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El vacío de control en la tutela de menores en Canarias: una fundación bajo investigación y sin transparencia pública

Antonella Aliotti

Feminista Radical Antirracista 

Defensora de la Casa Común 

Activista de DDHH y Sociales

Introducción

En octubre de 2025, la llamada Fundación Respuesta Social Siglo XXI —contratada por el Gobierno de Canarias para la gestión de varios centros de acogida de menores migrantes no acompañados— fue puesta bajo investigación judicial por presunto desvío de fondos europeos destinados a la atención de estos menores. El caso, conocido como Operación Tabaiba, ha revelado una trama de presuntas irregularidades en la gestión económica de al menos cuatro centros en Gran Canaria y Lanzarote. Sin embargo, más allá del presunto delito, este caso ha dejado al descubierto un problema más profundo: la ausencia de control público sobre las entidades privadas que gestionan servicios esenciales financiados con dinero público.

Fuentes consultadas

Para esta investigación se ha realizado una búsqueda exhaustiva de información pública en los principales medios nacionales y autonómicos —El País, El Diario.es, ABC Canarias, Canarias7— y se ha contrastado con los registros administrativos disponibles.

            En primer lugar, se acudió al Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, donde está inscrita la Fundación Respuesta Social Siglo XXI con el CIF G-84179829, hoja 401, inscripción 19, tomo LXXXIX. Este registro, dependiente de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, no ofrece información accesible en línea sobre los miembros del patronato ni sobre las modificaciones recientes en su composición. El acceso a esa información requiere una solicitud formal presencial o telemática, lo que impide al público conocer quiénes son los responsables reales de una entidad que recibe y gestiona fondos públicos.

            También se revisaron los boletines oficiales (BOE y BOCM) y el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, sin hallar ninguna publicación reciente sobre el patronato ni sobre auditorías de la fundación.

Una fundación bajo sospecha

Según El Diario.es (25/10/2025), cinco personas vinculadas a la Fundación Siglo XXI han sido imputadas por presunta malversación, falsedad documental y blanqueo de capitales. La investigación apunta al desvío de 2,4 millones de euros en gastos no justificados, entre ellos alquileres inflados, compras personales y retiradas de efectivo. Los hechos se habrían producido entre 2020 y 2022, durante un periodo de fuerte incremento de llegadas de menores migrantes a Canarias.

Pese a la gravedad de los hechos y a que los centros afectados dependían de la Consejería de Bienestar Social, el Gobierno de Canarias ha mantenido los contratos vigentes con la fundación, alegando que no existe todavía una sentencia firme y que las imputaciones afectan a personas concretas, no a la entidad. Ninguna fuente oficial ha facilitado información sobre qué controles o auditorías se realizaron antes o durante la contratación.

Falta de control y rendición de cuentas

El sistema de tutela de menores en Canarias es complejo. La comunidad autónoma asume la custodia de miles de menores, muchos de ellos migrantes no acompañados, y delega buena parte de su gestión en entidades privadas mediante convenios y contratos. Sin embargo, la supervisión de estas entidades depende casi exclusivamente de la documentación que ellas mismas presentan. No existen informes públicos sobre inspecciones presenciales, ratios de personal, ni mecanismos de evaluación externos.

            Amnistía Internacional y otras organizaciones han denunciado deficiencias graves en los centros de acogida: saturación, carencias materiales y, en algunos casos, malos tratos. El caso de la Fundación Siglo XXI pone en evidencia un problema estructural: la administración delega responsabilidades esenciales sin establecer mecanismos efectivos de control, transparencia ni sanción.

Opacidad institucional

La falta de transparencia no es un detalle menor, sino el corazón del problema. En un contexto donde las entidades privadas gestionan servicios de alta sensibilidad —infancia tutelada, migración, atención social—, el acceso público a su estructura y a sus responsables debería ser inmediato. Sin embargo, el Registro de Fundaciones funciona todavía con criterios de acceso restringido.

            Esto impide conocer, por ejemplo: quiénes son los miembros actuales del patronato; qué cargos y poderes de representación tienen; qué auditorías han realizado y con qué resultados; y cuánto dinero público han recibido y en qué condiciones. El resultado es una zona gris donde confluyen dinero europeo, fondos autonómicos y ausencia de control ciudadano. La Fundación Siglo XXI es un caso paradigmático, pero no aislado: forma parte de un modelo extendido de externalización sin transparencia.

Responsabilidad política

El Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Bienestar Social, no puede declararse ajeno a las irregularidades que ocurren bajo su supervisión. La obligación de fiscalizar no se limita a recibir informes: implica verificar, auditar y publicar resultados. Si una consejería afirma 'no haber sabido' lo que ocurría en los centros, está admitiendo un fallo estructural de su propio sistema de control.

            La excusa de la 'emergencia migratoria' tampoco resulta válida. Lo que lleva más de una década repitiéndose no es una emergencia, sino un fenómeno estructural. Y lo estructural requiere políticas estables, no improvisaciones delegadas.

             El caso de la Fundación Siglo XXI revela una doble carencia: de control y de transparencia. Control, porque las administraciones autonómicas no fiscalizan de forma efectiva las entidades a las que confían la tutela de menores. Transparencia, porque el sistema legal permite que esas entidades operen sin rendir cuentas públicamente sobre su estructura ni su gestión.

            En el fondo, la pregunta que queda abierta es sencilla y devastadora: ¿cómo puede un gobierno garantizar la protección de los menores bajo su custodia si ni siquiera sabe —ni permite saber— quiénes dirigen las fundaciones que los tutelan?

 Fuentes consultadas: El País, El Diario.es, ABC Canarias, Canarias7, Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, BOE, BOCM.