El señor fiscal general del Estado –que lo es por decisión del presidente del Gobierno- acaba de llegar a una muy trascendental conclusión ante la Comisión de Justicia del Congreso de los diputados: está muy extendida en el país la idea de que la justicia no trata por igual a todos los españoles. Es decir, que hay cierta cortesía hacia los poderosos. Y esta no se manifiesta cuando el sujeto paciente es un anónimo ciudadano de los millones que no pueden soltarle al policía de turno “¡Usted no sabe con quién está hablando! ¡Deme su número de identificación, se va a enterar usted de quién soy!”. (ùsase también en inglés.)