El intento de secuestro de una edil del PP será juzgado 14 años después

El lunes se inicia el juicio del ´caso Baute´ con los empresarios Tomás Núñez y Valentín Rodríguez y el exfuncionario Nicolás Baute acusados de conspiración

Laura Docampo 28.11.2013 | 01:51

A punto de cumplirse 14 años del intento de secuestro de la concejal del PP, Raquel Lucía Pérez Brito, la Justicia sentará este lunes en el banquillo a los empresarios Tomás Núñez y Valentín Rodríguez, y al exfuncionario municipal Nicolás Baute. Los tres están acusados de conspiración para cometer un delito de detención ilegal. La causa forma parte del escabroso caso Baute, que estremeció a La Laguna y copó titulares en los medios de comunicación cuando a finales de 2000 Núñez hizo público un vídeo, grabado en diciembre de 1999, en el que Baute proponía a ambos empresarios secuestrar a la edil para neutralizar una posible moción de censura que desalojaría de la Alcaldía a la nacionalista Ana Oramas en favor del PSOE. A cambio, recibirían licencias para sus proyectos urbanísticos y la concesión del contrato de limpieza del Ayuntamiento, lo que implicaba en la trama a varios ediles laguneros.

En el juicio, según adelantó ayer Óscar Martín en esRadio, se presentarán como acusación el Ayuntamiento de La Laguna y también Tomás Núñez, que fue quien denunció el caso ante los tribunales , según dijo entonces, en venganza por haberse arruinado esperando las prebendas prometidas por Baute que nunca llegaron. El constructor niega que hubiera una conspiración y señala al exfuncionario, que trabajaba como auxiliar administrativo, como único culpable pidiendo para él una pena de tres años de cárcel. Núñez y Rodríguez cumplen condenas de tres años y medio y cinco años de prisión, respectivamente, tras haber sido condenados en 2010 por un delito continuado de estafa.

También fueron condenados a indemnizar con un millón de euros a las 42 familias que cayeron en su trampa al comprar sobre plano viviendas en Valle Tabares y La Hornera que no tenían ni siquiera intención de construir, ya que nunca pagaron los terrenos ni los honorarios de los arquitectos que hicieron los proyectos de obra ni los del resto de sus proveedores.

Los empresarios sacudieron los cimientos de la política lagunera en 2000. Un año antes, en las municipales de 1999, el Partido Socialista, liderado por Santiago Pérez, había ganado las elecciones al obtener 13 concejales, pero el pacto entre Coalición Canaria, que obtuvo 10 ediles, y el PP, con cuatro, otorgó la Alcaldía a Oramas. Pérez Brito, que desde el principio estuvo en contra del pacto, asumió las áreas de Cultura y Patrimonio. La tensa relación que tenía con la alcaldesa se rompió cuando Oramas decidió no incluirla en la comitiva que viajó a Marraquech, donde el 2 de diciembre de 1999 la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad.

Apartada de la foto oficial del ingreso de La Laguna en el selecto grupo de urbes protegidas por la Unesco, la concejal popular convocó al día siguiente una rueda de prensa en el Ayuntamiento con el líder socialista Santiago Pérez en la que ambos hicieron sus consideraciones a la declaración mundial. El gesto no pasó desapercibido para sus compañeros del Gobierno local y dio una nueva vuelta de turca a la tensión política que se respiraba en la Corporación levantando todo tipo de rumores sobre su disidencia con el PP y su posible paso a la oposición, con el que el PSOE podría presentar una moción de censura y hacerse con el poder al tener mayoría absoluta.

Disparadas las alarmas, el 13 de diciembre de 1999, mientras Santiago Pérez y Raquel Lucía Pérez Brito celebraran sus respectivos cumpleaños, Baute y los promotores inmobiliarios acusados, Tomás Núñez y Valentín Rodríguez, se reunieron en la oficina de estos últimos. En el encuentro, que fue grabado por uno de ellos, el funcionario les propuso retener a la concejal del PP "unos días en un cuarto oscuro". "El día que va a votar [la supuesta moción de censura] no aparece y se ve en un cuarto oscuro medio jodida. Y tú la sueltas después", detallaba el empleado municipal vinculado a ATI (Agrupación Tinerfeña de Independientes) en el vídeo que Núñez haría público más tarde.

Una vez destapado el escándalo, el Ayuntamiento convocó un pleno extraordinario en el que, a instancias de los socialistas, se decidió crear una comisión de investigación. Dos meses más tarde, Nicolás Baute fue despedido sin derecho a indemnización y poco después, el sistema de elección del presidente de la comisión enfrentó en los tribunales a CC y PSOE .

Raquel Pérez Brito presentó una querella en el caso Baute pero retiró su acusación en 2007. En la actualidad el directora gerente del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. Consultada ayer por este periódico sobre el inicio del juicio por su fallido secuestro declinó hacer declaraciones. El abogado de Tomás Núñez, José Pérez Ventura, admitió ayer "no entender" el retraso de la Justicia para esclarecer este caso. "La instrucción terminó en 2007 y, sin bien es cierto que los juzgados penales de Santa Cruz están colapsados, este retraso no tiene lógica". El proceso estará a cargo de una magistrada de refuerzo ya que el titular del Juzgado de lo Penal número 2 pidió que lo apartaran por ser amigo de Valentín Rodríguez.

http://www.laopinion.es/tenerife/2013/11/28/laguna/512509.html