Las instituciones: juguetes de los partidos y causa de desafección política - por Jesús López-Medel / ¿Para cuando la regeneración democratica? comenta Antonio Aguado
Antonio Aguado, coherente veterano socialista, exmilitante del PSOE, recomienda y comenta este artículo
¿Para cuando la regeneración democratica?
comenta Antonio Aguado
Pedro Sánchez repitió en varias ocasiones que España es una democracia plena, hasta que burdamente se vio acosado por el PP y Vox con sus acusaciones a miembros de su familia, más concretamente a su esposa y hermano.
Sin embargo, cuando esas mismas campañas detractoras iban dirigidas a miembros destacados de Podemos, como fueron los casos de Victoria Rosell, Alberto Rodríguez, Pablo Echenique y Juan Carlos Monedero y de Monica Oltra de Compromis, haciendo caso omiso se puso de perfil.
Lo cierto es que, desde abril del año pasado anunció la regeneración de la democracia, pero hasta ahora no ha dado ningún sintoma y menos aún información. de como y en que piensa hacerlo y así mismo los plazos que tiene estipulados. La frase ante la galería le quedó muy bien, pero ahora se trata de lo expuesto llevarlo a la practica. Esto, antes de que la situación se complique más y pueda ser demasiado tarde.
Antonio Aguado Suárez
Las instituciones: juguetes de los partidos y causa de desafección política
Jesús López-Medel
CTXT *
La apuesta de Sánchez por la ‘regeneración democrática’, tras su amago de dimisión hace diez meses, se queda en papel de celofán
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La utilización fraudulenta de determinadas palabras que llevan implícito un mensaje positivo se ha convertido en una de las prácticas más comunes de manipulación del lenguaje. El uso manifiestamente torticero de las que implican valores humanos o sociales produce un desgaste tanto del vocablo como de la idea genuina que representa. Son tiempos en los que se banalizan o prostituyen con frecuencia palabras nobles que deberíamos preservar. Cuando una líder madrileña habla de “libertad” de modo insistente y en el sentido distorsionado que le atribuye, saltan los plomos de quienes han trabajado por la verdadera libertad en este país. Cuando un galaico muy torpe emplea por vez primera en su vida la palabra “igualdad” y la esgrime contra la amnistía, este vocablo resuena en su voz campanuda a modo de blasfemia. Cuando el presidente valenciano habla de “transparencia”, está vomitando el fango que lleva dentro con riesgo de asfixia.
Hace casi un año, el presidente del Gobierno tuvo una pájara ciclista, amenazó con bajarse de la bicicleta y el pelotón de gregarios que le seguía se quedó sin voz de tanto gritar a Forrest que continuase. Tras la incertidumbre, acaso teatral, el episodio se saldó con unas proclamas a favor de la “regeneración democrática”. El paso del tiempo ha confirmado que solo eran papel de celofán. Seguir hablando, como hacen algunos, de que tenemos una “democracia plena”, no solo es muy incierto sino también tremendamente conformista, pues es obviar que una proporción mayoritaria de españoles estima que hay un deterioro claro de la calidad democrática. Y esto es nítido a nivel institucional y se debe, particularmente, a la acción de los partidos principales. Los otros no pintan nada porque se borran.
Sobre lo anunciado enfáticamente, nada en serio se ha hecho y, como Álex Grijelmo o Isaías Lafuente sostienen, las palabras deben tener contenido real para evitar el descreimiento del pueblo que las escucha. Si los gobernantes actuales no son capaces de implementar medidas imaginativas, serias y concretas, cuando Sánchez u otro vuelva a utilizar enfáticamente la expresión “regeneración”, la mitad de los españoles se reirá y la otra mitad se irritará. Salvo algún acólito entusiasta, nadie le creerá. Algunos insistiremos en que es posible articular propuestas concretas positivas menores pero que pueden tener gran valor.
Las palabras deben tener contenido real para evitar el descreimiento del pueblo que las escucha
Hoy la ciudadanía tiene malas impresiones de lo que es la realidad por la apropiación que han hecho los dos partidos –y los otros por silencio cómplice decepcionante– de las instituciones del Estado. El deterioro y contaminación de estas ante la voracidad de aquellos causa descrédito, deterioro de la calidad democrática y, quiero subrayar, desafección ciudadana. ¿Les es indiferente? ¿Les costaría tanto implementar medidas que reviertan el estado de opinión y confianza de la ciudadanía?
