Los pactos de Estado de Feijóo no incluyen atajar la corrupción judicial ni la reforma radical de la Justicia - por José Antonio Gómez
Los pactos de Estado de Feijóo no incluyen atajar la corrupción judicial ni la reforma radical de la Justicia - por José Antonio Gómez *
DIARIO 16
El discurso del candidato a la Presidencia del Gobierno se centró en elementos que no impactan en la realidad diaria de los juzgados españoles que afecta a miles de personas y que mantiene la impunidad de los poderosos
El discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo, donde ha expuesto las líneas maestras de su programa de gobierno, ha vuelto a olvidar, como han hecho todos los presidentes de la historia de la democracia española, la reforma (o la revolución) más necesaria que se debe implementar ahora mismo en España: la de la Justicia, reforma que debe incluir una investigación radical del patrimonio de jueces y fiscales para eliminar cualquier sombra de dudas sobre la existencia de corrupción judicial en España.
No sorprende que no lo haya mencionado, teniendo Feijóo amigos que no dudan en contar cómo se manipulan decisiones judiciales en favor de los intereses de los poderosos. Tal y como demuestra la grabación hecha pública por Canal Red, en una comida en la que participaban el excomisario Villarejo y un gran amigo de Feijóo, el abogado, lobista y cobrador de deudas Manuel Medina, se comenta cómo fue el proceso para que un juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, archivara la causa por los 2.000 millones de euros que la familia Botín ocultó en Suiza durante décadas.
En las presentaciones de libros de Medina, en las que siempre está presente Feijóo, se juntan personajes de la política como Margarita Robles, actual ministra de Defensa de Pedro Sánchez y que se considera «amiga», expolíticos socialistas de Jaén y Galicia, jueces como el citado Fernando Andreu, Santiago Pedraz, el exjuez Baltasar Garzón, la exministra de Justicia Dolores «Lola» Delgado o Alfonso Guevara, empresarios como Florentino Pérez y presidentes de diferentes empresas del IBEX35.
El espacio de tiempo que Feijóo ha dedicado a la Justicia se ha centrado en afirmar que no aceptará que se llame a los jueces «fachas con toga» y a hacer una serie de anuncios sobre cambios estructurales en las altas instancias, cambios que, por cierto, no afectan directamente a la realidad que sufren la mayoría de los ciudadanos, sobre todo cuando se enfrentan a los poderosos.
«Por eso propongo: probar la renovación del Consejo General del Poder Judicial a la vez que se registra en esta Cámara una ley de reforma del modelo de elección. Defiendo que en el nuevo Consejo no haya ningún político en la lista. Creo que no cabe negociar entre partidos la Presidencia del Supremo (le corresponde al CGPJ). Y deben cumplirse todas y cada una de las condiciones de elegibilidad que ya defendimos en la última negociación. En la nueva Ley, debemos asumir el cierre total de las puertas giratorias entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Y garantizar también la absoluta independencia de la Fiscalía General del Estado. Y ambas cosas (los nuevos vocales y la nueva ley) debieran votarse y aprobarse el mismo día. Una a continuación de la otra. Por resumir: garanticemos que la Justicia está al servicio de los españoles, y que no pueda estar al servicio de los políticos», ha afirmado Feijóo.
El discurso de Feijóo duró casi dos horas y lo anterior es todo el tiempo que ha dedicado a la reforma de la Justicia: un minuto escaso. Además, ha señalado que «no quiero controlar la Justicia. Yo no». Evidentemente, ya lo hacen sus amigos por él.
La Justicia es, quizá, el mayor problema que tiene la democracia española y, precisamente, no lo es porque no se haya renovado el Consejo General del Poder Judicial en 5 años o porque la Presidencia de la Fiscalía General del Estado sea elegido por el gobierno. El problema de la Justicia española está en, precisamente, quienes la imparten porque se ha creado un régimen de impunidad a medida de los poderosos que se despliega desde las altas instancias hacia las más bajas.
Cuando un juez o un fiscal deciden aplicar la ley o iniciar investigaciones contra los poderosos, éstos se rebelan y se activa una especie de procedimiento por el cual los «conseguidores», los mediadores y los grandes despachos de abogados despliegan redes de influencias (o algo más) para que, cuando los hechos demuestran que una gran empresa, personas clave del Estado o familias de rancio abolengo han cometido un delito, sean absueltos los culpables.
El señor Feijóo no hizo mención alguna a que en España, si la ley tiene acorralados a los intereses de los poderosos, se crean doctrinas legales ad hoc o se retuerce la ley. Es decir, que se quiere dar «apariencia de legalidad» a lo que es ilegal. Esto es posible, precisamente, porque no existe un procedimiento o un organismo independiente para investigar o juzgar a los magistrados de las más altas instancias.
En España, los abusos de las clases dominantes no son castigadas por la Justicia precisamente por la impunidad creada por quienes tienen que impartir justicia justa. Con eso es con lo que hay que acabar, porque la impunidad jamás puede ser considerada como interés general o superior, como quieren hacer creer para justificar sus atentados contra el pueblo.
Los amigos de Feijóo ni se tapan, ni se esconden. ¿Cómo es posible que nadie haya hecho nada para frenar esto? Pedro Sánchez tampoco lo hizo…, ni lo va a hacer. Eso sí, si consiguiera formar gobierno está obligado a acabar con esto, con las influencias, con los clanes, con los acuerdos de trastienda, con las sentencias o las decisiones presuntamente «amañadas», con las «listas negras», porque el mayor problema de España y de los españoles es la situación de la Justicia que, por desgracia, no es independiente porque está en manos y controlada por las clases dominantes. Así lo demuestran miles de sentencias que son públicas. Feijóo no hará nada y Sánchez, por desgracia, tampoco, por más que esté política, ideológica y éticamente obligado.
* Gracias a José Antonio Gómez y a DIARIO 16
