El sueldo de los políticos, ¿un engaño más? - por Gustavo Martín Cerpa, presidente de Nueva Canarias en Arucas

El Partido Popular se ha propuesto modificar la ley por la que se organizan y funcionan los ayuntamientos como una medida para ahorrar dinero en el gasto público de las administraciones locales. El anteproyecto de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que han puesto sobre la mesa contiene 46 páginas y aborda muchos asuntos: salarios de cargos públicos, número máximos de políticos que se pueden liberar, personal eventual (cargos de confianza y asesores) y servicios que deben prestar los ayuntamientos.

Interesadamente, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Eugenio Montoro, ha presentado la ley como la herramienta que va a permitir que los alcaldes y concejales cobren menos. De hecho, el ministro se ha vanagloriado de que su ley va a hacer posible que sólo el 18% de los cargos públicos de los ayuntamientos puedan cobrar.  

Sobre estas cuestiones cabe señalar que la deuda de los ayuntamientos es solamente el 3% de la deuda pública del estado, por lo que tendrá que pinchar en la administración del Estado si quiere reducirla, cosa que no hará obviamente; en segundo lugar habrá municipios donde haya ahorro y en otros no, como el caso de Arucas en el que con la nueva Ley se podrían liberar dos concejales más (9 actualmente) y poner a dos cargos de confianza más (5 actualmente) y, en tercer lugar, una Ley que no es consensuada con el resto de formaciones políticas está avocada a su fracaso en el futuro. Por tanto, esta Ley no es más que la voluntad de Rajoy de esconder sus casos de corrupción y de contentar a muchos ciudadanos que reclaman este tipo de medidas.

Personalmente, comparto con muchos ciudadanos que hay que reguralizar el salario de los alcaldes y concejales de los ayuntamientos, el número máximo de cargos de confianza y concejales liberados. Pero soy de la opinión de que esta idea no sólo debe aplicarse a los ayuntamientos sino que habría que extenderla a los diputados, senadores, directores generales, consejeros de gobiernos, etc. Aun así, el problema del desempleo y de los recortes en sanidad, educación y servicios sociales seguirán persistiendo mientras no se tomen medidas diferentes y se apliquen otro tipo de políticas.

El PP intencionadamente ha situado el salario de los políticos en el centro de debate de la sociedad como un señuelo, para que la ciudadanía hable de ello y no se preocupe de otros temas como por ejemplo el caso Bárcenas, el deterioro de la sanidad, los servicios sociales, la educación o su incapacidad para crear empleo. La única intención es desviar la atención y conducir a la gente a hablar de lo que a ellos les interesa. Y para conseguir este objetivo, que no es difícil tal y como están las cosas, se vale el PP del hastío que millones de ciudadanos tiene de las personas que se dedican a la política por los casos de corrupción, los cuales en su mayoría están en las filas del PP.

Tengan por seguro que esta Ley no cambiará los recortes presupuestarios en asuntos como la educación y la sanidad, las altas tasas de desempleo y las negativas perspectivas de encontrar trabajo, la reducción de salarios y la precariedad de los puestos de trabajo que se crean o la reducción de dinero en las ayudas sociales y subvenciones a las ONG´s.  

Ahora bien, detrás de esta cortina de humo del sueldo de los políticos, Rajoy y su partido lo que quieren es, por un lado, la centralización de la gestión de los ayuntamientos, es decir, tener un control absoluto de lo que hagan los ayuntamientos a través de la figura del interventor, convirtiéndose los cargos públicos elegidos democráticamente en figuras decorativas; y por otro lado, el desmantelamiento de los servicios públicos. Así, con la nueva Ley del PP, otro engaño más, los ayuntamientos dejarán de prestar servicios tan básicos como asesorar a las mujeres víctimas de violencia de género, colaborar con las personas mayores en las ayudas a domicilio para su aseo personal o la limpieza del hogar, asistir a personas en situación de drogodependencia, promocionar la generación de empleo local o promover las viviendas de promoción pública.

Es decir, la nueva Ley, que aún está pendiente de su aprobación y de la que tan solo sabemos lo que nos adelanta su borrador, podría generar más desigualdad y más exclusión social de las personas con escasos recursos económicos. No hay que olvidar que la primera puerta en la que tocan los ciudadanos para que los políticos le resuelvan sus problemas es el ayuntamiento, por lo que no se puede entender, que siendo la administración que menos deuda pública tiene y la que más en contacto está con el ciudadano, en vez de ser reforzada con la nueva Ley va a ser castigada, lo que repercutirá negativamente sobre los habitantes de cada uno de los municipios de España y de Canarias.

Pero, claro, interesa más hablar del sueldo de los políticos. No digo yo que no haya que hablar, pero en su justa medida.

Gustavo Martín Cerpa

Presidente de Nueva Canarias en Arucas

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