Este es un tema que acaso pudiera parecer menor para las cosas que están sucediendo aquí (afuera, ni te cuento), pero tiene su importancia, pues considero necesario quitar argumentos fáciles a los antisistema ultraderechistas, que utilizan los defectos puntuales de nuestra democracia para atacarla y socavarla. En cambio, quienes la defendemos tenemos que impulsar mejoras no solo para perfeccionarla sino también para arrebatar esa bandera crítica a quienes son antidemócratas. No sé si es tan difícil de entender, pero me cuesta (y me molesta mucho) la insensibilidad de nuestros gobernantes progresistas que en estos asuntos son bastante pasotas e involucionistas.
Como parece que les cuesta tanto formular alguna propuesta, procedo a aportar algunas ideas –sobre las que vengo escribiendo, y que no son tan complejas de articular– para regenerar lo que el tiempo y la avaricia de poder han ido maleando.
Así, en el caso del Tribunal Constitucional, debe aclararse si los magistrados pueden ser miembros de un partido político, como ha sucedido en algún caso (un presidente de la institución se descubrió que era militante del PP). En mi opinión, la ley debería prohibirlo. Asimismo, debería evitarse que lleguen a la institución personas que en un tiempo anterior (tres o cinco años) hubieran ocupado un cargo político de confianza. Por otra parte, debe recogerse también en la propia ley orgánica algo elemental pero que se ha incumplido en varias ocasiones: la abstención en la votación de un miembro que ha sido recusado.
En el caso de una institución importante de asesoramiento aunque bastante desconocida como es el Consejo de Estado –su labor se ha incrementado con este gobierno que me niego a calificar como progresista (¿Sumar por qué calla siempre?)–, podrían ser varias las medidas concretas de regeneración.
La primera sería acabar con la permanencia vitalicia de los consejeros permanentes, que resulta ser un anacronismo. Son, junto con el monarca, las únicas personas (nueve) que tienen un mandato vitalicio hasta que fallezcan. Esto encaja bastante mal con la temporalidad que en una democracia avanzada deben tener los cargos públicos. Con el máximo respeto a ellos y los servicios prestados, en la actualidad quienes ostentan esos cargos tienen unas edades de 95, 88, 85, 84, 80, 78, 77, 75 y 65 años (la última nombrada hace una semana). Así, si se quiere prolongar estos cargos más allá del tiempo de la jubilación, podría fijarse una edad concreta, pero no para siempre. La experiencia y agradecimiento no debe ser la excusa para una canonjía vitalicia.Ç
La experiencia y agradecimiento no debe ser la excusa para una canonjía vitalicia
Asimismo, en este grupo de consejeros, el partido gobernante ha promovido como consejeras permanentes a tres exministras que, tras haber sido miembros del gobierno, han pasado (una de ellas recolocada desde la propia presidencia de la institución) a ocupar y cobrar un cargo hasta el final de sus días. Y esto no está nada bien, ¿verdad? Cuando llegue el PP, el camino se lo habrá marcado el PSOE. Aparte, está la nula transparencia y el total disimulo con que se hace. Esos trucos dañan la democracia.
Por otra parte, de los diez consejeros electivos que hay ahora, tristemente son todos del PP y PSOE (se coló un ex IU), salvo los casos de María Emilia Casas y Elisa Pérez Vera con currículos brillantes ambas. Todos son elegidos por el Gobierno por un tiempo de cuatro años. Está bien que se renueven, pero ¿no podría introducirse legalmente un límite de tiempo? Algunos van por la cuarta renovación… Si se portan mal, finito.
Sobre esta idea de la temporalidad, también podría hablarse del Tribunal de Cuentas, donde no existe límite (a diferencia de los 9 años en el Tribunal Constitucional y los 5 del CGPJ, ambos no renovables). En el caso del órgano de fiscalización de las cuentas públicas son 6 años, pero a base de renovaciones, alguno ha llegado a veinticuatro años. Eso no es positivo… salvo para el agraciado. Cuando se retire, cobrará una importante cesantía.
Por otra parte, el CGPJ, el órgano más politizado en cuanto a su modo de actuar –muy rocoso– y su origen (las asociaciones “profesionales” actúan a modo de partidos y lobbys de colocación), dejó pasar hace un año la ocasión de evitar prolongaciones que bloqueen la no renovación, que previsiblemente volverá a suceder por un bando, por el otro… o por ambos. Debería establecerse un sistema que forzase la renovación que corresponda para evitar dilaciones por tacticismos de conveniencia.
Podrían exponerse más medidas, pero no todas deben tener carácter legislativo. Algunas supondrían apenas un pequeño esfuerzo para que los partidos políticos dejasen de considerar las instituciones como juguetes propios que moldean a su propio interés. Como ejemplo, que no promovieran candidatos hooligans propios sino personas de cierta relevancia y que no respondieran a cuotas estrictamente de partido. Pero esto también parece un sueño…
* Gracias a Jesús López Medel y CTXT y a la colaboración de Antonio Aguado
