Sí se puede recurrirá la contratación de los servicios de la gestión del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
Juan Miguel Mena, concejal de Sí se puede en La Laguna, ha anunciado que la próxima semana presentará un recurso contra la contratación de los servicios para el asesoramiento técnico y emisión de informes en el ámbito ordenado por el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico.
Sí se puede recurrirá la contratación de los servicios de la gestión del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
Consideran que es una clara externalización de servicios que corresponden en exclusiva a los funcionarios públicos, lo cual está prohibido por ley
Juan Miguel Mena, concejal de Sí se puede en La Laguna, ha anunciado que la próxima semana presentará un recurso contra la contratación de los servicios para el asesoramiento técnico y emisión de informes en el ámbito ordenado por el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico.
Consideran desde la formación de izquierdas, tras el estudio de la documentación sobre el nuevo concurso, que se produce “una clara externalización de servicios que corresponden en exclusiva a los funcionarios públicos, lo cual está prohibido por ley”. A este respecto el edil asegura que los empleados públicos municipales están perfectamente capacitados, “al superar las pruebas específicas para resolver los asuntos que se le planteen, de forma que con esta decisión el Ayuntamiento pretende crear y mantener una administración paralela”.
Desde Sí se puede creen igualmente que los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones no son válidos, al figurar explícitamente que es necesaria la experiencia en la “redacción de planes especiales de cascos históricos declarados BIC, en la redacción de planes especiales en ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad y en la gestión de los planes especiales tanto en Cascos Históricos declarados BIC como en ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, durante los últimos 3 años”. Opinan que con este tipo de requisitos se vulnera la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, que en su artículo 45 prohíbe expresamente la discriminación a favor de los contratistas previos en los procedimientos de contratación pública, siendo “nulas de pleno derecho todas aquellas disposiciones contenidas en disposiciones normativas con o sin fuerza de Ley así como en actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano del sector público que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier administración”.
De esta manera piensan que con esta decisión de la Gerencia de Urbanismo se está discriminando a muchísimos profesionales canarios con abundantes conocimientos en materia de patrimonio histórico, empezando por los propios técnicos municipales, y primando a la empresa multinacional que hasta ahora se ha encargado del control del conjunto histórico.
La formación ecosocialista apuesta claramente por una gestión pública y participativa del patrimonio lagunero, ya que consideran que el gasto de este servicio, que supone más de 278.000 euros anuales, es absolutamente inasumible en el momento actual, “más aún cuando existe una fuerte contestación de vecinos y especialistas sobre muchas actuaciones promovidas por la empresa que hasta ahora ha realizado esta labor”.