CANARIAS: “Las niñas que no importan”: Violencia estructural, tutela pública y neoliberalismo patriarcal en Canarias (2015–2025) - por Antonella Aliotti

Otros de Antonella en La casa de mi tía:

CANARIAS:

“Las niñas que no importan”: Violencia estructural, tutela pública y neoliberalismo patriarcal en Canarias (2015–2025)

Antonella Aliotti 

FEMINISTA RADICAL ANTIRRACISTA

DEFENSORA DE LA CASA COMÚN

ACTIVISTA DE DDHH Y SOCIALES

 

PARTE I: Cuando un territorio muestra las grietas de un país

A lo largo de los últimos diez años, Canarias se ha convertido en un laboratorio trágico donde se revelan las fallas más profundas del sistema español de protección de menores. En el archipiélago, la explotación sexual de niñas tuteladas, la trata internacional de menores migrantes, los abusos institucionales y las desapariciones vinculadas a redes delictivas no son anomalías estadísticas: son fenómenos que se repiten cíclicamente, con patrones similares y consecuencias devastadoras.

Casos como 18 Lovas (2016–actualidad), Operación Íncubo (2024–2025), Operación Tritón (2024–2025) o la clausura del centro La Fortaleza I en 2025 han dejado una evidencia inequívoca: el Estado español, en su diseño actual, no es capaz de proteger a las niñas vulnerables que dependen directamente de él, especialmente cuando confluyen tres factores: ser mujer, ser pobre y ser migrante.

Este artículo examina esta década de violencia desde una perspectiva feminista radical y sociopolítica, analizando no solo los hechos, sino también la arquitectura institucional, económica y cultural que los hace posibles. La tesis central es clara: la violencia contra estas menores no se produce “a pesar del sistema”, sino a través de él. El patriarcado, el neoliberalismo y el racismo institucional no son elementos aislados; forman una estructura coherente que determina qué vidas merecen protección y cuáles pueden ser sacrificadas sin escándalo social sostenido.

Un contexto de frontera: Canarias como territorio de vulnerabilidad estructural

Para comprender la magnitud del problema es imprescindible situar Canarias en su posición geopolítica. El archipiélago ha sido durante décadas un punto de entrada de menores migrantes no acompañados procedentes de África occidental. En el año 2023, más de 4.500 menores migrantes llegaron a Canarias; en 2024, la cifra se aproximó a 5.000 según datos de la Fiscalía de Menores y del Gobierno de Canarias.

Estos menores, muchos de ellos adolescentes, llegan sin documentación, sin familia, sin idioma y con una historia previa marcada por la violencia estructural, los abusos, la pobreza extrema o los conflictos armados. Esta realidad afecta a niños y niñas, pero las niñas migrantes conforman un subgrupo con riesgos mucho más altos de captación y explotación, tanto sexual como laboral.

La llegada masiva, la saturación del sistema y la ausencia de personal especializado derivaron en la creación de macrocentros que alojaban entre 150 y 300 menores en un solo recurso. La literatura internacional —incluyendo informes de UNICEF, ECPAT, Save the Children o GRETA (Consejo de Europa)— ha establecido de forma consistente que los macrocentros incrementan de forma exponencial la vulnerabilidad de los menores frente a redes criminales.

España, sin embargo, mantuvo este modelo. Y Canarias, por circunstancias geográficas y migratorias, lo sufrió con mayor intensidad.

Los casos: la repetición que revela el patrón

Los hechos documentados durante esta década no pueden ser leídos como “incidentes aislados”. Su reiteración demuestra la existencia de un patrón estructural.

18 Lovas (2016–actualidad)

Una red de hombres adultos —algunos con recursos económicos, poder local o vínculos empresariales— captaba a menores tuteladas para encuentros sexuales, fiestas privadas y prostitución encubierta. Las menores salían de centros sin suficiente supervisión; algunas habían denunciado previamente situaciones de vulnerabilidad o fugas frecuentes. La investigación judicial avanza lentamente desde hace casi una década.

