Sí se puede denuncia que los datos de siniestralidad laboral en Canarias siguen siendo inadmisibles
La portavoz de Sí se puede en Tenerife, Paqui Rivero, ha reclamado este lunes medidas concretas contra la siniestralidad laboral
Sí se puede denuncia que los datos de siniestralidad laboral en Canarias siguen siendo inadmisibles
Denuncian que la nueva Ley de Mutuas supone un paso más en el proceso de privatización del sistema sanitario público
La portavoz de Sí se puede en Tenerife, Paqui Rivero, ha reclamado este lunes medidas concretas contra la siniestralidad laboral.
La portavoz de izquierdas explica que en Canarias más del 80% de las empresas son PYMES con menos de 12 trabajadores, donde no existe representación sindical y no se facilita el deber empresarial de dotar de mecanismos de participación a los trabajadores. Los datos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 18 años después de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una de cada cuatro empresas canarias sigue ajena a sus obligaciones preventivas.
Sí se puede denuncia que los datos de siniestralidad laboral en Canarias siguen siendo inadmisibles y que el descenso del número de accidentes mortales ha sido consecuencia de la caída de la actividad económica. “En la actual coyuntura de destrucción de empleo y menor actividad, las empresas reducen sus inversiones en materia preventiva”, señalan.
Para Paqui Rivero, en Canarias se hace necesario la creación de los delegados de prevención sectoriales y territoriales, estos serían una herramienta fundamental para llevar la prevención a todas esas pequeñas empresas que carecen de representación sindical. Para esto, es preciso que en la “concertación social de Canarias se tomen medidas a este respecto, y se deje de cubrir este déficit mediante propaganda institucional del gobierno”.
Desde Sí se puede entienden que la reforma laboral y de la negociación colectiva provocarán en el futuro graves consecuencias. “La precarización de las relaciones laborales, el aumento de las jornadas, las posibilidades de modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte de los empresarios, los despidos masivos…todas estas consecuencias tendrán un impacto directo en la salud psicosocial de las personas trabajadoras”, explican.
Por último queremos denunciar que el gobierno español, prepara un Real Decreto sobre la gestión de las incapacidades temporales. El proyecto, que fue aprobado el 21 de enero, abre el camino a la ley de Mutuas que llegará este año. “Esta ley supone un paso más en el proceso de privatización del sistema sanitario público, al atribuir al personal médico de las mutuas mayores competencias para que puedan dar altas médicas a los trabajadores”, apostilla.