AMEC tiene mucha razón en esta queja. Cuando el rector de la ULL recurre al TSJC la suspensión cautelar de las sanciones impuestas a estudiantes, está actuando desde la posición de dpoder que le otorga disponer de los fondos públicos. Correlativamente, esto sume en la indefensión a la gente sancionada, que tiene que costear con sus perras las actuaciones judiciales. Tratándose de un tema estrictamente universitario, y como todos y todas queremos que resplandezca la verdad e impere la justicia, lo correcto sería que los gastos de ambas partes las asumiera la Universidad.