NC acusa al Gobierno de Telde de convertir el municipio en “territorio de destrucción de empleo” tras conocer el expediente de despido de las trabajadoras de las Escuelas Infantiles
Luis Miguel Azofra denuncia en TAMAIMOS esta nueva cascarria que cuelga entre las pelambres de La Casa de Canarias en Madrid. Desde luego, une genuina representación de las malas mañas presentes en la administración canaria.
Una más de los cientos de cancaburradas que perpetra Paulino en alegre compaña de sus consejeros y consejeras. Se han dedicado a jubilar personal facultativo que tenía derecho reconocido a prolongar su vida laboral. Han prescindido de profesionales con experiencia y especialidades, si contar, encima, con gente para sustituirllos. Y ahora, no solamente van a tener que readmitirlos, con la befa correspondiente, sino que la borma va a costar un pico en indemnizaciones.
Porqué no valen los finiquitos a plazos ni las indemnizaciones diferidas
Margarita, la consejera que Paulino tiene, no se yo muy bien para qué, ha ofrecido esta información, según nos cuentan EFE y CANARIAS 7. Nada que no esteráramos. Los empresarios saben muy bien que la desalmada reforma laboral de Rajoy les otorga carta blanca para el despido. 
Los ricos nunca tienen bastante. Lo quieren todo y lo quieren ya. La operación de sojuzgamiento de los pobres, para obligarnos a trabajar cada vez más por menos, mientras el cuerpo aguante y morirnos después, les parece que va lenta. Y reclaman al gobierno de ese partido nada popular que acelere. Vean lo que piden los de la OCDE, con Ángel Gurría a la cabeza. Claro, hay que entender que llevan muchos años con esta estrategia, como se demuestra en la viñeta de Ivá en EL PAPUS, de 1977, que últimamente esta corriendo por las redes.
“Si el Gobierno estatal acaba finalmente con los fondos del Plan Integral de Empleo para Canarias (PIEC), el ejecutivo canario tiene la obligación de tapar ese agujero”. De esta forma se posicionó Ignacio Rodríguez (IC), en rueda de prensa junto a los delegados del comité de empresa de los trabajadores del SCE a la hora de analizar la posibilidad de que 400 trabajadores vayan a la calle y de que las políticas de empleo para las islas sufran un revés muy duro.