Operación Íncubo (2024–2025)

Treinta y cuatro menores tuteladas, la mayoría niñas, fueron explotadas sexualmente mediante un circuito que incluía fiestas, consumo de sustancias, coacciones y grabaciones. La captación se realizaba en redes sociales y en las inmediaciones de los centros. Varias menores estaban catalogadas como de “alto riesgo social”. El patrón se repite.

Operación Tritón (2024–2025)

Menores migrantes desaparecieron de centros tutelados para ser trasladados a Francia en una red internacional de trata. La coordinación entre instituciones falló, y las alertas saltaron demasiado tarde.

 

La Fortaleza I (2025)

No hubo explotación sexual, pero sí violencia institucional grave: malos tratos, amenazas, castigos físicos, privación de necesidades básicas y trato inhumano contra menores migrantes. La clausura del centro evidenció la ausencia de controles externos eficaces.

Lo más grave no es que estos casos existan; es que comparten la misma raíz: niñas y adolescentes que deberían estar protegidas por el sistema acaban siendo las más expuestas a violencias extremas.

Las niñas detrás de los casos: vidas precarias en un sistema que no escucha

La mayoría de estas menores llegan al sistema con una historia previa marcada por vulnerabilidad extrema: violencia machista, abandono familiar, trayectos migratorios traumáticos, pobreza crónica o violencia sexual en origen.

Son niñas con escasa autoestima, sin red afectiva, con un profundo deseo de pertenencia, cariño y reconocimiento. Ese deseo se convierte en su principal punto de vulnerabilidad.

Informes de la Fiscalía de Menores, de Save the Children y de organizaciones europeas constatan que las menores tuteladas presentan tasas significativamente mayores de autolesión, ansiedad y trastornos emocionales. Muchas ya han sufrido desarraigo o violencia.

Aun así, cuando entran en el sistema, no reciben acompañamiento emocional estable, ni atención psicológica especializada, ni profesionales formados en trauma. Lo que reciben es un espacio saturado, un sistema burocrático y, a veces, personal mal remunerado y sin formación específica.

En ese contexto, la captación se vuelve sencilla. Un hombre que ofrece atención, regalos, un cigarrillo, un móvil o una promesa de afecto puede convertirse fácilmente en un punto de referencia para una menor abandonada emocionalmente.

No es la niña quien “cae” en las redes. Es el sistema quien la deja caer.

Quiénes se aprovechan: los explotadores como producto del sistema patriarcal

Los proxenetas y explotadores que aparecen en estos casos tienen perfiles heterogéneos: empresarios de nivel medio, hombres con recursos, conocidos locales, adultos que jamás habrían sido percibidos como “depredadores” en el imaginario social.

Y esa es precisamente la clave. El patriarcado construye la idea de que los hombres tienen derecho al acceso sexual, especialmente cuando se trata de mujeres jóvenes, pobres o racializadas.

Los explotadores actúan movidos por una mezcla de:

• deseo patriarcal legitimado,

• impunidad social,

• ausencia de controles reales,

• anonimato institucional,

• y la certeza de que, si algo ocurre, la responsabilidad se diluye entre instituciones.

En otras palabras: no hay aberraciones individuales, hay comportamientos estructuralmente permitidos.

La mayoría de ellos no teme a la justicia porque históricamente la justicia ha tardado años en actuar y, en algunos casos, nunca ha llegado a condenar. La  lentitud judicial es parte del problema. La “incredulidad institucional” es otra.
El estigma de las niñas —“problemáticas”, “fugadas”, “difíciles”— funciona como coartada social perfecta.

PARTE II: La estructura neoliberal-patriarcal: cómo se fabrica la vulnerabilidad

 

Cuando el sistema no falla: funciona exactamente como fue diseñado

Uno de los errores más frecuentes en la interpretación pública de estos casos es la idea de que el sistema de protección de menores “ha fallado”.
La realidad es más dura y más incómoda: el sistema no está fallando, está funcionando exactamente como fue configurado bajo las lógicas de la externalización, la precarización y la impunidad patriarcal.

El neoliberalismo impuso un modelo de gestión donde la infancia vulnerable se administra como un recurso presupuestario, no como un sujeto de derechos.
La tutela dejó de ser una responsabilidad pública directa para convertirse en un mosaico de concesiones, contratos, subcontratas y entidades privadas que operan con criterios de eficiencia económica, no con estándares de calidad afectiva o terapéutica.

