, en determinadas etapas educativas (plazas para niños de 0 a 3 años, insuficiente oferta presencial en Formación Profesional, oferta idiomática diversificada, educación especial…).

 A esta situación hay que añadirle la contrarreforma educativa del PP -la LOMCE- que apuesta por la privatización y por una educación segregadora, elitista y adoctrinadora, un anteproyecto de PGE para el 2013 que vuelve a cargar contra los sueldos y las condiciones laborales del profesorado y trae nuevos recortes para la educación pública. Para rematar, se endurecen las condiciones de incapacidad laboral, ya que el profesorado no tendrá derecho a enfermar: los tres primeros días de baja sólo cobrarán el 50% del salario y a partir del cuarto día, el 75%.

 Destacar la indefensión del profesorado ante cambios normativos sin evaluar previamente las debilidades y fortalezas de las leyes que se cambian, sin contar con el consenso político y social que le de soporte y rigor a la labor docente.

 El Gobierno de Canarias tiene transferidas las competencias y es responsable de nuestra EDUCACIÓN Pública. El PP en Madrid viene aprobando sistemáticamente normativas muy lesivas para el alumnado y profesorado. Sin embargo, este Gobierno, que se queja con la boca chiquita, no se decide a no plantarse; no se rebela, sino que continúa practicando recortes, actuando como el medianero de la finca del PP. Justifica el desmantelamiento de la educación pública por “falta de dinero”, o por ser “normativas de obligado cumplimiento”, afirmando que procuran amortiguar el impacto de las medidas del PP en Canarias. La realidad es que el sistema educativo en Canarias está al borde del colapso.

 El Gobierno de Canarias no sólo se convierte, de hecho, en cómplice de la política de desmantelamiento de la educación pública canaria, sino que trunca el debate democrático en el Parlamento sobre una Ley Canaria de Educación, al rechazar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) firmada por más de 36.OOO ciudadanos, enviando la ILP a la papelera, despreciando la voluntad popular, en lugar de apoyarse en las instituciones en la ciudadanía e instituciones canarias: Ampas, Cabildos, Sindicatos y plantarse ante Madrid en defensa del interés general.

 Frente a esta insostenible situación, el STEC-IC llama a la a la unidad de toda la Sociedad Canaria para resistir.