Con la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local cuyas intenciones económicas y políticas son la reducción del ámbito público de gestión y participación política vecinal y la apuesta a disposicíón del interés económico privado de los recursos y bienes que son de titularidad y gestión colectiva.

Y más recientemente, con la aprobación de la Ley de Montes que permite recalificar áreas quemadas y que impide a los agentes forestales denunciar delitos ambientales, tan sólo podrán denunciar infracciones administrativas.

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