El día 15 de junio ha sido designado desde el año 2011 por la Asamblea General de la ONU como el DIA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ, señalando con ello que existe un problema sin resolver. La OMS señala el maltrato a las personas mayores como una de las formas de violencia más ocultas y más desconocidas. El maltrato a las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto. Somos una sociedad muy envejecida, se estima que, en el conjunto del Estado español, en 2050 la población de más de 65 años será del 33,2%, de los cuales el 44% tendrán más de 80 años. Esto quiere decir que muchas personas tendrán necesidad de cuidados, no solo en sus hogares, también en residencias, lo que nos lleva a hablar también del maltrato institucional. Desde una perspectiva sanitaria y social, si los sectores de atención primaria de salud y los servicios sociales no están bien preparados para detectar y resolver el problema, el maltrato de los ancianos seguirá estando semioculto. Desgraciadamente vemos poca o nula voluntad política para acabar con una lacra que vulnera los más elementales derechos humanos; porque los derechos son para toda la vida, no caducan con la edad, aunque demasiado a menudo lo parezca, como hemos tenido oportunidad de comprobar durante la pandemia de COVID-19 con unas consecuencias trágicas e insoportables. 

        Las cifras de más de 35.000 fallecidos por Covid-19 o síntomas compatibles, consecuencia muchos de ellos de la discriminación y negación de su derecho a la salud y la asistencia son totalmente inasumibles. La fiscalía dice que “la mejor prevención del maltrato es la denuncia”. 

Más allá de la pandemia, según la OMS, las tasas de maltrato a personas mayores son altas en instituciones como residencias de ancianos y centros de atención de larga duración. También ha indicado que en los establecimientos institucionales (en las residencias), es más probable que se produzca maltrato si: 

● los niveles de la atención sanitaria, los servicios sociales y los centros asistenciales para las personas mayores no son adecuados. Existe una descoordinación sanitaria entre las residencias y el servicio de salud escandalosa, sustituyendo la asistencia sanitaria pública a que tienen derecho los residentes, como cualquier otro ciudadano, por la asistencia sanitaria privada de las residencias, lo que empeora la calidad de la atención, por la falta de medios materiales y humanos, y la alta rotación debida a la precarización de las condiciones de trabajo. Los reducidos servicios médicos de las residencias en todo caso deben ser complementarios de los públicos. Tampoco ayuda a la mejor atención el tamaño desorbitado de muchas residencias, ni la existencia mayoritaria de habitaciones de dos o más residentes. 

● el personal está mal formado y remunerado, y soporta una carga de trabajo excesiva. En las residencias prima la temporalidad en los contratos, los salarios son como mucho el SMI y las ratios de personal no están establecidas pensando en la atención a los residentes, sino en el beneficio económico de las empresas y el ahorro de las administraciones. No existe suficiente personal para atender de forma digna a las personas mayores.

● las normas favorecen más los intereses del centro institucional que los de los residentes. Cerca del 89% de las residencias en todo el Estado están en manos privadas. Las normas están establecidas pensando más en las necesidades de las empresas que prestan el servicio, que en las necesidades de las personas que justifican la existencia del mismo. Es decir, en las residencias, en general, se dan todos los requisitos para que exista maltrato en cualquiera de sus aspectos. Cuando no existe suficiente personal para atender a las personas residentes, y se les indica que hagan sus necesidades en el pañal que para eso lo llevan, se les está maltratando. Cuando tienen que ingerir la comida fría porque no hay suficiente personal para atenderles al mismo tiempo, se les está maltratando. Cuando se pasan horas y horas delante de un televisor que no oyen, viendo programas que ellos no eligen, inmovilizados en sus sillas de ruedas o hiper medicados porque no hay personal suficiente para llevarlos a dar un paseo o al jardín, se les está maltratando. Cuando debido a la falta de personal cualificado, no se garantiza ni la ingesta ni la supervisión sanitaria adecuada de la medicación pautada, se les está maltratando. Cuando los menús que se elaboran se hacen pensando más en el ahorro de la empresa que presta el servicio que en las necesidades nutricionales de las personas a quienes se presta, se les está maltratando. Cuando se les trata como si fueran niños pequeños, con condescendencia o con superioridad, por el hecho de ser mayores, se les está maltratando. Cuando se les amenaza con castigos como dejarles sin comer, cuando no se les cambia de postura a los que tienen dificultades de movilidad, cuando se les imponen horarios de comidas y de descanso, cuando no se les consulta, ni se les pide opinión sobre la regulación de su propia vida y sus actividades, se les está maltratando. Cuando se les niega el derecho a la participación y la autoorganización y no se fomenta la existencia de órganos de representación y participación, se les está maltratando... También es maltrato institucional que se tarden tres años en resolver un expediente de grado de dependencia. Por ello, implantar un Protocolo de prevención, detección y denuncia de situaciones de malos tratos a las personas usuarias y de establecimiento de medidas de promoción del buen trato; tal y como se establece en el “Acuerdo sobre Criterios Comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema  para la Autonomía y Atención a la Dependencia”, aprobado por Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en su reunión extraordinaria de 28 de junio de 2022. Este protocolo es  obligatorio para todas las residencias y debe ser comunicado tanto a las personas usuarias como a sus familias y a los profesionales de los cuidados. No es que sea toda una declaración de intenciones, es que es una confesión de culpabilidad y complicidad el no hacerlo. Cuando se ingresa en una residencia, se sigue siendo ciudadano con todos los derechos correspondientes a esa condición. Se debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los residentes, a la libertad de movimientos, a la salud, a la vida familiar, a la intimidad, a la propia imagen, a la libertad de expresión, el derecho de reunión y de asociación, el derecho a permanecer en la plaza residencial, igual que si estuviera en una vivienda particular. Hay que acabar con estas situaciones y dignificar la vida de las personas mayores que viven en residencias, garantizándoles la atención necesaria, con comidas decentes en cantidad y calidad, respetando sus deseos sobre el modo en que quieren vivir su vida, aficiones y gustos. En definitiva, con la consideración que, como seres humanos que lo han dado todo por sus conciudadanos, se merecen.

 ¡¡BASTA YA!! ¡¡NO AL MALTRATO Y EL ABUSO EN LA VEJEZ!!

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