El resultado es un ecosistema donde la protección real se diluye entre burocracia, balances financieros y discursos vacíos sobre “solidaridad” y “acogida”.
Mientras tanto, las niñas quedan expuestas a los mismos poderes que las dañaron antes de entrar al sistema.

La privatización como forma de desprotección

El proceso de privatización del sistema de tutela en España se aceleró en los años 2000 y se consolidó durante la crisis de 2008.
En Canarias, este modelo alcanzó niveles particularmente altos: más del 60% de los recursos para menores depende de entidades privadas, algunas de ellas de gran tamaño, que gestionan macrocentros con cientos de menores.

La lógica del beneficio económico

El “modelo por plaza ocupada” convierte a los menores en unidades contables. Cada menor tutelado aporta financiación pública a la entidad gestora. Cuantos más adolescentes, más dinero. Cuanto más tiempo permanezcan, más rentable es.

Esta lógica genera tres efectos perversos:

• cronifica la institucionalización,

• reduce la calidad de la intervención,

• y multiplica las oportunidades para que los agresores actúen.

Una tutela que funciona como mercado no puede garantizar cuidados afectivos ni protección especializada. El mercado no produce afecto. Y sin afecto, no hay contención emocional ni prevención eficaz contra la captación externa.

La precarización del personal como parte del problema

La mayoría del personal educativo en estos centros cobra salarios bajos, trabaja turnos imposibles y carece de formación en:

• trauma infantil,

• violencia sexual,

• migración,

• salud mental,

• detección precoz de captación.

El neoliberalismo no solo externaliza: abarata, y lo hace a costa de la calidad humana del cuidado.

Cuando los trabajadores rotan cada pocas semanas, cuando están quemados, cuando cobran poco, la supervisión real de los menores desaparece. Los proxenetas y captadores lo saben. Por eso rondan los centros, por eso escriben por Instagram, por eso esperan a las niñas a la salida.

No es casualidad: es vulnerabilidad fabricada.

Macrocentros: espacios estructuralmente inseguros

La comunidad científica es clara: los macrocentros son espacios de alto riesgo para la infancia, especialmente para menores migrantes y para niñas.
ECPAT, UNICEF, GRETA y el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas han advertido repetidamente que los grandes centros de acogida:

• aumentan las fugas,

• reducen la supervisión,

• generan anonimato,

• acumulan traumas sin abordar,

• y favorecen la aparición de redes de captación.

En Canarias, durante los picos migratorios, los macrocentros llegaron a albergar entre 150 y 300 menores, con ratios de un educador por cada 20 o 25 adolescentes. Estas cifras son contrarias a todos los estándares europeos, que recomiendan unidades de 8–12 menores con personal fijo y altamente formado.

Aun así, España mantuvo el modelo. Y lo mantuvo sabiendo que el riesgo era más que evidente.

Racismo institucional: la jerarquía de las vidas

Nada de esto puede analizarse sin incorporar el factor racial.
Porque la protección en España funciona con una jerarquía implícita:
no valen lo mismo las vidas de todas las niñas.

Las niñas migrantes ocupan el escalón más bajo de esa jerarquía.
Llegan sin documentación, sin idioma, sin familia, sin red, sin ciudadanía y sin credibilidad social. La sociedad las percibe como “otras”, como “provisionales”, como “menores en tránsito”.

Y cuando un cuerpo es considerado provisional, también lo es su protección.

Este racismo estructural explica por qué:

• no se destinan recursos suficientes,

• no hay psicólogas especializadas,

• no se habilitan intérpretes profesionales,

• no se investigan desapariciones con la urgencia debida,

• no se cree a las niñas cuando denuncian,

• no se percibe como escándalo masivo que desaparezcan o sean explotadas.

El racismo convierte la vulnerabilidad en indiferencia. El patriarcado convierte la indiferencia en disponibilidad sexual. El neoliberalismo transforma la disponibilidad en negocio.

La normalización de la explotación sexual: un síntoma del patriarcado dominante

La prostitución de menores no es un fenómeno nuevo, pero su normalización en el contexto de la tutela pública revela un aspecto esencial del patriarcado contemporáneo: la idea de que el cuerpo femenino joven es un recurso accesible para la satisfacción masculina, especialmente si carece de protección familiar y social.

