Sí se puede SCTF confirma las irregularidades en EMMASA por subcontrataciones de servicios a empresas del grupo Sacyr

Arcila denuncia la actitud “dubitativa” del grupo de gobierno y considera que hay una oportunidad para recuperar la gestión pública del agua en Santa Cruz de Tenerife

 Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en Santa Cruz de Tenerife, ha podido confirmar este lunes la existencia de irregularidades en la subcontratación de servicios por parte de Emmasa a empresas del grupo Sacyr. Arcila tuvo la oportunidad de conocer esta información en el curso de una reunión de la Comisión del Agua del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, creada por iniciativa de la organización ecosocialista.

 Presionado por el inicio de los trámites previos a una denuncia ante los tribunales anunciada por Sí se puede el pasado 9 de noviembre, el equipo de gobierno convocó para este lunes la Comisión del Agua, en la que Arcila tuvo la oportunidad de confirmar mediante la lectura de varios expedientes que la empresa Sacyr, adjudicataria en el proceso de privatización de Emmasa, ha subcontratado servicios a empresas de su mismo grupo contraviniendo la ley y el pliego de condiciones de la privatización. Esto fue también confirmado por los técnicos asistentes a la comisión.

 Arcila pudo comprobar también otra de las informaciones suministradas por los técnicos: que algunos de los contratos irregulares de subcontratación de servicios están autorizados por el concejal del área de la anterior corporación, Norberto Plasencia. De esta manera, Plasencia habría “autorizado algo prohibido, no solo por la Ley de Contratos, sino también por el pliego” que estableció las condiciones para la privatización de Emmasa.

 De esta manera, Sí se puede ha podido constatar la existencia de “irregularidades que presumíamos y ahora se confirman”, expresó Arcila. Ante esta situación, el concejal ecosocialista instó al grupo de gobierno a que explicara cuál será su respuesta a estos hechos, exigencia que solo obtuvo como respuesta una reacción “dubitativa” del concejal del área actual, Dámaso Arteaga.

 La violación de las condiciones del contrato de privatización de Emmasa por parte de Sacyr, aparte de posibles consecuencias penales, puede significar la resolución o extinción del contrato que le permite controlar más del 90 % de las acciones de la empresa de aguas de Santa Cruz de Tenerife. Para Sacyr la anulación del contrato significaría la obligación de devolver al Ayuntamiento el total de las acciones que ahora posee, y se convertiría en “una oportunidad para recuperar la gestión pública del servicio del agua” en la capital tinerfeña, subraya el concejal ecosocialista.

 La prohibición de subcontratar servicios con empresas del mismo grupo empresarial adjudicatario de los servicios privatizados “figura claramente en los documentos de privatización de Emmasa” ha señalado Arcila. El edil destaca que esta es una norma general en casos de privatización, “a fin de evitar las situaciones de fraude resultantes de incrementar artificialmente las facturaciones, beneficiando así al grupo empresarial propio y dañando la sostenibilidad del servicio público”.

 Sí se puede anunció el 9 de noviembre su decisión de llevar a los tribunales al Ayuntamiento capitalino por presumir que la corporación está permitiendo a Emmasa cometer un fraude que debilita económicamente al servicio de aguas. La organización ecosocialista inició ese día los trámites previos a la denuncia, al presentar un requerimiento de la información solicitada ya en dos ocasiones y con la advertencia de que, de no entregarse, presentaría la denuncia en los tribunales.

 La denuncia de Sí se puede se sostiene en la resistencia del equipo de gobierno a entregar documentación relativa a las empresas que han subcontratado servicios con Emmasa. Esta ocultación fue también visible en el curso de la Comisión de Aguas de este lunes, en la que inicialmente, Arcila solo recibió información oficial sobre la cantidad de servicios subcontratados, no de las empresas adjudicatarias, aunque luego tuvo la oportunidad de revisar varios expedientes.

 Las sospechas de Sí se puede, aparte de la constancia de las irregularidades, se reafirmaban hasta ahora por la falta de transparencia y la resistencia a dar información por parte del grupo de gobierno, al que la organización ecosocialista le reclamó datos en mayo y julio pasados.

 Por otra parte, la organización ecosocialista está dispuesta a exigir que se inicie un proceso de responsabilidades políticas por permitir estas irregularidades que están poniendo en riesgo la sostenibilidad de la gestión del agua municipal.