Román Rodríguez promoverá un pronunciamiento del Parlamento por considerar que atenta contra la autonomía y las competencias de los ayuntamientos

Nueva Canarias (NC) defenderá la derogación de la ley de las administraciones locales del PP. El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, anunció que promoverá un pronunciamiento del Parlamento de Canarias por considerar que esta norma atenta contra la autonomía y las competencias de los ayuntamientos. El también presidente de esta formación política avanzó el apoyo del diputado en el Congreso Pedro Quevedo a una proposición no de ley del PSOE que pretende el mismo fin. Román Rodríguez afirmó que “Canarias tiene que consolidar la voluntad de cambio” expresada por los ciudadanos en las recientes convocatorias electorales.

El presidente de NC declaró que, en el Estado español, “se ha abierto una oportunidad para poner fin a las dañinas políticas de la austeridad del PP, que exigen una respuesta” de las instituciones públicas canarias y que refuercen las decisiones a tomar por el próximo Gobierno estatal de cambio y de progreso.

Román Rodríguez aseguró que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es “una de las herencias más dañinas” dejadas por el PP. Con esta norma, el presidente de NC explicó que los ayuntamientos pierden autonomía y las competencias en política social, lo que afecta a la aplicación de la ley de la dependencia, al desarrollo de políticas culturales y deportivas, la atención a las víctimas de la violencia de género, las políticas de la infancia y las de atención domiciliaria, entre las principales.

Tras la reciente presentación de una proposición no de ley del PSOE en el Congreso de los Diputados que promueve la derogación de esta norma, que Pedro Quevedo apoyará en cumplimiento de los compromisos electorales de la alianza suscrita el 20D, Nueva Canarias entiende que las instituciones públicas canarias deben contribuir a anular la misma.

Román Rodríguez anunció que promoverá una petición del Parlamento de Canarias en ese sentido. La contestación de rechazo generada por esta reforma, tal y como recordó, tuvo su reflejo en los recursos de inconstitucionalidad, presentados a mediados de 2014, por el Gobierno de Canarias, “del mismo color político que el actual”; el de Andalucía, Cataluña y Asturias. También los parlamentos de Extremadura, Cataluña, Navarra y Andalucía además de 130diputados del PSOE, la Izquierda Plural, UPyD y NC en el Congreso en la pasada legislatura y cerca de 3.000 ayuntamientos (de los 8.117 que hay en el Estado) que gobiernan a unos 17 millones de ciudadanos españoles.