Los trabajadores sociales denuncian que la ley de administraciones locales pone en peligro los Servicios Sociales

Los colegios profesionales de Canarias piden a las instituciones públicas insulares que rechacen esta reforma

Los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Canarias queremos manifestar nuestro rechazo al Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que promueve el gobierno del Estado. Consideramos que si las Cortes Generales aprueban este proyecto tal y como lo está planteando el ejecutivo del PP, se producirá uno de los mayores ataques que ha recibido el sistema público de servicios sociales.

Con esta reforma se pretende reducir a la mínima expresión los servicios municipales en los municipios de menos de 20.000 habitantes, donde se plantea suprimir las guarderías, la  ayuda a domicilio, las pequeñas residencias para mayores y la atención a las personas con discapacidad discapacitados. En Canarias las consecuencias serían más graves que en otras comunidades autónomas porque se verían afectados 61 de los 88 municipios de la isla, casi el 70% de los municipios que aglutina una población de más de 430 mil personas.

Por eso los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Canarias hacemos un llamamiento a todas las instituciones de las islas para que muestren su rechazo a esta nueva ley que  con el nombre de  “racionalización y sostenibilidad de la administración” lo que en realidad plantea es un desmantelamiento del sistema público de Servicios Sociales bajo criterios principalmente economicistas, auténtico eje del Estado Social y de Derecho recogido en la constitución española de 1978.

Los trabajadores sociales denunciamos que esta ley responde en realidad a las políticas neoliberales que está imponiendo la Troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y la Comisión Europea), un organismo que no ha sido elegido por los ciudadanos y que, sin embargo, plantea unas políticas que contradicen incluso el programa electoral del Partido Popular que sí fue respaldado por la ciudadanía.

En el 2011 en Canarias fueron atendidas por los SS.SS. municipales más de 720.000 demandas a través de los  2.300 profesionales que dentro de este ámbito trabajan en los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma. El anteproyecto legislativo plantea que la prestación de los Servicios Sociales sean gestionados por las comunidades autónomas, y los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tendrán como única competencia en la intervención social la “valoración, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. Esto significa alejar a los ciudadanos más débiles de las instituciones más cercanas: los ayuntamientos y los cabildos.

También supone el desprecio de un rol profesional como el del Trabajo Social que ha costado establecer lustros de mucho esfuerzo y que gracias a nuestra labor profesional, la intervención social y la atención primaria de los servicios sociales que ha formado parte activa del desarrollo de los servicios para la atención de los ciudadanos en los municipios hemos promovido, desde hace décadas y por otro lado, desatender o en el mejor de los casos, privatizar aquellos servicios que las comunidades autónomas no puedan atender por falta de recursos. Desde los Colegios Profesionales se hará todo lo que esté en nuestra mano para seguir defendiendo  el acceso a unos Servicios Sociales universales, públicos y cercanos.