El STEC-IC acude a la Diputación del Común e Instituto de Igualdad en defensa de las docentes embarazadas

Coincidiendo con la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el STEC-IC ha presentado una queja y denuncia formal ante la Diputación del Común y el Instituto Canario de Igualdad en relación a la deficiente gestión por parte de la Consejería de Educación del permiso de Riesgos Laborales para las docentes embarazadas, denunciando, además, como los diferentes procedimientos que se llevan a cabo por Quirón Prevención y la Mutua de Accidentes de Canarias, se alargan en el tiempo de manera innecesaria e injustificada.

Desde el STEC-IC consideramos que esta situación genera de facto una discriminación de género evidente e injustificada que debe ser atajada por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a la mayor urgencia.

A continuación, texto de la queja/denuncia presentada ante la Diputación del Común y el Instituto Canario de Igualdad

Desde el Secretariado Nacional del Sindicato de Trabajadores/as de la Enseñanza Canarias - Intersindical Canaria (STEC-IC), venimos a formular la presente queja en relación con el deficiente funcionamiento de gestión por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias con el permiso de Riesgos laborales para las docentes embarazadas, y como los diferentes procedimientos que se lleva a cabo por Quirón Prevención y la Mutua de Accidentes de Canarias, son alargados de manera innecesaria.

Cuando se inicia el curso escolar y a lo largo del mismo, cada docente debe notificar su estado de embarazo para que a su vez dé comienzo el protocolo de prevención para el desempeño de su puesto de trabajo. La notificación del estado de embarazo es desde un principio un proceso burocrático arduo y muy lento.

El primer trámite, que lo marca el servicio de prevención se realiza con inmediatez, los problemas aparecen con los servicios externalizados (Quirón Prevención y Mutua de Accidentes de Canarias). Son estos servicios, los que hacen que el permiso no se conceda en tiempo y forma como se debiera. En ambos casos, las docentes embarazadas ven como los plazos se alargan hasta un mes para ser citadas, y además se les requiere documentación que no poseen y no tienen la información necesaria para llevar a cabo el procedimiento lo antes posible.

Desde el curso 2020-2021 y parte del curso 2021-2022, la Consejería de Educación tramita dichos permisos con bastante lentitud. Esto ocasiona en las docentes un riesgo real por las condiciones en las que se ven obligadas a ejercer su trabajo. Los trámites burocráticos impiden recibir el permiso de riesgos en el embarazo en un tiempo prudencial.

Podemos señalar distintos ejemplos a fin de visualizar mejor el problema planteado:

Docente de Educación Especial: muchas trabajan con alumnado NEAE o en Centro de Educación Especial, cuyas condiciones son más complejas y su integridad física se puede ver seriamente afectada.

Docente de Educación Infantil, que no debe permanecer en el centro más allá de la semana 22 de gestación por las características de puesto de trabajo que realiza.

Docentes de Formación Profesional: muchas docentes de especialidades de formación profesional deben exponerse a diario, a pesar de su estado de gestación, a radiaciones, gases y vapores, productos químicos y bacteriológicos o realizar esfuerzos nada recomendables.

La realidad que viven las docentes embarazadas desde que notifican el estado de embarazo hasta que en realidad son atendidas es desgraciadamente tan ardua que muchas terminan en una Incapacidad Temporal.

En ningún caso, se debe consentir que esta situación siga ocurriendo y que exista discriminación de género sobre los derechos ya reconocidos.

Queremos denunciar y hacer visible como los servicios externalizados de índole privada se dedican a dilatar el procedimiento. Máxime cuando se trata de docentes que se encuentran en riesgo físico real por el puesto que desempeña

El Servicio de Prevención de Riesgos laborales con todo lo que acarrea debe analizar los resultados de la evaluación y, si se revelase un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario o la empresaria adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. (Art.26. Ley de Prevención de Riesgos Laborales).

Como quiera que la situación relatada entendemos supone una vulneración flagrante de las obligaciones que cualquier Administración pública tiene para sus trabajadoras y considerando que, además, ello puede vulnerar la legalidad vigente, solicitamos la intervención de la Diputación del  Común y del Instituto Canario de Igualdad al respecto de todo lo expuesto, quedando a su entera disposición para cualquier cuestión o ampliación de información que considere oportuno.