La (supuesta) legalización del PCE - HOJAS DE DEBATE

 

Toda la militancia comunista de entonces creyó que el PCE que había sido presentado a inscripción era el fundado el 15 de abril de 1920 y que los Estatutos entregados en el Registro eran los aprobados en el VIII Congreso. Sin embargo, lo que se había presentado en el Registro de Asociaciones Políticas no eran los Estatutos vigentes del VIII Congreso, sino otro muy diferente de contenido eurocomunista.

En el verano de 1976, durante el Pleno del Comité Central celebrado en Roma, Carrillo propuso como una de las tareas principales conseguir la legalización del PCE.

El 11 de febrero de 1977, Tamames, Bornao, López Salinas, Melchor y Sandoval, conocidos como dirigentes del PCE, declaraban ante la prensa que acababan de presentar la solicitud de inscripción del PCE en el Registro de Asociaciones Políticas del antiguo Ministerio de la Gobernación al frente del cual se encontraba Manuel Fraga Iribarne.

Aceptando literalmente las manifestaciones de Tamames, toda la militancia comunista de entonces creyó que el PCE que había sido presentado a inscripción era el fundado el 15 de abril de 1920 y que los Estatutos entregados en el Registro eran los aprobados en el VIII Congreso, con una sola modificación: la supresión de las normas limitativas de la democracia interna, normas impuestas por la clandestinidad y, por tanto, ya innecesarias.

Días después, el Gobierno Suárez anunció el traslado del expediente a la Sala 4ª del Tribunal Supremo, que más tarde se declaró incompetente en el asunto. El 9 de abril posterior el Gobierno acuerda la legalización del «PCE».

Sin embargo, lo que se había presentado en el Registro de Asociaciones Políticas no eran los Estatutos vigentes del VIII Congreso, sino otro muy diferente de contenido eurocomunista.

En efecto, Carrillo, Tamames, Sánchez Montero, Azcárate y otros eurocomunistas constituyeron una Asociación Política a la que bautizaron con el nombre de «PCE» y cuyo contenido estaba en completa contradicción con el PCE que durante cuarenta años se enfrentó al terror franquista. Así, cuando Suárez decía haber legalizado al PCE, se refería a esa «asociación política» no comunista, en tanto los camaradas de entonces (y muchos de los actuales) creían que el presentado en el Registro y el legalizado era el PCE constituido en 1920. La realidad era que ni éste ni sus Estatutos aprobados en el VIII Congreso habían sido ni siquiera presentados en las dependencias del antiguo Ministerio de la Gobernación.

Pese a lo ocurrido, Santiago Carrillo no dejaba de señalar de manera pública que hemos sido legalizados sin haber hecho ninguna concesión.

Una prueba que demostraba que los Estatutos presentados en el Registro de Asociaciones Políticas del Ministerio del Interior, en febrero de 1977, no se correspondían con los Estatutos que habían sido aprobados en el VIII Congreso del PCE de 1972 y que se encontraban en vigor en 1977 se obtuvo, curiosamente, como consecuencia de un auto de procesamiento de 23 de mayo de 1977 de un Juzgado de Instrucción de Granada, cuyo titular era Francisco Sillero, por el cual se acordaba el procesamiento de Isidoro García y José Luis Monereo por propaganda ilegal por llevar consigo 690 ejemplares de los Estatutos del PCE del VIII Congreso. Esta resolución judicial exponía: «el artículo 1 de los Estatutos del PCE está en plena contradicción con los artículos 1 al 7 de los Estatutos de la Asociación Política denominada PCE, que fueron presentados en el Ministerio de la Gobernación y originaron la legalización del mencionado Partido.»

