Robo de un escaño

Rafael Álvarez Gil

TELDE ACTUALIDAD

Ahora se entiende por qué Meritxell Batet se ha alejado de la primera línea política. El Tribunal Constitucional ha dado la razón a Alberto Rodríguez y ha enmendado la decisión del Tribunal Supremo. Eso sí, en vez de centrarse en la desproporcionalidad de la sentencia contra el tinerfeño ha preferido discurrir por cuestiones técnicas en relación a la expresión del fallo a son de la legalidad penal. Vamos, que tenía que haberse ceñido expresamente a la multa (90 días con cuota diaria de 6 euros) y obviar la pena de prisión lindada a la accesoria de inhabilitación especial para el derecho sufragio pasivo mientras durase la condena (un mes y quince días).

Probablemente, lo ha hecho así para no entrar en colisión directa con un fallo del Supremo que arrebató el escaño a un representante elegido por las urnas; y encima siendo una sentencia sujeta exclusivamente al principio legal de veracidad del agente policial donde la parte contraria está compelida siempre a revertirla a cuenta de la carga de la prueba. A ver cómo demuestras que en la manifestación contra la ‘ley Wert’ en La Laguna en 2014 no diste ninguna patada a nadie… Más que carga de la prueba se antoja una prueba diabólica.

Ahora que tanto se habla de ‘lawfare’ y algunos alzan el grito en el cielo porque alegan que denunciar este tipo de prácticas es cuestionar el sacrosanto Estado de Derecho, aquí tenemos un caso que, cuando menos, alimenta el debate de marras. Por no mentar al exjuez Salvador Alba (condenado en firme y en prisión) en su persecución contra Victoria Rosell…

Arrebatarle el escaño a Alberto Rodríguez era hacerlo a todas aquellas personas que le votaron, incluso al resto del electorado de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en las elecciones generales de 2019. Tras la expulsión indebida del Congreso de los Diputados, fue recibido en el aeropuerto de Los Rodeos como un héroe popular, desde el clamor ciudadano y con banderas canarias con las siete estrellas verdes. Entonces se sintió abandonado por una parte de sus correligionarios de su otrora formación: Unidas Podemos. Algunos le llamaron para solidarizarse, otros le ignoraron por completo. Por cierto, el abogado del tinerfeño es el mismo de Carles Puigdemont: Gonzalo Boye.

El tinerfeño siempre apeló a la desproporcionalidad de la medida aun desde una visión sociológica: le hacían a él lo que le hicieron porque era obrero y canario, porque no disponía de apellidos de hidalguía ni se movía por el Madrid de los contactos valiosos. Aunque lo que quedará para la posteridad será la sentencia del Tribunal Constitucional (ha resuelto este recurso de amparo y el segundo que está pendiente le será, desde luego, favorable por derivada misma) y el rol desempeñado por Meritxell Batet. La presidenta de la Cámara, propuesta por el PSOE, se achantó ante el Tribunal Supremo y no veló por la separación de poderes, ni siquiera procuró preservar con argumentos y respuestas a las misivas judiciales la independencia del poder legislativo que es, en democracia, del que emana precisamente la legitimidad del poder ejecutivo y del judicial. Son las Cortes Generales las que ostentan la legitimidad de origen, y sin ella sí se quiebra el Estado de Derecho. El Parlamento, de hecho, es el primer intérprete de la Constitución. Y el Tribunal Constitucional revisa esa interpretación que ha realizado. No olvidemos esto último al calor de la ley de amnistía en curso. Con Alberto Rodríguez, la justicia llegó tarde.

* Gracias a Rafael Álvarez Gil y TELDE ACTUALIDAD y a la colaboración de Antonio Aguado

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