La explotación sexual se vuelve “normal” porque:

1. existe demanda masculina,

2. hay disponibilidad estructural (vulnerabilidad),

3. hay impunidad judicial,

4. y existe un entramado cultural que culpa a las niñas, no a los agresores.

Los casos analizados muestran que los explotadores rara vez temen consecuencias:
no temen ser denunciados, no temen ser identificados, no temen al sistema.

Y no temen porque el sistema no ha impedido históricamente sus conductas, ni las ha castigado con contundencia.

 

PARTE III: Datos, análisis comparado y evidencia internacional sobre explotación de menores tuteladas

 

La dimensión cuantitativa: lo que los datos permiten y lo que el sistema oculta

La explotación sexual de menores tuteladas es, por su propia naturaleza, un fenómeno invisibilizado. La mayoría de los casos no llegan a denuncia; la mayoría de denuncias no llegan a investigación; la mayoría de investigaciones no llegan a juicio.

Por eso, cuando hablamos de cifras, hablamos siempre de mínimos, no de máximos.

Datos en Canarias (2015–2025)

A partir de informes públicos, declaraciones judiciales, organismos de infancia y recuentos periodísticos, podemos establecer aproximaciones:

• Entre 2016 y 2025 se han abierto al menos cinco grandes investigaciones policiales por explotación sexual, trata o abusos graves en menores tuteladas en Canarias.

• En ese mismo periodo, docenas de menores han sido identificadas como víctimas, casi todas mujeres.

• En el ámbito migratorio, Canarias registró más de 25.000 menores migrantes llegados en diez años.

• Las desapariciones registradas dentro de los centros, según Fiscalía, rondan cada año cifras que oscilan entre 300 y 500 movimientos no autorizados, algunos temporales, otros definitivos.

A pesar de ello, no existe un registro unificado, lo que constituye una vulneración directa de los estándares europeos de protección.

Datos a nivel estatal

España tampoco dispone de un sistema estatal de seguimiento de menores tutelados víctimas de explotación sexual. Esto contraviene las recomendaciones de:

• GRETA (Grupo de Expertos contra la Trata del Consejo de Europa),

• UNICEF,

• ECPAT International,

• Comité de los Derechos del Niño (ONU).

A nivel estatal, informes estiman que:

• El 80% de las víctimas identificadas de explotación sexual infantil en España son mujeres.

• Entre el 20% y el 25% de las víctimas de trata identificadas son menores, muchas de ellas tuteladas.

• Las menores tuteladas tienen un riesgo 20 veces mayor de sufrir explotación sexual respecto a la población infantil general.

Estos datos son consistentes con patrones europeos.

Comparativa internacional: España dentro de una tendencia global preocupante

España no es una excepción: las menores tuteladas sufren explotación también en Francia, Irlanda, Reino Unido, Alemania e Italia.
Pero España destaca en tres factores claramente documentados:

 Sobrecarga del sistema

España, especialmente Canarias, soporta una presión migratoria infantil muy superior a la de otros países de su tamaño.

Privatización elevada

El peso de entidades privadas en el sistema de protección es mayor que en muchos países del entorno, donde predominan modelos mixtos con supervisión estatal estricta.

Macrocentros

La Unión Europea desaconseja tajantemente los grandes centros.
Reino Unido y Países Bajos ya los han eliminado.
España los mantiene en varias comunidades, especialmente en momentos de presión migratoria.

Qué dice la literatura científica: explotación sexual, género y estructuras de poder

La literatura académica y feminista ha producido abundantes trabajos que explican por qué las niñas vulnerables son objetivo de explotación sexual.

La teoría feminista radical

Las autoras feministas radicales, desde Catharine Mackinnon hasta Sheila Jeffreys, sostienen que la prostitución y la explotación sexual no son prácticas marginales, sino expresiones del poder patriarcal donde el cuerpo femenino se convierte en recurso maleable.

Aplicado al contexto canario, esto significa que:

• el patriarcado no “tolera” la explotación: la produce,

• la desigualdad económica no “acompaña” la prostitución: la facilita,

• el racismo institucional no “añade un matiz”: la profundiza.