 

Los Estatutos presentados a la legalización y los aprobados en el VIII Congreso estaban en plena contradicción y cada uno de ellos correspondía a un Partido distinto. En aquellos desaparecían conceptos tales como:

— el carácter de Partido de la clase obrera;

— el marxismo-leninismo como base ideológica del PCE;

— la dirección colectiva;

— las normas de ingreso en el Partido;

— el internacionalismo proletario;

— el derrocamiento del capitalismo y terratenientes;

— el comunismo como objetivo final de nuestra lucha;

— la célula como fundamento orgánico del PCE».

En efecto, el artículo 1º de los Estatutos del VIII Congreso vigentes en 1977 señalaban que:

El PCE es el partido político de la clase obrera, guía y organizador del movimiento progresivo y revolucionario del pueblo. El PCE es la unión voluntaria y combativa, basada en la ideología marxista-leninista, de los luchadores avanzados de la clase obrera, de los campesinos, de las fuerzas de la cultura, de todos los trabajadores españoles. El PCE lucha por el derrocamiento del régimen de los capitalistas y terratenientes, por la transformación socialista de la sociedad, por el comunismo. El PCE educa a sus militantes en el espíritu de fidelidad insobornable a la causa de la clase obrera y del pueblo, en el espíritu del internacionalismo proletario, de la solidaridad entre los trabajadores de todos los países, en la lucha contra el imperialismo. En el momento actual, los objetivos inmediatos del PCE son el derrocamiento de la Dictadura franquista, la paz, la democracia y la independencia nacional.

Sin embargo, los Estatutos presentados en el Registro de Asociaciones Políticas por diferentes miembros de la dirección eurocomunista en febrero de 1977 señalaban en sus artículos 1º a 7º que:

Los presentes Estatutos tienen por objeto la regulación de la Asociación Política denominada PCE […] (que) tiene como fines esenciales la contribución democrática a la determinación de la política española con objeto de conseguir la plena democratización del sistema político […] el PCE afirma su plena independencia nacional en la elaboración de la línea política como en la búsqueda a la democracia socialista que tenga en cuenta las peculiaridades del país […] los objetivos en el periodo actual son la Reconciliación Nacional que asiente las bases de una convivencia pacífica entre los españoles, el establecimiento de una democracia auténticamente representativa y la consecución de los objetivos y aspiraciones de las clases y sectores sociales (clases trabajadoras y de cuantos sectores sociales sufren cualquier tipo de explotación u opresión) […] el PCE tiene asimismo como objetivos la transformación socialista de la sociedad, la eliminación de cualquier tipo de explotación u opresión. Tales objetivos pretenden alcanzarlos por medio de procedimientos democráticos y con el mantenimiento de una sociedad pluralista que consolide y profundice la democracia representativa.

Del análisis del auto de procesamiento del Juzgado de Instrucción de Granada se deducían, según José Satué[i], las siguientes conclusiones:

— Que existían dos partidos políticos con las mismas siglas «PCE» y cada uno de ellos con sus Estatutos: el Partido Comunista de España, fundado en 1920, y la Asociación Política denominada PCE constituida por Tamames y otros y presentada el 11 de febrero de 1977 a legalización.

— Que el PCE y sus Estatutos del VIII Congreso no fueron presentados a inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas y, en consecuencia, que el PCE seguía en la ilegalidad, oficialmente perseguido.

— Que lo que Tamames y los otros cuatro firmantes presentaron a legalización fue una Asociación Política denominada PCE y cuyos Estatutos legalizados estaban en plena contradicción con los del Partido.

— Que bautizaron a esa Asociación Política con el nombre de PCE, propiciando conscientemente la confusión entre la militancia a fin de transferirlos engañosamente a su nueva Asociación.

Una vez presentada en el Registro de Asociaciones Políticas la solicitud para la inscripción de la Asociación Política denominada PCE, la Oficina Jurídica del Ministerio de la Gobernación elevó un informe negativo.

A tenor de este informe, para que la legalización de la Asociación presentada por Tamames y otros cuatro fuera o no inscrita dependía que sus promotores demostrasen ante el Tribunal Supremo que no existía identidad de contenido entre el PCE histórico que había iniciado su andadura en 1920 y la denominada «Asociación Política» cuyos Estatutos habían sido presentados para su aprobación administrativa.

