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jueves, 04 de junio de 2026 09:53h.
sueldo
Economía

El sueldo medio baja un 3,2% en tres años en Canarias

7 A este dato, no por conocido menos pavoroso, que aporta José Miguel Pérez en CANARIAS 7, es preciso añadir alguna puntualización. Aparte de la permanente, que reflejaba Padylla hace ya tiempo, de que sube el turismo, pero bajan los salarios (y el empleo sigue estancado).

Comunicados

MOYA PUEDE presenta su código ético donde vinculara su sueldo al salario mínimo y renunciará a privilegios

Los cargos electos de MOYA PUEDE (MSP) son aquellas personas que, tras el proceso electoral, resulten elegidas para actuar como tales en las instituciones. También serán considerados como tales las personas que, en su caso, resulten designados por MOYA PUEDE (MSP) para ocupar cargos de libre designación, representación o gestión en dichas instituciones.

Política

A pesar del chantaje de Spínola y Paulino, el TSJC duda de la constitucionalidad de birlarle parte del sueldo a personal pùblico

"El TSJC duda de la constitucionalidad de la reducción salarial a 3.600 empleados públicos". La banda que gobierna Canarias, en su ardor neoliberal por recortar presupuestos públicos, partió la cruel idea de recortarle empleo y sueldo a un grupo de empleados y empleadas no funcionariales. Como eso no se sostiene jurídicamente -como demuestra el profesor Santiago Pérez, en memorable artículo, que vuelvo a publicar- la artimaña de estos pseudonacionalistas -unos- y desertores del socialismo -los otros- ha desencadenado una catarata de demandas judiciales. Y la cosa ha terminado nada menos en que el Tribunal Superior de Justicia Canariasle maja las liendres a los aprendices de Maquiavelo, declarando su opinión de que la medida agrede la Constitución y, por tanto, inicia un procedimiento ante el Tribunal Constitucional. Por menos de eso, un gobierno decente, en un país denocrático, hubiera agarrado la puerta. Claro que no es el caso, evidentemente. La cuestión es otra de las muchas que revisten sublimes niveles de gravedad. a tal punto, que es el propio gobierno de Paulino quien reconoce la debilidad jurídica de su medida.