Teorías de la vulnerabilidad

Autores como Judith Butler o Martha Fineman explican que la vulnerabilidad no es una condición natural, sino una relación política. En el caso de las menores tuteladas, la vulnerabilidad está producida por:

• abandono previo,

• desarraigo,

• falta de redes,

• precariedad institucional,

• ausencia de afecto estable,

• y un sistema que prioriza la gestión sobre el cuidado.

 Estudios sobre migración infantil

La investigación internacional muestra que las menores migrantes no acompañadas tienen niveles de riesgo de explotación entre 2 y 4 veces mayores que los niños migrantes del mismo grupo demográfico. La razón principal:
los cuerpos feminizados se consideran disponibles, transferibles y comerciables dentro de las estructuras patriarcales globales.

Cómo el patriarcado neoliberal se articula en la práctica

La explotación de menores tuteladas surge de la intersección entre:

• la demanda masculina,

• la desigualdad económica,

• la devaluación social de los cuerpos feminizados,

• la externalización de servicios sociales,

• la meritocracia como ideología culpabilizadora,

• y el racismo que invisibiliza a las niñas migrantes.

El patriarcado aporta el deseo de acceso sexual. El neoliberalismo aporta el mercado y la precariedad estructural. El racismo aporta la indiferencia social. Esa triple alianza convierte a las niñas en cuerpos disponibles, baratos, sustituibles y silenciosos. Por eso los casos se repiten. Por eso los agresores no sienten miedo. Por eso las redes encuentran terreno fértil. Por eso las instituciones llegan siempre tarde.

 

PARTE IV: Modelos europeos, prácticas de protección y el lugar de España: un análisis comparado

Mirando hacia fuera: ¿qué hacen otros países que España no hace?

La protección de menores —y en particular, la protección de menores migrantes y niñas vulnerables— es un campo donde Europa ha desarrollado enfoques diversos. Ningún país está libre de fallos, pero algunos han conseguido evitar patrones estructurales como los que se repiten en Canarias.

Cuando comparamos, no buscamos idealizar a otros países, sino mostrar que existen modelos alternativos, que las violencias no son inevitables y que lo ocurrido en España es consecuencia directa de decisiones políticas.

Francia: supervisión estatal estricta y unidades pequeñas

La comparación con Francia es especialmente relevante porque la Operación Tritón reveló que menores migrantes desaparecidos en Canarias terminaron siendo explotados en territorio francés. Sin embargo, Francia presenta un sistema de protección con algunas características que España no ha desarrollado o ha desarrollado de forma débil:

• Unidades de acogida pequeñas (entre 8 y 12 menores como máximo).

• Personal especializado en migración infantil, con formación obligatoria.

• Intervención inmediata para menores desaparecidos, con protocolos equivalentes a desapariciones de alto riesgo.

• Evaluación psicológica inicial obligatoria, realizada por profesionales públicos.

A pesar de sus problemas, el sistema francés cuenta con una supervisión estatal directa: el 78% de los recursos de acogida son de gestión pública.
En España es al revés: predominan las entidades privadas.

España externaliza. Francia controla.

Reino Unido: guardianes legales y seguimiento individual

El sistema británico introduce dos figuras inexistentes o residuales en España:

El “guardian advocate” o tutor especializado

Cada menor migrante recibe un tutor permanente, formado en:

• trauma,

• violencia sexual,

• trata,

• acompañamiento psicológico.

Su función es defender los derechos del menor contra el propio sistema, si es necesario. En España, en cambio, la tutela recae en instituciones saturadas, no en figuras personalizadas.

Equipos multidisciplinares independientes

Para casos de explotación o riesgo, existen equipos de:

• policías,

• psicólogos especializados,

• expertos en trata,

• educadores,

• abogados,

• trabajadores sociales.

Todos independientes entre sí, lo que reduce el riesgo de encubrimiento institucional.

En España, cuando la tutela, la gestión del centro y la supervisión dependen de las mismas instituciones, se produce un conflicto de intereses estructural.

Países Bajos: eliminación total de macrocentros

Países Bajos eliminó hace más de 20 años los macrocentros para menores, después de constatar que eran:

• peligrosos,

• despersonalizados,

• ineficaces,

• y caros.

