Ofensiva política de las instituciones que secuestran la voluntad popular - ESPACIO INDEPENDIENTE

Demandamos una solución democrática y republicana

 Altos magistrados de las principales instituciones de la judicatura, la patronal CEOE y los partidos herederos del franquismo están en pie de guerra. En todos los casos tratan de impedir que la voluntad popular se pueda expresar de alguna manera, declarando el CGPJ y el Tribunal Constitucional, por encima y al margen de la misma Ley. Rebelión antidemocrática de un sector de la judicatura que trata de superponerse a las competencias de las Cortes Generales y amenaza con declarar inconstitucional un acuerdo de Cortes -aún no tomado- sobre las reformas destinada a desbloquear el funcionamiento del CGPJ y del Tribunal Constitucional. Un verdadero golpe de togas franquista contra los representantes de la voluntad popular que soportan una Ley de Leyes contraria a la democracia y a la soberanía de la cámara que expresa la soberanía popular.

La patronal CEOE y CEPYME, por su parte, se niegan a negociar las subidas salariales necesarias para hacer frente a las fuertes subidas de los precios de productos de primera necesidad; y rompen el diálogo con el Gobierno y el Ministerio de Trabajo, declarando que se quiere controlar los Expedientes de los numerosas Regulaciones de Empleo, en los que se han invertido miles y miles de millones. La patronal demanda barra libre para ser financiados con dinero público, sin que sobre dichos dineros se ejerza control alguno, profundizando en el gran negocio de la “paz social” contra los derechos de los trabajadores y de los mismos sindicatos. De todo ello se deduce un pulso político declarado de los sectores más vinculados al pasado franquista contra la mayoría en Cortes y, de rebote. contra el mismo Gobierno de coalición.

Y este pulso antidemocrático coincide con el estallido de la corrupción en las máximas instancias de la Unión Europea, entregando a los jueces belgas a miembros de una red de sobornos vinculada a una ONG destinada a blanquear políticamente a los dictadores de Qatar, para sus grandes negocios relacionados con el gas y el petróleo. Los detenidos son diputados del grupo socialdemócrata y un alto cargo del Parlamento Europeo. La red operaba en el mismo sentido que se ha movido la burocracia de la Unión: reconocimiento de las dictaduras del Golfo y de muchos de sus países miembros, multiplicado sus negocios con la cúpula de dictadores. También es el caso de España, que acaba de agasajar al Emir de Qatar con todo tipo de homenajes, sin decir ni una palabra de la violación permanente de los derechos humanos y de las condiciones de semiesclavitud de los trabajadores. Empresas españolas vienen de realizar suculentos negocios con el fondo soberano qatarí. El caso del mundial de fútbol es un espejo de estas relaciones corruptas, que afectan de lleno a altos cargos de la Federación Española de fútbol, empezando por su mismo presidente.

Todos los medios europeos insisten en la trama corrupta puesta al descubierto con la detención de la vicepresidenta Eva Kaili (socialdemócrata griega, que calificó a Qatar como “líder en derechos laborales”) y otros representantes del organismo de dedicados a la “lucha contra la corrupción”. Trama que se extiende en primer plano a países como Marruecos, que actúan de intermediarios de los qataríes, y que han corrompido a los que han apoyado su dominio militar e ilegal sobre el Sahara Occidental, lo que afectaría de plano al giro español sobre la cuestión del Sahara. Todo esto es solo la punta del iceberg de una corrupción mucho más amplia, que se extiende a la compraventa de armas y al lobby que ha logrado la “otanización” de la Unión Europea para el impulso del militarismo y la guerra de Ucrania al servicio de los intereses de los EEUU.

El rey de Marruecos y su régimen despótico goza de relaciones privilegiadas, tanto con la Unión Europea, como con el Reino de España. En este marco ha de entenderse la actuación represiva conjunta en las fronteras de Melilla y la cínica negativa al referéndum de autodeterminación que mandata las Naciones Unidas para la descolonización.  

El problema de fondo es que la corrupción y el soborno se extiende a la mayoría de los grupos representados, porque los grupos de presión forman parte del sistema político europeo. Mientras tanto, los “hombres de negro” de la Unión Europea exigen al Gobierno español la ejecución de la segunda fase de la privatización de las pensiones y amenazan con cerrar el grifo de las finanzas destinadas a la recuperación económica, lo que entrañaría el colapso del Gobierno español, entregado en cuerpo y alma al mandato de los financieros de Bruselas. En este contexto, la Comunidad de Madrid, que actúa como un acicate trumpista dentro y fuera del PP, promoviendo la ofensiva antidemocrática contra la mayoría, se propone aprobar una Ley Ómnibus, que trata de modificar más de cincuenta leyes y decretos para relanzar la política de desmantelamiento de todo lo público, y en particular de la sanidad, al tiempo que ejecuta la desregularización del suelo.

La huelga de médicos de atención primaria y de los pediatras cumple ya 26 días continuados, y nos sitúa en el terreno de la lucha contra los planes de privatización de la Unión Europea que, en el caso de España, atentan contra la salud de la población que no se puede costear la sanidad privada, que, además, está siendo financiada por los PGE con dinero público. Es un caso flagrante de privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas. El Colegio de Médicos, lejos de alinearse con los médicos, es el primer defensor de la política de privatización de la CAM, actuando al margen de los mismos colegiados. En asamblea multitudinaria celebrada en el Colegio de Médicos, la mayoría ha establecido la continuidad de la Huelga General y la movilización contra los planes trumpistas de Ayuso. La continuidad de la huelga de médicos de Atención Primaria es un potente llamamiento a todos los sectores que necesitan oponerse a las privatizaciones y que demandan la reversión de todas ellas mediante la actuación conjunta.

El estallido del conflicto político y social en Perú no puede ser desconocido por quienes defendemos la democracia y la voluntad popular por sus aspiraciones en todas partes. Denunciamos la falsificación de los medios acusando al presidente Castillo de golpista, cuando es él, su gobierno y el pueblo, quienes están sufriendo el golpe de la OEA, de los EEUU, ejecutado por la oligarquía limeña. Llamamos al Gobierno español y a la Unión Europea a corregir su deriva, para que se condene el golpe contra Castillo, se reclame su inmediata puesta en libertad, y se convoquen elecciones a Asamblea Constituyente, que es la voluntad mayoritaria expresada en las huelgas y en las movilizaciones populares en Perú. Exigimos al Gobierno español y a las Cortes Generales que se condene el golpe trumpista en Perú, que se comprometan a no vender armas y material antidisturbios a los golpistas, que han causado ya decenas de muertes y cientos de heridos. La solidaridad internacional con el pueblo de Perú es una causa que no podemos dejar de poner en primer plano en la actualidad política.

La defensa de las reivindicaciones sociales y democráticas, y del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo, no es ajena a la oposición a quienes de una u otra forma se contraponen a la voluntad y soberanía popular. Y en esta coyuntura, hay que oponerse con la movilización a las exigencias de los poderes judiciales del régimen que, mediante un verdadero “Golpe de Togas”, trata de imponer a las Cortes Generales el poder de los tribunales y el de instituciones no elegidas herederas del franquismo. La guerra judicial contra la voluntad popular no es una cuestión nueva, sino una contradicción que se arrastra desde hace muchos años.

¡Luchar para imponer la voluntad popular y democrática es avanzar en el camino de las Cortes Soberanas y la República!