¿Y si la corrupción es legal? - por Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria.

  Para combatir la corrupción es fundamental entender que incluye actividades completamente legales. Y que, además, es lógico que así sea: si ciertas empresas influyen sobre ciertos políticos, con la finalidad de que tomen decisiones beneficiosas para sus intereses privados, a costa del interés público, es de esperar que las leyes hechas por esos políticos amparen sus propios actos.

  Hoy es legal que las empresas financien a los partidos políticos, aunque así se reduzca la capacidad de decisión de la ciudadanía y se amplíe la capacidad de decisión de los grupos de poder económico. Esto, obviamente, va en detrimento de la democracia.

  El fundador de Transparency International, Peter Eigen, advierte que “considerar sólo corrupción la definida como tal legalmente” deja “fuera del escrutinio moral la inmensa mayoría de las actuaciones de los gobiernos”. Y es que, a fin de cuentas, “el poder público reconvertido en palanca de defensa de intereses privativos es un poder utilizado de forma corrupta”.

  Así, por ejemplo, sin la capacidad de los grupos de poder económico de capturar decisiones de las instituciones públicas, sería inexplicable esa economía del cemento que tanta responsabilidad tiene en la crisis actual. La borrachera de infraestructuras habida en nuestro país sería incomprensible sin la trinidad que integran el déficit democrático, la corrupción legal y la corrupción ilegal.

  Seguramente es una tarea imposible saber cuánto dinero han entregado las empresas a los partidos políticos, legal e ilegalmente, y hasta qué punto así han condicionado la política de infraestructuras públicas de España. El caso Bárcenas nos muestra que, sólo entre 2001 y 2012, el Partido Popular recibió donaciones millonarias de constructoras a las que sus gobiernos adjudicaron obras por un importe de 12.281 millones de euros, pese a la prohibición de recibir aportaciones de empresas que estuvieran trabajando para alguna administración.

  Hay que preguntarse si España habría invertido el 1.7% de su PIB en la construcción de infraestructuras de transporte, en 2009, sin la interferencia del poder del dinero en la política. Porque Alemania invirtió el 0.69% de su PIB, Estados Unidos el 0.54% y Francia el 0.25%.

  ¿Por qué España es el segundo país del mundo con más kilómetros de trenes de alta velocidad después de China? Los trenes de alta velocidad de Alemania y Francia desplazan casi 60.000 viajeros anuales por cada kilómetro de vía, pero en España sólo mueven 10.000 pasajeros al año. No es casualidad que, por ejemplo, en la línea del AVE entre Madrid y Barcelona, el usuario sólo abone el 33% del precio real del trayecto. Sin embargo, en 2013, el 70% de la inversión en ferrocarriles irá a los trenes de alta velocidad, que transportan al 5.5% de los viajeros del ferrocarril y, además, según afirmó la ministra de Fomento en el Parlamento, en febrero de 2012, se destinarán 25.000 millones de euros en los próximos años para ampliar la red de alta velocidad. Mientras el AVE crecía y crecía el porcentaje de mercancías transportadas en tren en España pasaba del 7.2% a menos del 4%, entre 2000 y 2009.

  ¿Por qué España tiene 48 aeropuertos públicos y Alemania, con una población y una riqueza mucho mayores, sólo cuenta con 24 aeropuertos públicos? Sólo 11 cerraron el ejercicio de 2010 con beneficios netos y únicamente el aeropuerto faraónico de Madrid da cuenta del 54.4% de la deuda de Aena.

  ¿Por qué sólo Estados Unidos y China poseen más kilómetros de autopistas y autovías que España? ¿Por qué, según la OCDE, el número de viajeros por kilómetro de carretera es 3.6 veces superior al de España en Italia, o 2.3 veces mayor en Alemania? ¿Por qué se construyeron esas autopistas de peaje que, al no proporcionar beneficios privados por la escasez de tráfico, ocasionan pérdidas públicas? ¿Por qué la intervención institucional ha inducido la existencia de 3.4 millones de viviendas vacías en nuestro país?

  En 2003, mientras en la Unión Europea a Quince se consumieron 515 kilos de cemento por habitante, en España se gastaron 1.095 kilos por persona. Es fácil intuir que hay una relación inversamente proporcional entre consumo de cemento per cápita, por una parte, y calidad de la democracia y cantidad de la corrupción, por otra. En la época de la euforia cementófila nadie se molestó en recordarnos que, por ejemplo, una inversión que crea 11 empleos en infraestructuras físicas puede generar 23 empleos en sectores sociales.

  En suma, toda esta mala gestión de lo público tiene mucho que ver con la captura privada de los representantes públicos. Esa mala gestión de lo público tuvo el propósito de generar grandes beneficios privados. Y, al final, la paradoja consiste en que la mala gestión de lo público fortalece a las voces privatizadoras que premian a quienes capturan a los representantes públicos. Es lo que ocurre cuando no se entiende bien qué es la corrupción y qué no es la democracia.

Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria