co.bas Canarias invita al Gobierno de Canarias a “ser justo” con la devolución del 20% detraído a los empleados públicos fijos

• La organización sindical entiende que la Administración está comunicando medias verdades y poniendo la pelota en el tejado de las centrales para no asumir su responsabilidad.

La organización sindical co.bas Canarias ha acusado a la clase política de comunicar, de nuevo, medias verdades a los ciudadanos con respecto a la sentencia que inculpa al Gobierno de Canarias de haber realizado una ilegalidad al haber detraído el 20% de su jornada y sueldo a una empleada pública (y por extensión a 3500 trabajadores afectados más) simplemente por aplicar arbitrariedad en la gestión económica y de personal, sin tener en cuenta los derechos laborales que aún asisten a los trabajadores.

Es cierto que se ha suspendido la ejecución de la citada sentencia porque el Gobierno ha presentado una cuestión de nulidad para alargar el tiempo, y la agonía, hasta la resolución ahora en el tejado del Tribunal Constitucional, pero no es verdad que ese sea el resultado definitivo.

En este sentido, la organización sindical aclara que después de dos sesiones con la Dirección General de la Función Pública (DGFP),todas las organizaciones sindicales con representación en el ámbito de la Administración General de la CAC, consideran inaceptables los términos que proponen en el Acuerdo Administración-sindicatos sobre reducción de jornadas y proporcional de retribuciones a funcionarios interinos y personal laboral no fijo.

Un acuerdo que conocieron tras el anuncio del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, el pasado 21 de noviembre, donde indicaba que se iba a devolver el recorte del 20% y 10% (según el caso) aplicado a este colectivo, y que establece, de cara al trabajador, que se acreditará en la nómina de diciembre las retribuciones dejadas de percibir por la aplicación de la disposición Adicional Quincuagésimo séptima de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, a los empleados públicos que se encuentren en activo (no se pagará a jubilados, ni personal cesado). Puntualizan que deberán adherirse a este acuerdo de forma individual antes del 14 de diciembre y renunciando a cualquier procedimiento judicial en relación a esta disposición y renunciando igualmente a plantear en un futuro cualquier reclamación administrativa o judicial.

También las organizaciones sindicales, según el acuerdo, deben renunciar a todos losprocedimientos judiciales promovidos en relación a esta Disposición Adicional, así como colaborar con la Administración en su difusión para que todos los empleados públicos estén informados y lograr el máximo número de adhesiones.

El rechazo o la disconformidad de co.bas Canarias, según explican sus portavoces, parte de la base de que la aplicación de la Disposición Adicional es contraria a derecho, por tanto fue una actuación ilegítima, ajena a la voluntad de los afectados, que les causó un daño que no se repara ahora. También se adoptó de forma unilateral por el Gobierno de Canarias y con la oposición de todas las organizaciones sindicales a la que se les comunicó la medida, y la oposición de las que no estando, promovieron acciones contra su aplicación, como es el caso de co.bas Canarias.

Aclara eso sí, el sindicato, que sin entrar en el fondo de las condiciones que deberán suscribir cada uno de los interesados de forma individual, entienden que es una decisión personal de cada uno de los afectados decidir si aceptan que la organización respeta.

Pero, argumenta Cobas Canarias, lo que resulta inexplicable es que si el Gobierno está convencido de que actuó de forma legítima, obligue a desistir de todos los procedimientos actuales; en este sentido, para la central, lo único que propone “es cobrar por un trabajo que han hecho o que van a realizar. No devuelven nada, no compensan el agravio generado”.

Aún con todo, esta organización sindical animó a realizar estos pagos si había voluntad política, e instó a que el Gobierno propusiera a los empleados públicos afectados un acuerdo individual.

En relación a la adhesión por parte de las organizaciones sindicales, cobas Canarias afirma que no puede aceptar que se intente eliminar las herramientas que el Estado de Derecho brinda a estas organizaciones para interponer ante la vía administrativa, o jurídica lo que en defensa de los derechos de los trabajadores la organización estime, y mucho menos coartar este derecho para un futuro.

Además la DGFP entregó el borrador de acuerdo el lunes y exigió la respuesta el miércoles, sin tiempo para poder realizar una asamblea de trabajadores. Todo ello, con la amenaza de que si no se firma se retirará.

“Cobas no puede consentir que este Gobierno quiera poner la pelota en el tejado de las organizaciones sindicales. Si unilateralmente tomó una decisión, que asuma la responsabilidad de la misma y actúe en consecuencia”, advierten.