Destrucción masiva de empleo público - por Román Rodríguez

La crisis económica ha sido aprovechada por los sectores más conservadores para imponer a la sociedad los intereses de las minorías. Pese a que todo el mundo reconoce que su origen está en el sector privado y, especialmente, en la falta de control del sistema financiero, han utilizado todos sus poderosos medios para intentar trasladar la responsabilidad al sector público, acusándolo de un exceso de gasto, y a los propios ciudadanos, responsabilizándolos de un uso excesivo de estos. Y, desde esa premisa falsa, han procedido a una drástica reducción de los presupuestos de los servicios públicos y a la disminución del personal que trabaja en los mismos, intentando convertir los actuales servicios públicos en negocios para unos pocos.

Los efectos de esas políticas, que intentan reducir el Estado del Bienestar, privatizar servicios y posibilitar que accedan a los mismos sólo quienes puedan pagarlos, hemos empezado a sentirlos en los últimos años, y de manera especial desde 2011. Y, si no se producen profundos cambios en las vigentes políticas, se agudizarán en el próximo período en España y en Canarias. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011, 2012 y, si no hay cambios, 2013, así como los de Canarias que han reducido 3.000 millones de euros en los ultimos tres años, se han sustentado en el ajuste fiscal a través de los recortes. Con funestos resultados para el empleo y los servicios públicos.

Lo experimentamos de forma diáfana en la Sanidad, con el incremento de la jornada laboral, la eliminación o el agrupamiento de servicios, la eliminación de programas asistenciales y la no reposición de las jubilaciones. Lo que ha llevado a la destrucción de miles de puestos de trabajo y al aumento significativo de las listas de espera quirúrgica: un 130% en las de más de seis meses entre enero y junio. Con los riesgos que ello supone para la salud y para la propia vida.

También en el sistema educativo. No se cubren tampoco tasas de reposición del profesorado que se jubila o fallece. Se aumenta el número de alumnos en las aulas, con efectos muy negativos sobre los que presentan problemas de aprendizaje o proceden de familias con menores recursos económicos y culturales. Se eliminan programas de refuerzo escolar. Se  reducen profesionales que diagnostican y atienden a los alumnos con dificultades.

Y, asimismo, el retroceso es visible en la aplicación de la ley de la dependencia, con la brutal reducción presupuestaria y la pérdida de miles de empleos, que supone su práctica derogación por parte del Gobierno del PP.

32.700 empleos perdidos

Por otra parte, la reducción en la financiación de ayuntamientos y cabildos les ha llevado a significativas reducciones de empleo, así como a la aplicación de numerosos ERE. Y los retrocesos en las políticas activas de empleo suponen y supondrán miles de contrataciones menos por parte de las corporacioones locales canarias.

Estamos ante una masiva destrucción de empleo público. En los últimos 15 meses, según la EPA, se han perdido 32.700 empleos en las administraciones canarias. De ellos, 5.100 entre julio y septiembre. Cifra que se elevará notablemente en el último trimestre del año, pues es a partir de julio de 2012 cuando se apreciarán más los efectos de los últimos recortes presupuestarios.

En el Servicio Canario de Empleo los comités de empresa anuncian la reducción para 2013 de 327 empleos, de los que 294 parecen seguros por la reducción del PIEC en los PGE 2013. A lo que habrá que añadir las miles de personas que se dejarán de contratar por su reducción en las cuentas públicas.

El hachazo de 575 millones en gastos en el presupuesto de la CAC para 2013 implica nuevos recortes en el capítulo I y reducir aún más el empleo público, sobre todo en sanidad y educación. Ya lo adelantó el líder de la patronal tinerfeña, quien cifró en 5.000 los empleos públicos que se eliminarán en 2013, sin que el presidente del Gobierno se desmarcara de esa grave afirmación.

Además, acaba de entrar en vigor el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, que regula, entre otros, los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada en el sector público, en aplicación de la reforma laboral aprobada por el PP. Y cuyo título III se dedica al establecimiento de normas específicas de los procedimientos de despido colectivo del personal laboral fijo al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público, fundamentado en la situación económica adversa de la Administración.

En este sentido, se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria cuando en el ejercicio anterior la Administración pública correspondiente hubiera presentado una situación de déficit y que sus presupuestos se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores. Circunstancias que en Canarias cumplen todas las administraciones (estatal, canaria, cabildos y el 95% de los ayuntamientos), con lo que los despidos colectivos del personal laboral fijo se pueden iniciar en cualquier momento.

Esta destrucción masiva de empleo en las administraciones  (ayuntamientos, cabildos, universidades, CAC y Administración estatal), exigida por la derecha ultraliberal del PP como un signo de responsabilidad y eficiencia, con el seguidismo acrítico, hasta ahora, del Ejecutivo canario; es muy negativa. Supone un drama personal y familiar para quienes pierden su empleo. Deprime aún más la economía, porque esos miles de desempleados públicos del período reciente, y los que se anuncian para los próximos meses, implican menor consumo.

Y, asimismo, va a deteriorar aún más la prestación de los servicios públicos. Porque los empleos destruidos suponen peor Sanidad, peor Educación, peor atención a nuestros mayores y dependientes, así como un peor funcionamiento de los servicios que prestan las administraciones locales. Los empleados públicos tienen muchas razones para la defensa de su empleo y de los servicios públicos como elementos esenciales de la cohesión social. Y en esa defensa contarán con todo el apoyo de Nueva Canarias.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de NC.