Manifiesto de la Red de Solidaridad Popular de Jinámar, con motivo del Día Internacional de la Pobreza, 17 de octubre

La avaricia y los gobiernos que la favorecen, tienen a más de la mitad de la población del mundo en una situación de pobreza y a más de 800 millones de personas, pasando hambre (FAO).

El secuestro del desarrollo científico-técnico, en manos de multinacionales para el desarrollo de sus negocios y su avaricia, agrava la situación de salud, el hambre y las necesidades de la mayoría de la población mundial, condenándolas a vivir en condiciones miserables.

El terrorismo, las guerras inventadas y declaradas por los países ricos a los países empobrecidos que tienen enormes recursos naturales; las sanciones económicas y la desestabilización de los gobiernos democráticos, son fatídicos instrumentos que utilizan la avaricia para el expolio de las riquezas de dichos pueblos, a costa de incrementar el sufrimiento, la inseguridad y el agravamiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población mundial.

La pobreza y la avaricia son fruto de decisiones humanas sin escrúpulos, de gobernantes con malos principios y peores valores. Condenamos a los gobiernos que favorecen la opulencia, al mismo ritmo que empobrecen a la mayoría de la población, legalizando la vergüenza de la avaricia y la indignidad de la miseria.

Denunciamos que nuestros gobernantes, no gobiernan la economía, que son organismos privados supranacionales, representantes de la avaricia, (FMI, BM, BCE…), quienes les ponen los manuales que dictan las políticas económicas, que generan tanta injusticia social, pobreza y desigualdad.

La pobreza persiste y se perpetúa, porque la mayoría de los gobernantes se dejan cautivar por los avariciosos, a cambio de migajas.

Denunciamos que grandes empresas, organismos privados y los gobiernos que favorecen las desigualdades, han hecho de la pobreza un gran negocio, del que viven muchas ONGs, que a su vez son financiadas por los gobiernos y las compañías que generan miseria. Por tanto, la solución a la pobreza no es el incremento de la ONGs, ni su financiación; sino la justicia social, políticas sociales públicas potentes, el gobierno para la mayoría; la redistribución de la riqueza y del conocimiento científico-técnico; el restablecimiento de la cooperación internacional de los estados y el refuerzo del papel de la ONU (suprimiendo los derechos de veto y los privilegios de unas naciones sobre otras).

Exigimos que Nuestro Gobierno controle la economía para garantizar la redistribución de la riqueza y la solidaridad por ley, para garantizar el bienestar de la población y evitar el sufrimiento por causas económicas.

Denunciamos al gobierno de Coalición Canarias por su voluntad de desmantelar las políticas sociales en Canarias, con su nueva Ley de Servicios Sociales, que condenará a la población empobrecida y necesitada, a la caridad, (al tercer sector). Tal Ley muestra graves carencias en políticas sociales públicas y la renuncia a tener programas propios para promover la justicia social y hacer frente a los problemas más graves de los canarios.

Reprobamos que el gobierno de Coalición Canaria, presuma de superávit presupuestario, cuando el 44% de la población canaria se encuentre en situación de pobreza y exclusión social (Informe AROPE), y más de 220 mil canarios padezcan pobreza severa, con carencia de ayudas sociales y pasando calamidades.

Condenamos que en Canarias se persista un modelo económico (REF), fracasado para la mayoría, que reproduce las desigualdades, que solo garantiza el enriquecimiento de una minoría y que perpetúa el empobrecimiento de la mayoría.

Denunciamos graves carencias en políticas sociales, del Gobierno de Canarias, de los Cabildos y los Ayuntamientos y la derivación institucional, humillante, de los más necesitados a ONGs caritativas y confesionales.

Manifestamos que los gobiernos locales deben garantizar unos servicios públicos básicos potentes, porque son garantía de mayor equidad. Que las políticas sociales públicas tienen que estar en manos de profesionales, con varemos transparentes, prioridades establecidas y manteniendo la observancia pública; y que dichas políticas deben desligarse de la ONGs confesionales y/o con intereses concretos.

Condenamos a los políticos y gobernantes que entregan los servicios básicos del estado a los avariciosos, a las empresas privadas, desprotegiendo a la inmensa mayoría y generando desigualdades. Por ello condenamos la privatización paulatina de la sanidad, de los servicios sociales, de la educación, etc.

Instamos a la sociedad civil a organizarse y crear redes de solidaridad, para la defensa de los derechos humanos y hacer cambiar de rumbo a nuestros gobiernos, para acabar con las desigualdades y la pobreza, redistribuyendo mejor la riqueza y garantizando condiciones de vida dignas para todos.

RED DE SOLIDARIDAD POPULAR DE JINÁMAR