Habeas corpus: ¿leyes propias de la dictadura, en democracia? - por Erasmo Quintana *

En este país, el reino de España, a nadie se le esconde el poco interés que despierta que la Policía Nacional y Local, acogiéndose a la todavía vigente “Ley Mordaza”, atropellen los derechos, por ejemplo, del diputado por Unidas Podemos de Tenerife, Alberto Rodríguez, que fue acusado sin pruebas por un miembro de la misma de haberle propinado una gran patada en una manifestación callejera de hace unos cuantos años, que casual y oportunamente reavivaron por su actual condición de diputado.

Lo mismo que ahora con la cómica María León, a la que esa misma policía acusa de dar “una paliza” a una mujer policía, cuando aparte de que niega la mayor, es una alfeñique de 55 kgs., la investigan por el gravísimo delito de atentado contra la autoridad. Por una fatídica y vigente Ley Mordaza, impuesta por Mariano Rajoy (PP), cuando gobernaba con mayoría, esa que el PSOE de Pedro Sánchez no quiere derogar todavía, inhumana y abusiva, pues lo que dice un policía de una persona va a misa por los jueces, y de nada vale la palabra del acusado o acusada, en que las más de las veces, incluso, sin tener en cuenta el habeas corpus que les asisten como ciudadanos. Por encima de la palabra del detenido está siempre la del policía, sin necesidad de prueba que lo asista y confirme.

En Alberto Rodríguez, además la injusticia alcanzó a su escaño en el Congreso de los Diputados, del cual fue despojado por la presidenta de la Mesa, Maritxell Batet (PSOE), caso insólito que se ha dado en la reciente historia parlamentaria y en un régimen que llaman democrático.

¿No les parecen estas actuaciones, a mis amigas y amigos, más propias de la dictadura franquista? Dicho esperpento y lo que se hacía con el invicto Franco ahí andan de parecidos, lo que me afirma en mi antigua cantinela de que el dictador murió y sus restos bien enterrados, pero su alma o espíritu sobrevuela en techos y bóvedas de los edificios ministeriales y otros de ringo rango, haciendo cabriolas que maravillan en nuestro subconsciente adormilado, advirtiéndonos que el franquismo continúa vivo y coleando, a pesar de que se hizo la Transición política en España, aquella que luego afirmaron -dictadores reconvertidos en demócratas- ser modélica y enseñanza para el mundo de lo que se debía hacer con un papelón de esa naturaleza.

A la minúscula y frágil actriz, María León, la detuvieron en la madrugada del viernes al sábado, 1 de octubre, por la policía local de Sevilla. En sus dependencias, declaró haber sido víctima de un abuso policial, al tiempo que agradecía las muestras de apoyo recibidas en las redes sociales. Ha sido rotunda: “Niego haber agredido a nadie (lo mismo que Alberto Rodríguez cuando fue detenido). No es mi intención -continuó hablando alto y claro- poner en entredicho el trabajo necesario que hacen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en nuestro país. Pero sí debo denunciar que he sido víctima de un abuso policial por parte de unos agentes de la Policía Local de Sevilla. El caso está en manos de mis abogados y desde este momento pongo toda mi confianza en la Justicia”. Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Español contra la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Sevilla, fruto de la detención de María León, en su caso ganadora de un Goya a la mejor actriz revelación por “La voz dormida”.

María León responde así de contundente en Twitter tras el altercado de este fin de semana

La APDHA ha apuntado que el caso María León “ejemplifica tres tipos de irregularidades, extendidas entre las autoridades que son: la difusión de notas de prensa que presuponen la culpabilidad de la ciudadanía (antes de que lo vea un juez), desalentar la grabación de las actuaciones policiales y los innecesarios traslados a dependencias de la policía”. Sobre el lamentable suceso que nos ocupa, las redes sociales han compartido el meollo de la cuestión con expertos juristas, quienes han señalado las irregularidades cometidas en la actuación de María León”. Como en los mejores tiempos del franquismo, decimos nosotros. Que ante los abusos cometidos por las autoridades debemos levantar la voz y recordarles que la dictadura fascista ya hace bastante tiempo, en teoría, desapareció. Que nuestro silencio no sea cómplice del incumplimiento de la ley de quienes deberían ser los primeros en acatarla.

Éstos, que hacen caer todo el peso de la Ley sobre el ciudadano, son los primeros en no aplicársela ellos mismos. ¿Cómo interpretamos que, por la negativa del PP a renovar el CGPJ y Tribunal Constitucional, porque perdió la mayoría absoluta ya no le interesa lo que establece la Constitución, rompiendo la baraja, alega ahora que deben ser los jueces quienes se nombren entre ellos, ocasionan que los órganos rectores de la Justicia lleven cuatro años vencidos sus cargos, y los jueces, vista la irregularidad, no hayan dimito en bloque? La justicia se aplica muy finamente al ciudadano anónimo, haciendo recaer sobre él la pesada maquinaria de la Ley. Sin embargo, esos justicieros son los primeros en no cumplirla, si se tercia, y aquí no pasa nada. Tan sinsentido es todo, que ha tenido que venir de Bruselas el Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders (qué vergüenza, qué bochorno), para intentar que nuestros políticos desbloqueen la situación numantina pepera y se nombren a los nuevos miembros de esos altos órgano judiciales como, precisamente, dispone la Ley. 

* En La casa de mi tía por gentileza de Erasmo Quintana