derogación

Coronavirus: Parte de novedades. Prórroga estado de alarma. ¿Derogación reforma laboral? Fase 2. Economía canaria intervención pública. Ingreso canario de emergencia. Inmigración irregular. Sellección y notas de domingo Méndez, Prensa Canaria del 21 mayo

 Por todo ello exigimos la retirada del copago farmacéutico de los pensionistas, en particular, y la derogación del RDL 16/2012, en general.

Esta petición será entregada a:

• Congreso de los Diputados

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El gobierno estatal del PP ha publicado una orden ministerial en diciembre anunciando  que el MEC elaborará el 70 % del contenido de la PAU y que el otro 30% restante será competencia de las comunidades autónomas. Este anuncio se hace como si se tratara de la muestra de un nuevo talante democrático y de consenso  del gobierno estatal del PP. En realidad lo que se oculta detrás de la PAU es un engaño más a la ciudadanía.

Santiago Pérez recuerda que estas normas “constituyeron un dique legal frente a las pretensiones urbanizadoras del PGO del Gobierno de La Laguna presidido por Fernando Clavijo”. Rubens Ascanio indica que, mientras se tramita el Proyecto de Ley Canaria del Suelo, el PGO de La Laguna ha entrado en un tiempo de espera con el objetivo de poder acogerse a una norma claramente “liberalizadora y desreguladora de la gestión del territorio y de los recursos naturales del Archipiélago”.

Roberto Gil-Hernández, consejero de Podemos, concreta que el Cabildo tinerfeño ha acordado declarar que el IRPH “es opaco, influenciable por las entidades, no representativo del mercado, perjudicial para los consumidores y que debe ser considerado abusivo”. En esa línea, añade, esta institución va a instar al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España a adoptar todas las reformas legales necesarias para la derogación inmediata de este índice como tipo de referencia para préstamos hipotecarios.

La diputada María del Río explica que también se pide que el Parlamento de Canarias declare “este decreto contrario a los intereses de la comunidad educativa canaria al estar inspirado en principios pedagógicos ineficaces y fomentadores de la desigualdad”.

Podemos quiere que el Parlamento de Canarias declare el IRPH abusivo, fácilmente influenciable por los bancos, opaco y perjudicial para los consumidores. Podemos pide al Gobierno de Clavijo priorizar el trabajo con entidades que no utilicen este índice, que supone que los hipotecados paguen una media de 300 euros más al mes que si se referenciara con otro indicador.