La Sala San Borondón (C/Daute esquina Cruz de Candelaria en La Laguna) acoge este miércoles la charla coloquio “El caso Las Teresitas: ¿se hará realmente justicia?” A cargo de Cándido Quintana, Ramón Afonso y Lola Schneider.

Las Teresitas supone uno de los casos de corrupción considerados "pelotazos de libro". Las conclusiones del caso se basan en la existencia de un entramado corrupto para beneficiarse de la plusvalía de terrenos de titularidad pública, ya que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó a la empresa Inversiones Las Teresitas más de 52 millones de euros por 11 parcelas del frente de playa, una cantidad que, según la arquitecta municipal Pía Oramas, superaba en 30 millones el valor real de dicho suelo.

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife abría en septiembre el juicio oral por el caso de Las Teresitas, en el que se investiga la operación de compraventa con la que en 2001 el Ayuntamiento de la capital pagó 53 millones de euros a la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia por 11 parcelas de la playa chicharrera, 34 millones más del valor establecido por la exarquitecta municipal Pía Oramas. La Fiscalía pide para el ex alcalde de Santa Cruz Miguel  Zerolo ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación para empleo o cargo público por los delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación.

El juicio, cuya primera sesión se prevé para enero de 2016, cuenta con 13 imputados, encabezados por el Miguel Zerolo y ex cargos públicos, como el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, y los ediles Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP). Para cada uno de ellos se solicitan ocho años de cárcel y 18 de inhabilitación por los presuntos delitos de malversación y prevaricación. 

En la causa se encuentran imputados, además, los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González junto con sus hijos, Carlos Plasencia y Pedro González. Para ellos se piden siete años de prisión y nueve de inhabilitación. Pero, además, por el supuesto delito de malversación de caudales públicos, también se solicitan 17 años de inhabilitación para el ejercicio de actividades empresariales relacionadas con las actuaciones urbanísticas.

Y, por último, figuran como imputados en la causa el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín y el exsecretario de Urbanismo Víctor Reyes, a quienes se les piden 23 años y medio de inhabilitación y seis de prisión. En el último escalón aparecen el exsecretario del Ayuntamiento José Eugenio Zárate, el exinterventor municipal Antonio Messía y el exinterventor de Urbanismo José Luis Roca. Para cada uno de ellos se piden cinco años de prisión y 19 años y medio de inhabilitación.