Para probar esta falta de identidad de contenido, José Satué[ii] comenta:

[…] el Procurador Don Cristóbal Bonilla Sánchez, en nombre de Tamames y los otros cuatro, elevó el día 4 de marzo al Tribunal Supremo un extenso Pliego de Alegaciones de 65 páginas, donde se encierra un completo tratado de bribonería. Documento con el que los traidores al PCE se desenmascaran ya oficialmente como paridores de una criminal maniobra para rematar definitivamente al Partido. Sus alegaciones, desconocidas por los militantes e incluso por la mayoría del Comité Central, merecen su premio: el beneplácito gubernamental a la inscripción de su Asociación Política.

En las páginas 44 y 45 del Pliego de Alegaciones[iii], Tamames y los otros firmantes manifiestan:

El PCE cuya inscripción se pretende hoy no es, desde luego, el PCE o el comunismo más o menos abstracto y deformado que se describe y se condena en las sentencias penales en que se ha basado la Administración para suspender aquella inscripción[…] Si alguna vez existieron tal como eran descritos, se los llevó el viento de la Historia. Y mis mandantes no tratan ahora de intentar legalizarlos, evidentemente […] Lo que solicitan es que se inscriba (en igualdad con otros partidos socialistas, no socialistas o incluso no democráticos, que han sido legalizados ya) el concreto PCE delimitado por los Estatutos presentados al efecto y configurados en su realidad viva, reflejada en los documentos que se acompañan.

De esa manera quedaba meridianamente claro que los promotores de la Asociación denominada «PCE» presentaron unos Estatutos diferentes a los aprobados en el VIII Congreso de 1972, vigentes entonces. Por consiguiente, el PCE que fue legalizado en 9 de abril de 1977 no era el PCE constituido en 1920 «y para que este no resurja se encargan de excluir en España y en el tiempo a cualquier otro PCE monopolizando estas gloriosas siglas de acuerdo con la oligarquía en el Poder».[iv]

Afirmaba Carrillo y sus seguidores, creyéndolos no pocos militantes, que habían luchado por conseguir la legalización del Partido. Pero la única verdad es que no llegaron a mover un solo dedo por conseguirla. Un verdadero dirigente, indica José Satué, «se habría apoyado en las masas trabajadoras para conseguir este objetivo: exigir y obtener de la oligarquía, sin concesiones deshonrosas, su derecho a definirse y organizarse políticamente alrededor del Partido que se precia de representarlas y defenderlas».[v]

Extractos del Capítulo «Eurocomunismo (2)» del libro «El XX Congreso del PCE (abril 2016-diciembre 2017, ¿Un Congreso especial?, páginas 57 a 90, EditorialBubok, 2020, Miguel Medina Fernández-Aceytuno, militante del PCE, https://www.bubok.es/libros/262829/EL-XX-CONGRESO-DEL-PCE-abril-2016-diciembre-2017-UN-CONGRESO-ESPECIAL-En-defensa-de-la-legalidad-partidaria

[i] JOSÉ SATUÉ, Hojas de Discusión, p. 7, n.º 5, diciembre de 1977. 

[ii] JOSÉ SATUÉ, Hojas de Discusión, p. 8, n.º 5, diciembre de 1977. 

[iii] JOSÉ SATUÉ, Hojas de Discusión, p. 8, n.º 5, diciembre de 1977. 

[iv] JOSÉ SATUÉ, Hojas de Discusión, p. 9, n.º 5, diciembre de 1977. 

[v] JOSÉ SATUÉ, Hojas de Discusión, p. 10, n.º 5, diciembre de 1977. 

* En La casa de mi tía por cortesía de HOJAS DE DEBATE con la colaboración de Arturo Borges Álamo

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