La oposición lagunera denuncia varias irregularidades urbanísticas vinculadas con el PGO

Este lunes el portavoz del Comité Local de Sí se puede en La Laguna, Rubens Ascanio, y el concejal de Socialistas por Tenerife-Equo, Nacho Viciana, expusieron en rueda de prensa lo que consideran claras irregularidades urbanísticas que han podido constatar en las fases de exposición pública del nuevo documento urbanístico.

El portavoz de Sí se puede expuso sus dudas con respecto al Plan Parcial La Rúa, una gran unidad de actuación prevista en la trasera de la comisaría de la Policía Nacional, en las inmediaciones de San Roque. Ascanio se refirió a que la denuncia, facilitada por los propios vecinos de la zona, data del 2007, fecha en la que el portavoz del PSOE en La Laguna, Javier Abreu, promovió una reunión urgente de la Comisión de Urbanismo al detectarse el intento de compra por parte de un familiar de un concejal de CC de suelos que estaban previstos, desde la época del alcalde Pedro González, para un gran parque urbano, siendo esa su situación actual. “Según el portavoz del PSOE en 2007, estos terrenos, trataron de ser comprados a un coste de unos 90 euros el metro cuadrado usando como intermediario al hermano del concejal de CC, Antonio Pérez-Godiño”, explica.

Ascanio indica que el propio hermano del edil de Coalición Canaria reconoció que había hecho propuestas de compra en nombre de una promotora urbanística, en un artículo periodístico publicado el 2 de diciembre de 2007. “Lo que resulta chocante es que después de esta polémica, nos encontremos que más de 14.000 metros cuadrados de este parque se reconvierten en el nuevo documento en una gran unidad de actuación urbanística y que se haya dejado a los vecinos denunciantes afectados por una vía de nueva fabricación y por lo que queda de zona verde”, manifiesta.

El portavoz ecosocialista cree que este cambio dentro del PGO es difícil de explicar y que claramente el portavoz del PSOE “debería actuar con la misma diligencia que tuvo en el 2007 para aclarar este asunto”, del que recordó que los grupos municipales de izquierda han presentado alegaciones al respecto. La unidad de actuación, que según las propias fichas de la Gerencia generaría un beneficio de más de 3,7 millones de euros, cuenta además con unas vías nuevas, que la conectan con la Vía de Ronda, usando el modelo de asistemáticas 2 (A2), que implican el pago con presupuestos públicos, mientras que zonas muy cercanas, como la vieja Pista Militar o el camino Primavera, están bajo las conocidas A3, que obligan al pago del 90% de la urbanización por parte de los vecinos y vecinas mediante tributos especiales.

Rubens Ascanio dice que este proceso no es único, ya que han recopilado una serie de documentos similares en otras zonas del municipio como la AUH El Cubanito, que implica la desaparición de las instalaciones de la ciudad deportiva del Tenerife, que costaron más de 6 millones de euros a toda la ciudadanía tinerfeña. Igualmente señalaron que la AUH de Las Palomas, en San Matías, es otro caso que la propia COTMAC ha cuestionado, como una urbanización difícil de explicar y que afecta a un interesante entorno de cardonal-tabaibal.

El edil de SxTF-Equo, Nacho Viciana, cree que convertir el PGO en “una especie de tarta que repartir es un error, especialmente cuando hay multitud de infraestructuras que recaen sobre los vecinos y vecinas”. Con respecto a la AUH de La Rúa, el portavoz municipal opina que “el PSOE debe actuar rápido, no pueden callarse ya que han votado al favor de este documento”.

Viciana asegura que en este momento están tratando de recopilar todos los datos referidos a las personas que pueden estar beneficiadas por estos procesos urbanísticos, aunque la ciudadanía está facilitando mucha información relevante. Expuso el caso del centro comercial que el PGO prevé en Bajamar, donde se impone una vía contraria a lo que había decidido el 97% de la ciudadanía en la fase de avance del Plan, en la que se impone un centro comercial de tres plantas que consideran que “puede agravar sensiblemente la situación de los comerciantes de esa zona”.

El portavoz de SxTF-Equo cree que este tipo de decisiones son las que justifican el creciente rechazo existente ante “un documento que la ciudadanía no comparte ni comprende”.

Ambas formaciones aseguraron que en caso de que sus alegaciones y las de las personas afectadas no sean atendidas para evitar estas operaciones que califican de especulativas, trasladarán el documento final a la Fiscalía, “ya que es su obligación política”.