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domingo, 12 de mayo de 2024 13:07h.

Demandan un 4% del PIB para educación en los presupuestos de 2018

 

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La Comisión Permanente de la Junta de Personal Docente No Universitario de la Provincia de Las Palmas, en sesión ordinaria celebrada el martes, día 24 de octubre de 2017, acordó para su envío a la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias y a los medios de comunicación, la siguiente resolución

JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

COMISIÓN PERMANENTE

 

4% DEL PIB PARA EDUCACIÓN EN LOS PRESUPUESTOS DE 2018

La Comisión Permanente de la Junta de Personal Docente No Universitario de la Provincia de Las Palmas, en sesión ordinaria celebrada el martes, día 24 de octubre de 2017, acordó para su envío a la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias y a los medios de comunicación, la siguiente

RESOLUCIÓN

Como cada año por estas fechas, el Gobierno de Canarias se encuentra elaborando los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio económico 2018.

El 8 de julio de 2014 el Parlamento de Canarias aprobó la primera Ley Canaria de Educación no Universitaria (LCE), que establece en su artículo 72 que:

"El Gobierno de Canarias, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la presente ley, incrementará progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo. A estos efectos, el presupuesto educativo deberá situarse progresivamente, dentro de los ocho años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, como mínimo en el 5% del producto interior bruto".

El Gobierno de Canarias queda, por tanto, obligado a incrementar progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo, elevándolos hasta alcanzar en el 2022 un mínimo del 5% del PIB.

Hay que resaltar que la tramitación de esta ley vino precedida de una iniciativa legislativa popular que entró en la cámara legislativa en 2010, contando con el respaldo de más de 35.000 firmas (más del doble de las necesarias) de ciudadanos y de numerosas organizaciones.

En esa misma línea, el 21 de febrero de 2014, el Consejo Escolar de Canarias  con participación de todos los representantes de la comunidad educativa, presentó una propuesta de “Pacto Social, Político y Económico por la Educación en Canarias” en el que reclamaba aumentar los recursos hasta equipararnos a Europa en inversión educativa.

Pese a que las disposiciones de la LCE obligan al Gobierno de Canarias a hacer crecer progresivamente el presupuesto en relación con el PIB hasta alcanzar en 2022 el 5% como mínimo, la evolución del presupuesto educativo durante los últimos años ha ido en sentido contrario, pasando del 3,72% del PIB en 2013 al 3,52% en 2017 perdiendo 0,2 puntos porcentuales durante el periodo de recuperación económica,  que unidos a otros 0,3 perdidos en el cuatrienio anterior (2008 – 2012) suponen una pérdida acumulada del 0,5% del PIB desde que comenzó la crisis.

Esta tendencia parece no tener visos de corregirse, a juzgar por las declaraciones de la Consejera  de Educación manifestando que "Alcanzar el 5% del PIB en los Presupuestos de Educación es un objetivo difícil". Dichas declaraciones adquieren aún más relevancia cuando, al mismo tiempo, la Consejera de Hacienda anuncia el propósito del Gobierno de Canarias de aplicar rebajas fiscales. Ambas declaraciones ponen de manifiesto que para este gobierno no es una prioridad cumplir con el mandato parlamentario reflejado en la Ley Canaria de Educación.

Tras las declaraciones de la Consejera de Educación y la de Hacienda, y a fin de garantizar que el mandato parlamentario expresado en la LCE se cumpla,  un grupo de ciudadanos (algunos de los cuales están relacionados con los promotores de la ILP de 2010) ha publicado un manifiesto que, bajo el título 4% para Educación ya, exige que, para cumplir con lo establecido en la LCE, el presupuesto de Educación en 2018 debe elevarse hasta el 4% del PIB y crecer 0,25 puntos cada año hasta alcanzar el 5% en 2022. Al mismo tiempo, exigen al Gobierno que asuma su responsabilidad y lo establezca así desde el principio en el proceso de confección de los presupuestos del próximo ejercicio. Esto supondría que, de mantenerse las previsiones del PIB para 2018, sería necesario incrementar el presupuesto de Educación en unos 266 millones de euros con respecto al de 2017.

Más recientemente, el pasado miércoles 11 de octubre, se debatió en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley (PNL) sobre medidas para mejorar la puesta en práctica de la Ley Canaria de Educación en la que se instaba al Gobierno de Canarias a que, en cumplimiento de la Ley Canaria de Educación, incluya en los próximos presupuestos para 2018 un incremento que permita alcanzar el 4% del PIB en Educación.

Dicha propuesta salió adelante gracias a los votos a favor de PSOE, PP,  NC y Podemos y pese a la abstención de CC. Debemos felicitarnos por el amplio consenso (33 votos de 49, más de dos tercios) conseguido en torno a este objetivo. Sin embargo, debemos mostrar el máximo apoyo entono a la propuesta para que la misma no caiga en el olvido, una vez más.

Por ese motivo, los promotores del manifiesto hacen un llamamiento a las asociaciones de padres y madres, de alumnado, organizaciones sindicales, a cuantas entidades promovieron la LCE, al Consejo Escolar de Canarias, Juntas de Personal Docente y a los grupos políticos del Parlamento para que reclamen al Gobierno unos presupuestos que asignen el 4% para Educación ya y que se comprometa a elevarlo cada año para lograr el mínimo del 5% en 2022 como establece la ley.

A todo lo anteriormente expuesto hay que sumar los diferentes acuerdos adoptados por la Junta de Personal Docente No Universitario de la Provincia de Las Palmas, que en diferentes sesiones plenarias de 6 de junio de 2016, 28 de noviembre de 2016 y 15 de mayo de 2017, por citar las tres últimas, ha reclamado a la Consejería de Educación y Universidad y al Gobierno de Canarias el cumplimiento del artículo 72 de la Ley Canaria de Educación, que establece el incremento progresivo del presupuesto educativo hasta situarlo en el 5% durante los 8 años siguientes a la entrada en vigor de dicha ley.

Por ello, en consonancia con dichos acuerdos, esta Comisión Permanente, se considera legitimada para pronunciarse en nombre de la Junta de Personal Docente No Universitario de la Provincia de Las Palmas en el sentido de reiterar, una vez más, la reclamación del cumplimiento del referido artículo 72 de la Ley Canaria de Educación y, por ende, se suma a la campaña 4% para Educación ya y suscribe el manifiesto que da entidad y sirve de argumentario a la misma.

 

JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

 

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