Co.bas alerta sobre la privatización silenciosa de la Justicia

• El sindicato llama a los trabajadores del sector a movilizarse como lo han hecho Stop Desahucios o el personal de la Sanidad pública

Lleva el mismo ritmo que la privatización de la Educación o la Sanidad públicas, pero parece que la de la Justicia está pasando desapercibida. El sindicato de bases quiere llamar la atención sobre este proceso y para ello, no basta con poner los hechos sobre la mesa, sino que los trabajadores afectados, y la ciudadanía en general, “deben movilizarse más allá de participar en las huelgas generales”.

El relato de esta privatización se puede argumentar con hechos claros: En  2012, encontramos la reforma de la LDP anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que conllevará la reducción de partidos judiciales -en Canarias, desaparecerán siete- y que supondrá encarecer la Justicia a los ciudadanos.

Ese mismo año, y también Gallardón, saca la Ley de Tasas, lo cual en la práctica   supone una reducción de la litigiosidad, fundamentalmente en Civil, amén de dilapidar el acceso a la justicia en grado de igualdad que la Constitución postula. Es decir, en lugar de hacer las modificaciones oportunas para conseguir una Justicia ágil y eficaz, se opta por desjudicializar la Justicia; si supone un gasto excesivo para las arcas del Estado y no es rentable, que la paguen los usuarios.

El mismo año 2012 tenemos también el proyecto de privatización de los Registros Civiles, y ya en este año, Gallardón anuncia un anteproyecto  de reforma de la  Ley de Enjuiciamiento Civil en virtud del cual los procuradores asumirán funciones que hasta ahora eran de los empleados públicos de Justicia.

Algunas informaciones avanzan también un nuevo anteproyecto de Ley donde se les va a dar competencias judiciales a los notarios en materia de matrimonios, divorcios sin hijos o declaración de herederos. Es decir, una nueva desjudicialización de la administración de Justicia, y una nueva privatización de la misma, donde ya no existirá un Juez ni un Fiscal que intervenga en el proceso y los ciudadanos tendrán que pagar un servicio que deja de ser público para convertirse en privado.

Respecto a los trabajadores, el relato comienza en 2010 con la bajada de sueldo “por decreto” un 5% que llevó a cabo el anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, amparándose en la crisis; continúa en 2011 con el incumplimiento por parte del Gobierno de Canarias de un acuerdo firmado y publicado en el BOCA, después de meses de dura negociación,  eliminando la subida del  complemento específico, y alegando, como no, la crisis y unos presupuestos restrictivos: “hay que cumplir el déficit”.  Hasta la fecha. En el 2012 Rajoy suprime una de las 14 pagas que los trabajadores de esta administración perciben por Ley, también por “la crisis”.  Y en 2013 desaparecen los días de asuntos propios.  

Ante todo ello, co.bas Canarias alerta de la necesidad de una movilización más allá de las huelga generales, una movilización de trabajadores y ciudadanos en general, puesto que la Justicia es la última puerta para la defensa de los derechos legítimos de los ciudadanos, y hacerla inaccesible para algunos, dejarla en manos de intereses privados, es la peor de las privatizaciones, la que nos deja sin un lugar donde defender todo lo demás. Aunque se lleve a cabo de forma silenciosa, las consecuencias de esta privatización serán estruendosas.