Frías pide explicaciones por los 529.367 euros que no se han cobrado por infracciones urbanísticas

Pedro Arcila preguntará en la Comisión de Control si hay previstas medidas sociales relacionadas con el transporte público

Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha pedido la comparecencia del concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, o el de Hacienda, Alberto Bernabé, para expliquen mañana en la Comisión de Control por qué el área de Disciplina Urbanística del Consistorio ha dejado de cobrar entre 2011 y 2013 un total de 529.367,37 euros en concepto de multas por infracciones urbanísticas, lo que considera una “total ineficacia recaudatoria” por parte del equipo de gobierno.

Las cantidades pendientes de cobro se desglosan de la siguiente manera: en 2011 se debieron recaudar 109.001 euros, de los cuales no se cobró ni uno; en 2012 se recaudaron 5.260 euros de un total de 72.361,05; y en 2013 quedaron pendientes de cobro 353.265,32 euros.

Sí se puede ya denunció esta situación a finales del año 2012 y en aquella ocasión el grupo de gobierno y técnicos municipales achacaron esta irregularidad a la situación heredada de mandatos anteriores y aseguraron que la recaudación volvería a la normalidad gracias a un convenio firmado con el Consorcio Insular de Tributos. Sin embargo, pasado más de un año la situación es exactamente la misma

Transporte público

Por otra parte, en la Comisión de Control de mañana deberá ser respondida una pregunta que quedó pendiente en el último Pleno sobre si el grupo de gobierno tiene previsto aplicar a corto o medio plazo alguna política social en relación con el transporte público, teniendo en cuenta las múltiples quejas manifestadas por los usuarios desde que se hicieron efectivas las nuevas tarifas.

Estas subidas contemplan una drástica reducción de las bonificaciones a algunos colectivos, algo que Sí se puede considera inasumible para un importante sector de la población, y colocan al municipio como la segunda capital de provincia, después de Huelva, donde más se incrementó el precio del transporte público de viajeros entre 2012 y 2013.

Además, Frías preguntará a la concejala delegada de Atención Social, Alicia Álvarez, cuándo, con qué recursos humanos y mediante qué procedimientos va a reanudarse la información, orientación y asesoramiento jurídicos por parte del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), tanto a sus usuarios como al propio personal técnico municipal, después del despido de las tres trabajadoras que prestaban este servicio.

Por último, Arcila espera conocer en la sesión de mañana la posición del grupo de gobierno respecto a los retrasos en la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO) del municipio. El edil ha pedido la comparecencia del delgado de Urbanismo para que explique, entre otros extremos, a qué se refiere el alcalde, José Manuel Bermúdez, cuando habla de “una mano negra en el Gobierno” en relación con este retraso.