Actuamos por las mujeres violentadas que nadie defiende ARCAN 

 Cuatro mujeres y dos menores serán desahuciadas a la fuerza esta semana por las administraciones, otra mujer con hijo discapacitado está siendo acosada y coaccionada por violentos paramilitares para echarla a la calle, todas en Tenerife, con conocimiento de todos, mientras se celebra la semana de Erradicación de la Violencia Contra la Mujer. 

Esta semana muchas instituciones, partidos y cargos públicos llenarán agendas con discursos y actos simbólicos por el 25N, mientras en Tenerife cuatro mujeres y dos menores del Área Metropolitana (uno de los menores con discapacidad) serán expulsadas de sus casas con la participación directa o el consentimiento de las administraciones, de la Sareb, de los juzgados y de toda una estructura pública que mira hacia otro lado. No les sirve a estas dos familias los informes favorables de Gobierno de Canarias y de los ayuntamientos, ni que se trate de la SAREB en un caso, ni que exista una moratoria que debe cubrirles, ni que no encuentren alternativas habitacionales seguras. Una familia se va a la calle el 26 de noviembre y otra el 28.
Paralelamente, otra mujer de Arona, cuidadora de un hijo adulto con gran dependencia, está siendo hostigada, amenazada y coaccionada por una empresa de desokupa que actúa con total impunidad: cortes de luz, visitas intimidatorias y la amenaza de bloquearle el acceso a su propia vivienda. Todo ello en un inmueble al que entraron con contrato, que pasó de manos privadas a Caixabank (entidad con participación pública), luego a Coral Homes, y posteriormente a otros especuladores, sin que ninguna administración intervenga para protegerla a ella ni a su hijo discapacitado.

 ¿Hay algo más doloroso y violento que verse en la calle siendo mujer con hijo a cargo? Pues esto también es violencia contra la mujer. La más invisible, la más cotidiana, y la más vergonzante, porque es perfectamente evitable, y porque la cometen las administraciones.

Estos hechos serían escandalosos en cualquier país que se tomara en serio la protección a mujeres cuidadoras, menores y personas con discapacidad. Pero en esta España conservadora y aporofóbica se convierten
en una masacre social programada y judicializada, y para mayor vergüenza se da en plena semana contra la violencia hacia las mujeres. Una semana en la que es probable que esos mismos jueces o juezas que las echan a la calle, y los políticos del PSOE que controlan la Sareb y legislan desde el Estado, y los políticos municipales y autonómicos de otros partidos con responsabilidad en vivienda que nada solucionan, participen en sentidos minutos de silencio y otros actos por la erradicación de la violencia contra la mujer. ¿Se puede ser más hipócrita y desvergonzado?  Hablan de igualdad, de protección, de sensibilización, pero cuando una mujer humilde, cuidadora, sola, con menores a cargo pierde su casa, ahí desaparece la protección institucional y toda la verborrea propagandística que la acompaña. Y lo peor es que los desahucios de estas mujeres no son accidentes sociales: son decisiones políticas, jurídicas y económicas premeditadas y perfectamente evitables. Es violencia estructural ejercida por los propios aparatos gubernamentales, cómplices absolutos todos de un mercado inmobiliario voraz y sin freno.

Así las cosas, desde ARCAN no podemos permanecer pasivos, y este lunes acudiremos con estas tres madres al Gobierno de Canarias, al PSOE en el Parlamento de Canarias y a la Fiscalía Superior de Canarias, entre otras instituciones, para que cada una desde sus ámbitos competenciales actúe en defensa de estas familias y del cumplimiento de la legalidad, y exigiremos:

1. Paralización inmediata de los procedimientos de desahucio en los tres casos.

2. Aplicación estricta de la moratoria para grandes tenedores.

3. Alternativa habitacional segura para las tres familias.

4. Intervención del Gobierno de Canarias, Ayuntamientos y el Ministerio de Vivienda.

5. Actuación inmediata del Estado en la Sareb para que cumpla de una vez con su función social.

6. Respeto a la doctrina europea que protege a menores y familias vulnerables.

7. Establecimiento de un nuevo marco legal que regule debidamente la figura del mediador en materia de vivienda, para erradicar del mercado a estas empresas de paramilitares que basan su éxito en un delito.

 8. Y el reconocimiento explícito de que estas violencias (el desahucio, el acoso inmobiliario, el abandono institucional) son también violencia contra la mujer, y deben ser incorporadas al marco de protección integral de la mujer cuya fecha se celebra esta semana. 

NO MÁS MUJERES VIOLENTADAS POR EL SISTEMA
BASTA DE HIPOCRESÍA