Familiares de asesinados por el franquismo piden al gobierno canario que la ley prevista de víctimas del terrorismo se amplíe a todas las víctimas de la represión política en las islas

Consideran que aunque respetan y comparten el dolor de las víctimas de ETA, en Canarias fueron asesinadas por el franquismo casi 5.000 personas, que no han tenido ni un mínimo reconocimiento histórico, olvidando la administración pública canaria a sus familias, víctimas de expolios, de robos de propiedades y de todo tipo de presiones y obstáculos para recuperar los huesos de sus muertos.

La Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo ha emitido un comunicado, ante la inminente Ley Canaria de Víctimas del Terrorismo, que entrará en la Cámara en el mes de noviembre y consideran vergonzoso que el Gobierno de Canarias no haya condenado a estas alturas de la democracia y desde su constitución al régimen franquista, ni haya creado los causes legales para que las miles de familias canarias víctimas del terrorismo de estado de la dictadura franquista, obtengan instrumentos jurídicos para recuperar sus propiedades robadas, desenterrar los huesos de sus muertos tirados como perros en fosas comunes, cunetas, simas o pozos de todo el archipiélago.

Pino González, portavoz de la Plataforma afirmó que, “de nuevo el Gobierno de Canarias se olvida de las miles de víctimas del franquismo en las islas, contribuyendo al oscurantismo y a seguir ocultando intencionadamente los crímenes horrendos de la dictadura, las miles de personas asesinadas, las terribles torturas, el robo de propiedades, la represión sobre nuestras familias, que aún hoy en día se manifiesta desde ciertos representantes políticos, que parece que siguen anclados en los años del holocausto fascista. Esta institución que representa a todos lo canarios, tiene la oportunidad histórica de levantar ese velo de olvido y reconocer al igual que hace con las víctimas de ETA, a la familias que hemos sufrido el terror de franquismo, crear canales para que se pueda recuperar esa memoria perdida para construir una verdadera democracia”.

González afirmó también que “las familias de los fusilados de San Lorenzo comparten el dolor de las víctimas de ETA y son conscientes de lo que significa la pérdida de un familiar de forma violenta, pero insisten en la necesidad de que Canarias cuente con una Ley mucho más amplia, que fomente que hechos tan graves como los sucedidos en las islas desde el año 1936 hasta casi los años 80, jamás vuelvan a repetirse. Que esa voluntad política que existe para las víctimas de ETA y esas “preferencias” en el acceso a determinados servicios en materia de educación, sanidad, etc., también existan para las víctimas del terrorismo de estado, de lo contrario se estaría contribuyendo a una injusticia histórica, que nos condenará, más temprano que tarde, a que la historia más negra y horrenda vuelva a repetirse. No pedimos dinero, ni lo pediremos jamás, no lo necesitamos, pero pensamos que tenemos los mismos derechos que estas otras familias que sufrieron el terrorismo”.

Por último las familias de los fusilados de San Lorenzo manifestaron, que no sería tan difícil un pronunciamiento del Gobierno de Canarias, una condena del terror franquista en las islas y en el resto del estado, creando una Ley de todos los canarios, no solo para un bando o para un sector de la sociedad, sino un instrumento legal que recupere memoria, dignidad y justicia para todas las víctimas del terror, la represión, la tortura y la muerte.