Por fin, una oportunidad real para la cooperación fiscal internacional - por Jomo Kwame Sundaram, profesor de economía y antiguo secretario general adjunto de la ONU para el Desarrollo Económico IPS

KUALA LUMPUR – Después de décadas de resistencia de las naciones ricas, los gobiernos africanos presionaron con éxito para que las Naciones Unidas lideraran la cooperación fiscal internacional. Todos los países del Sur en desarrollo y los gobiernos imparciales deberían apoyar esta iniciativa.

Liderazgo de la ONU

El Informe Oficial del Secretario General de las Naciones Unidas fue elaborado mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, inusualmente adoptada por consenso a finales de 2022.

Todos los países deben trabajar ahora para garantizar avances en la financiación a fines de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la justicia climática después de grandes reveses debido a la pandemia, la guerra y las sanciones ilegales.

Los países ricos habían bloqueado una iniciativa anterior de cooperación fiscal en la cumbre de Adís Abeba sobre Financiación para el Desarrollo a mediados de 2015. Con una financiación extremadamente inadecuada, los ODS estaban condenados a un nacimiento muerto.

El Informe incluye opciones para fortalecer la cooperación fiscal internacional y es, posiblemente, la propuesta reciente más importante –sorprendentemente, de una ONU asediada y muy ignorada– para mejorar la financiación para el desarrollo y el progreso de los ODS.

Propone tres opciones: un convenio fiscal multilateral, un convenio marco de cooperación fiscal internacional y un marco de cooperación fiscal internacional. Los dos primeros serían jurídicamente vinculantes, mientras que el tercero sería de carácter voluntario.

Propuesta de Eurodad

En respuesta, la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad) ha hecho una propuesta – apoyada por la Alianza Global para la Justicia Fiscal (GATJ, en inglés) – señalando: “Es hora de que los gobiernos cumplan… [y]… cooperen internacionalmente para poner fin a los paraísos fiscales y garantizar que los sistemas fiscales sean justos y eficaces.

“La evasión fiscal internacional está costando a los presupuestos públicos cientos de miles de millones de euros en ingresos fiscales perdidos cada año, y necesitamos una respuesta urgente, ambiciosa y verdaderamente internacional para detener este problema devastador.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

“Creemos que el instrumento adecuado para ello es una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional y hacemos un llamado a todos los gobiernos para que apoyen esta opción…

“Durante el último medio siglo, la OCDE ha estado liderando la toma de decisiones internacionales sobre normas tributarias internacionales y el resultado es un sistema tributario internacional profundamente ineficaz, complejo y lleno de lagunas, además de sesgado en beneficio de los países más ricos y los paraísos fiscales.

“Además, el proceso de la OCDE nunca ha sido internacional. Los países en desarrollo no han podido participar en pie de igualdad y las negociaciones han sido muy confusas y cerradas al público.

“Necesitamos que las negociaciones fiscales internacionales sean transparentes, justas y estén dirigidas por un organismo en el que todos los países participen como iguales. La ONU es el único lugar que puede lograrlo”.

¿Un gran paso adelante?

Se espera que el fortalecimiento de la cooperación fiscal internacional sea el tema principal del Diálogo de alto nivel sobre financiación para el desarrollo de las Naciones Unidas, que tendrá un día de duración y se celebrará el 20 de septiembre en Nueva York,  en el marco de las sesiones inaugurales de la 78 Asamblea General.

Una resolución de la ONU sobre cooperación fiscal internacional (para debate en la 78 Asamblea General que se abre el 19 de septiembre) debería planificar un proceso intergubernamental liderado por la ONU. Después de todo, desarrollar tales soluciones es un propósito clave de la multilateral ONU.

El Grupo Africano en la ONU había pedido una Convención sobre Impuestos en 2019, para ayudar a frenar las salidas financieras ilícitas. Después de todo, esos flujos relacionados con los impuestos son problemas internacionales que requieren soluciones multilaterales.

La cooperación fiscal internacional debe ser inclusiva, eficaz y justa. Las propuestas de Eurodad-GATJ merecen la consideración de todos los Estados miembros que negocian un convenio fiscal de la ONU. El resultado debería incluir:

• Crear un organismo tributario internacional inclusivo. La Convención debería crear acuerdos internacionales de gobernanza fiscal, utilizando un enfoque de Conferencia de las Partes (COP), en el que todos los países participen como iguales. Actualmente, las normas tributarias internacionales se deciden en diversos organismos donde los países en desarrollo nunca participan como iguales.
• Permitir un enfoque incremental para lograr otros acuerdos intergubernamentales. El resultado debería ser una convención marco, con estructuras, compromisos y acuerdos básicos que permitan futuras actualizaciones y mejoras.
• Incorporar los intereses, preocupaciones y necesidades de los países en desarrollo para lograr la justicia fiscal. La Convención debería abordar los intereses, preocupaciones y necesidades de los países en desarrollo, reemplazando las actuales normas y estándares tributarios que favorecen a las naciones más ricas.
• Mejorar la coherencia internacional. La Convención debería desarrollar un sistema coherente para todas las naciones, incluidos los países en desarrollo. En última instancia, debería sustituir la plétora de tratados y acuerdos fiscales bilaterales y plurilaterales existentes por un marco general coherente. Esto debería mejorar la eficacia y reducir la evasión fiscal.
• Fortalecer los esfuerzos internacionales contra los flujos financieros ilícitos, especialmente los que involucran la elusión y evasión fiscal, con reglas y estándares más simples, coherentes y directos para mejorar la transparencia y la cooperación entre los gobiernos.
• Eliminar los precios de transferencia. El Convenio debería eliminar los precios de transferencia reemplazando las normas existentes que permiten tales prácticas abusivas.
• Gravar a las corporaciones transnacionales a nivel global. Las ganancias consolidadas de las corporaciones transnacionales deberían gravarse a nivel mundial. Los ingresos tributarios deben distribuirse entre los gobiernos con una tasa impositiva mínima efectiva sobre la renta corporativa basada en una fórmula acordada justa y basada en principios que reconozca las contribuciones de los países en desarrollo como productores.
• Poner fin a la aceptación forzada de procesos sesgados de resolución de disputas. La Convención no debería exigir que los países acepten procesos sesgados, como el arbitraje vinculante, que favorecen a quienes pueden permitirse costosos recursos legales. La prevención eficaz de disputas reduciría la necesidad de resolverlas. También podrían negociarse mecanismos alternativos para resolver disputas (utilizando procesos de toma de decisiones inclusivos y transparentes) en el marco de la Convención.
• Mejorar el desarrollo sostenible y la justicia. El Convenio debería promover una tributación progresiva a nivel nacional e internacional. Debería garantizar que una mejor gobernanza tributaria internacional respalde los compromisos y deberes del gobierno, especialmente en relación con la Carta de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Mejorar la rendición de cuentas del gobierno. La Convención debe garantizar una toma de decisiones tributarias transparente y participativa, en la que los gobiernos rindan cuentas ante el público nacional.
• Garantizar la transparencia. La propuesta de Eurodad enfatiza el “ABC de la transparencia fiscal”, es decir, el intercambio automático de información, la transparencia de los beneficiarios reales y la presentación de informes país por país.

El progreso real no será fácil, especialmente después de las tácticas de mano dura –utilizadas por el Grupo de los Siete (G7) de las mayores economías ricas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)– para imponer sus propuestas fiscales a expensas de los países en desarrollo.