Su sistema se basa en:

• hogares de entre 6 y 10 menores,

• parejas educativas estables,

• programas intensivos de acompañamiento emocional.

Canarias, en cambio, ha llegado a tener centros con hasta 300 menores, algo incompatible con cualquier estándar europeo.

Alemania: acompañamiento terapéutico obligatorio

Alemania define la protección infantil como un derecho que debe incluir:

• terapia especializada desde el primer mes,

• intérpretes profesionales,

• historiadores migratorios,

• y equipos formados en trauma complejo.

El sistema no se centra en “custodiar”, sino en sanar.
España, especialmente en contextos de emergencia, se limita a alojar, no a acompañar.

¿Qué ocurre en España? Tres fallos estructurales que explican la crisis

Al comparar los modelos, emergen tres fallos principales que explican por qué los casos se repiten en Canarias y en otras comunidades:

La externalización masiva

El Estado español delega funciones esenciales a entidades privadas sin sistemas sólidos de supervisión independiente.

Esto genera:

• opacidad,

• precariedad,

• rotación de personal,

• falta de continuidad afectiva,

• y ausencia de equipos especializados.

Macrocentros y unidades sobredimensionadas

La agrupación de cientos de menores en un mismo espacio físico es un factor de riesgo directo, reconocido por Naciones Unidas como práctica peligrosa.

Ausencia de perspectiva feminista radical en la protección infantil

El sistema no comprende que la explotación sexual es violencia patriarcal, no “delincuencia”.

Esto implica:

• no formar al personal en violencia machista,

• no incorporar perspectiva de género en la intervención,

• no investigar los factores culturales que sexualizan a las niñas vulnerables,

• no reconocer que el 80% de víctimas son mujeres.

España trata la explotación sexual como crimen aislado.
Europa avanza hacia una comprensión sistémica. Canarias es, en ese sentido, el punto donde la falla estructural se hace más evidente.

 

PARTE V: Conclusión política y propuestas radicales de transformación estructural

 

No es una cadena de casos. Es un sistema perfectamente organizado para que esto ocurra

Al analizar la última década de explotación de menores tuteladas en Canarias, la conclusión no puede ser otra: no estamos ante fallos administrativos, ni ante descuidos puntuales, ni ante desviaciones de la norma.
Estamos ante un sistema de protección infantil que, en su arquitectura actual, produce vulnerabilidad, facilita la explotación y garantiza impunidad.

Las niñas tuteladas, especialmente las migrantes, viven en el cruce de tres fuerzas opresivas que actúan simultáneamente:

• el patriarcado, que construye sus cuerpos como objetos de deseo y consumo masculino;

• el neoliberalismo, que convierte su tutela en un negocio y precariza los cuidados;

• el racismo institucional, que las sitúa en el escalón más bajo de la jerarquía social.

Este triángulo no es accidental. Es el orden político dominante. Es la estructura que sostiene al capitalismo contemporáneo. Es el mecanismo que hace posible que niñas de 13 o 14 años puedan ser explotadas sin que se encienda un movimiento social masivo, sin que las instituciones actúen con urgencia y sin que la sociedad se conmueva de manera sostenida.

En Canarias, la frontera geográfica se convierte en frontera moral, y la frontera moral se convierte en frontera política: estos cuerpos no entran en la categoría de los cuerpos protegidos. Y un cuerpo que no se protege, se consume.

La normalización social: cómo la indiferencia se convierte en violencia

La sociedad española, incluida la canaria, presenta una peligrosa capacidad de adaptación a la injusticia. Cuando las víctimas son niñas tuteladas —y especialmente migrantes—, la respuesta social se caracteriza por:

• la indiferencia,

• la culpabilización de las propias niñas,

• el silencio,

• o la sorpresa efímera.

Estas niñas no aparecen en campañas, no protagonizan manifestaciones multitudinarias, no se convierten en símbolo. Y esa ausencia simbólica es ya una forma de violencia.

Las redes criminales lo saben. Los proxenetas lo saben. Los agresores lo saben. Y actúan en consecuencia.

