Firmemos pidiendo una consulta popular sobre la Ley del Suelo en Canarias
SOLICITUD DE CONSULTA POPULAR
PROYECTO DE LEY DEL SUELO DE CANARIAS
Al amparo de lo establecido en la Ley 5/2010, 21 junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, B.O.C. número 127, de 30 de junio de 2010, del Decreto 94/2014, de 25 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana, B.O.C. número 190, de 1 de octubre de 2014, y en el ámbito de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Canarias establecida en el artículo 30, apartado 15, del Estatuto de Autonomía de Canarias, B.O.E. número 195, de 10 de agosto de 1982, en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, LOS ABAJO FIRMANTES, SOLICITAN por el presente escrito a la Presidencia del Gobierno de Canarias, una CONSULTA POPULAR, libre y transparente, sobre EL PROYECTO DE LEY DEL SUELO DE CANARIAS, con una pregunta concreta que indique si se está o no de acuerdo con el proyecto definitivo antes de su votación definitiva por el Parlamento de Canarias. En un tema tan importante como es la ordenación del territorio, desde el punto de vista político, social, económico, cultural y de sostenibilidad, la consulta popular es el mejor mecanismo para revitalizar un urbanismo más democrático. ¡¡Ya es hora que se consulte al pueblo!!, hasta ahora temas de gran trascendencia como son el Estatuto de Autonomía, su reforma, la bandera de Canarias, el himno o temas de gran relevancia para la sociedad canaria no han pasado por la consulta al pueblo canario.
En Canarias y en el actual contexto de grave crisis económica, en el que se ha visto a la luz en toda esta etapa democrática muchísimas irregularidades, tanto en el ámbito inmobiliario y urbanístico, así como deterioro del medio ambiente y pérdida de biodiversidad, e innumerables arbitrariedades por la realización de proyectos ilegales o insostenibles que han inundado de desconfianza a la sociedad canaria. La realización de una consulta, no refrendaria pero si de un gran valor político, se presenta como una herramienta eficaz para satisfacer los requerimientos de mayor profundización en materia de democracia participativa en el urbanismo, en referencia específica al nuevo proyecto de Ley del Suelo de Canarias.
En la práctica, se puede afirmar con total rigor, que la participación ciudadana realizada a través de la información pública se ha manifestado como un mero trámite procedimental en la aprobación de los planes urbanísticos, que carece de trascendencia alguna, porque no vincula de ninguna manera a las administraciones ni a los responsables políticos, por tratarse de una simple formalidad. Por esta razón, siendo el urbanismo un campo vivo y dinámico, en constante evolución, que necesita herramientas participativas más eficaces que faciliten el desarrollo de Canarias, existe una imperante necesidad de incrementar los supuestos de participación, con instrumentos más contundentes, como la consulta popular a las ciudadanas y ciudadanos, para guiar la toma de decisiones discrecionales en el seno de la Administración y un mayor control social.
Hace falta mejorar la calidad de la democracia, hay que hacer más partícipes a la ciudadanía en la vida local y urbana y evidentemente el modelo de democracia representativa ha sufrido muchos reveses, sobre todo en los ámbitos locales y urbanísticos, con la acumulación de tramas de corrupción y multitud de amaños y arbitrariedades, siendo por tanto necesario profundizar en las formas de participación directa como complementarias a la democracia representativa.
No hay que temer a la consulta popular, los mecanismos consultivos brindan mayores oportunidades de implicación de los ciudadanos y ciudadanas, y corresponsabilizan a la sociedad canaria en la satisfacción del interés público latente en el urbanismo. Con la consulta pública, en definitiva, se posibilita la realización de un control social altamente efectivo de la oportunidad, sostenibilidad y legalidad de una Ley de gran transcendencia que, sin vincular las decisiones administrativas, pues no se trata de sustraer sus potestades, acotará el margen de decisión de las esferas de decisión política, ya que, conociendo la voluntad y criterios populares, no podrán actuar sin tenerlos en cuenta, dado el gran valor político de una consulta popular y democrática.
La ciudadanía canaria tiene que ser consciente de la importancia de esta Ley del Suelo de Canarias, de ordenación del territorio, debe tener en cuenta la exigua capacidad de abastecimiento alimentario de nuestras islas, derivada de la tensión especulativa que ha sufrido el suelo rústico totalmente expuesto a la iniciativa empresarial de los sectores económicos más hipertrofiados de Canarias: la construcción y el turismo. Un suelo rústico que ya, de por sí, y debido a esa tendencia histórica no ha podido cubrir las necesidades reales de la población como la soberanía alimentaria, y que en realidad solo se ha dedicado a potenciar únicamente a los sectores que responden mejor a los intereses de la élite empresarial y a la desaparición de terrenos fértiles ya irrecuperables, hecho que ha impedido el desarrollo integral de Canarias.
Amén de recurrir a los Tribunales de Justicia, a la ciudadanía canaria no se le debe recortar las vías de participación para defender el derecho democrático de decidir su futuro, el derecho constitucional a vivir en un entorno sano, y el derecho europeo a participar en asuntos que tengan que ver con la protección del territorio y el medio ambiente. Porque ordenar el uso del territorio de las Islas condiciona intensamente el modo de ser y de estar de la sociedad canaria: la forma y límites de sus pueblos y ciudades; la preservación de la biodiversidad y del patrimonio geológico y paisajístico, del litoral y de las costas; la protección del suelo agrícola como recurso estratégico, esté o no actualmente en explotación; la dimensión, el trazado y la ubicación de infraestructuras y equipamientos públicos y los espacios aptos para las actividades económicas.
En definitiva, la consulta popular se presenta como una interesante fórmula de participación funcional en la Administración urbanística, que requiere una regulación más moderna e integral, acorde con los postulados de un Estado social y democrático de derecho, y que permita, en el ámbito urbanístico, institucionalizar la figura en el procedimiento de aprobación de planes, para democratizar nuestro modelo urbanístico y darle una reorientación hacia la sociedad y la ciudadanía. La Ley del suelo que propone el Gobierno de Canarias no afecta, en principio, ni a competencias del Estado ni a las de otras comunidades autónomas. Es, por tanto, un asunto específico y exclusivamente canario, de autogobierno del Archipiélago.
Por tanto, ¡¡ya es hora que se consulte al pueblo!!, hasta ahora temas de gran trascendencia como son el Estatuto de Autonomía, su reforma, la bandera de Canarias, el himno o temas de gran relevancia para la sociedad canaria no han pasado por la consulta al pueblo canario.