Reformar el CGPJ para salvar la Constitución Juan Manuel Alcoceba Gil, Amaya Arnáiz Serrano y Javier Truchero Cuevas

INFO LIBRE

La actual situación del CGPJ muestra a la perfección el inexorable proceso de degradación que experimenta nuestro sistema constitucional. Padece una absoluta falta de legitimidad, tras permanecer casi cinco años en funciones. Se encuentra colonizado hasta la médula por el activismo judicial conservador. Y en su presidencia ha acabado, de rebote, Vicente Guilarte, un abogado cuya trayectoria profesional tiene más que ver con los grandes despachos que con el servicio público de justicia. El órgano de gobierno de la judicatura es hoy prueba fehaciente de cómo las fórmulas utilizadas para poner en marcha el régimen del 78 ya no sirven.  

Si algo evidencia esta situación es que, en el escenario presente, la crispación sale mucho más rentable electoralmente que cualquier consenso. Para quien no se haya enterado aún: el tiempo de los grandes pactos de Estado ha pasado a mejor vida y el bloqueo del CGPJ certifica su defunción. En el ámbito de la justicia, como en otros tantos, las reglas del juego no escritas que hasta ahora regían el reparto de poder institucional entre grandes partidos han dejado de funcionar.  

La disfuncionalidad que experimenta el sistema tiene, en buena medida, origen histórico. El legislador orgánico de principios de los 80 tomó como premisa una realidad muy concreta cuando desarrolló el contenido de la Constitución. Partió del equilibrio bipartidista resultante de las elecciones de 1982. Y, a consecuencia de ello, también asumió el turnismo entre grandes formaciones políticas como única dinámica posible para integrar los poderes del Estado no sometidos a sufragio directo. De ahí que la composición de órganos constitucionales como el CGPJ y el TC pivote realmente sobre el acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular y no sobre la composición real de las Cámaras legislativas.  

De hecho, en lo que llevamos de democracia, el pactismo “privado” entre cúpulas partidistas se ha normalizado hasta tal punto, que no ha sido necesario desarrollar un procedimiento interno en el seno de las Cortes Generales para elegir a los candidatos a integrar el CGPJ. Ni el reglamento del Congreso ni el del Senado detallan cómo ha de procederse a la renovación, más allá de reproducir lo establecido en la Ley Orgánica Poder Judicial de 1985. Después de todo, para qué entrar en detalles cuando el plato viene ya cocinado desde Ferraz o Génova. La exigencia de mayorías cualificadas ha funcionado, durante décadas, como mero refrendo de aquello que previamente había sido establecido por el correspondiente conciliábulo.

¿De cuántos órganos constitucionales estamos dispuestos a prescindir, por vía de hecho, para tratar de evitar que la derecha continúe aprovechándose de la obsolescencia que presenta la arquitectura constitucional?

El problema estriba en que de un tiempo a esta parte la dinámica que regía la relación entre estos dos grandes partidos ha cambiado. Ya no hay más turnismo, el mañana ha dejado de existir dentro de la esfera política nacional y la posibilidad de que el Estado colapse resulta más que atrayente para una oposición tan patriotera como institucionalmente irresponsable. En resumidas cuentas, a medida que “el espíritu de transición” se ha ido diluyendo, la capacidad de regeneración de las instituciones también. Como resultado, la parálisis dentro del gobierno del Poder Judicial se ha convertido en norma general, lo que acrecienta aún más la brecha entre órganos judiciales y soberanía popular.

La solución barajada por parte del espectro progresista para atajar este problema pasa por dejar morir al órgano insano. ¿Cómo? Limitando sus competencias con carácter general, vaciando de contenido al CGPJ más allá de las funciones que le atribuye el artículo 122 de la Constitución. De esta forma, el sistema de elección de sus vocales perdería importancia y situaciones como la actual no supondrían un problema para el resto del tejido institucional. Es sin duda una posibilidad tan legítima como cualquier otra, siempre que reúna las mayorías parlamentarias suficientes para su aprobación. Pero conviene preguntarse si no estamos ante la visión del cirujano de guerra, que ante el riesgo de gangrena decide amputar el miembro por imposibilidad de tratar la infección.

¿Qué pasará cuando lo mismo ocurra con el Tribunal Constitucional? ¿De cuántos órganos constitucionales estamos dispuestos a prescindir, por vía de hecho, para tratar de evitar que la derecha continúe aprovechándose de la obsolescencia que presenta la arquitectura constitucional?

Si queremos salvar el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, proclamado en el artículo 1 de la Constitución, es imperativo reformar en profundidad aquellas instituciones que lo sustentan. Y no solo para superar una crisis puntual (o periódica) generada por el Partido Popular a través del bloqueo, sino con la finalidad de replantear de base su régimen jurídico, incluyendo composición, designación de sus integrantes y dinámicas de funcionamiento. Para que el CGPJ sobreviva no vale simplemente con renovarlo. Tenemos que readaptar su naturaleza a la realidad presente de nuestro país, hacer de él un órgano representativo de la sensibilidad social y política mostrada por la ciudadanía a la que sirve. En democracia, la voluntad popular no admite excepciones. 

Juan Manuel Alcoceba Gil y Amaya Arnáiz Serrano son profesores de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y Javier Truchero Cuevas es abogado y socio de Iuslab

* Gracias a Juan Manuel Alcoceba Gil, Amaya Arnáiz Serrano y Javier Truchero Cuevas, a INFO LIBRE y a la colaboración de Antonio Aguado

https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/reformar-cgpj-salvar-constitucion_129_1625146.html