La violencia no persiste porque los agresores sean especialmente poderosos: persiste porque la sociedad no considera dignas de defensa a las niñas que la sufren.

Propuestas radicales para romper la estructura de violencia

Lo que hace falta no es una reforma administrativa. Es una ruptura de modelo. Un cambio de paradigma. Un giro político profundo que transforme la protección infantil desde sus cimientos.

Estas propuestas no son “mejoras técnicas”, sino cambios estructurales que cuestionan el orden neoliberal y patriarcal:

1. Desprivatización total del sistema de tutela

La protección infantil no puede depender de entidades privadas que compiten por contratos. La tutela debe volver a manos públicas, con personal estable, salarios dignos y controles reales.

2. Eliminación de macrocentros

La evidencia es contundente: los macrocentros generan violencia, no protección. El modelo debe moverse hacia unidades de convivencia pequeñas, humanas, con personal formado y continuidad afectiva.

3. Supervisión independiente y obligatoria

Las investigaciones internas no funcionan. Debe crearse un organismo autónomo, con capacidad legal y recursos, para supervisar centros, investigar abusos y garantizar seguimiento real de los casos.

4. Formación feminista radical para todo el personal

No se puede proteger a las niñas si el sistema desconoce cómo opera la violencia machista. El patriarcado debe ser entendido como estructura de poder, no como opinión.

5. Protección reforzada para menores migrantes

Con intérpretes profesionales, acompañamiento especializado en trauma migratorio, tutoras y tutores de referencia y protocolos de búsqueda inmediata ante desapariciones.

6. Creación de un registro estatal de menores desaparecidos y victimizados

Es inadmisible que en 2025 España no cuente con un registro único. La falta de datos perpetúa el silencio.

7. Acabar con la impunidad de los agresores

Necesitamos unidades especializadas en explotación de menores tutelados, con capacidad de actuar rápidamente y con perspectiva de género.

Una advertencia política: o cambiamos el sistema o repetimos la historia

La mayor parte de estos casos no debería haber ocurrido nunca. Pero ocurrieron. No porque no supiéramos lo que pasaba —los informes estaban ahí— sino porque no se quiso actuar con la contundencia necesaria.

La pregunta no es por qué pasó. La pregunta es por qué seguimos permitiendo que pase.

Si no transformamos radicalmente el sistema:

• habrá nuevas Íncubo,

• nuevas Tritón,

• nuevas niñas que desaparecen,

• nuevas redes que captan,

• nuevas vidas quebradas que nadie verá.

Las niñas tuteladas en Canarias y en España nos están diciendo algo desde hace años: “No somos prioridad para este sistema.” El deber político, feminista y humano es que dejen de tener razón.

 

Bibliografía y Fuentes Consultadas

• Consejo de Europa – GRETA (2022). *Report on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*.

• UNICEF (2019–2024). Informes anuales sobre menores migrantes no acompañados.

• ECPAT International (2023). *Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism*.

• Save the Children España (2021–2024). Informes sobre riesgo, vulnerabilidad y protección de la infancia tutelada.

• Fiscalía General del Estado (2015–2024). Memorias anuales – Sección de Menores.

• Naciones Unidas. Comité de los Derechos del Niño (2018). Observaciones finales a España.Jeffreys, Sheila (2009). *The Industrial Vagina: The Political Economy of the Global Sex Trade*. Routledge.Mackinnon, Catharine (1989). *Toward a Feminist Theory of the State*. Harvard University Press.

• Fineman, Martha (2010). *The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*. Yale Journal of Law & Feminism.

• Butler, Judith (2004). *Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence*. Verso.

• Ministerio del Interior (España). Datos oficiales de desapariciones de menores (varios años).

• Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Informes demográficos y migratorios (2015–2024).

• Prensa Canaria (2020–2025). Cobertura de casos: 18 Lovas, Íncubo, Tritón y cierre de La Fortaleza I.

• El País, El Diario, Cadena SER, Agencia EFE (2020–2025). Investigación periodística sobre explotación de menores tuteladas.

• Universidad de La Laguna – Departamento de Sociología (2022). Estudios sobre migración infantil y vulnerabilidad estructural en Canarias.

• European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2021). *Children in migration: Fundamental rights issues*.