Un gobierno recaudador de los empresarios - Intersindical Canaria

De los ejecutivos del conjunto de las comunidades que conforman el actual Estado español, el gobierno de Canarias es, con gran diferencia, el que más descaradamente escora su política económica hacia los intereses empresariales. Un deshonroso mérito éste, cuyo efecto inmediato y extremadamente dañino, recae sobre el conjunto de los trabajadores de esta colonia, pauperizando al límite sus condiciones laborales y salariales. En el vulgar forcejeo que Clavijo mantiene con el fullero gobierno de España por la financiación autonómica, la utilización de lacras como la pobreza, las carencias en los servicios públicos o el desempleo existente en las islas, sólo son una coartada con la que justificar aquellas otras y más importantes partidas económicas que, de lograrlas, tienen como fin el enriquecer a la minoría opulenta, ello en la misma línea que ya lo hace con los beneficios fiscales y económicos que les procura el REF, la RIC o la “ultraperificidad”.

No es otra la intencionalidad del tan cacareado convenio de carreteras o la financiación de prescindibles infraestructuras públicas con la que este mal gobierno pretende dar continuidad a los beneficios de sus queridos socios del sector parasitario empresarial. Es esclarecedor el hecho que el gobierno de Coalición Canaria inutilice el dinero disponible para rebajar la pobreza o se jacte de haber logrado un obsceno superávit en los presupuestos mediante la imposición de duros recortes al gasto social, acciones estas que, finalmente, han tenido como beneficiarios a las concertaciones privadas de los servicios públicos. Las llamativas operaciones de compra de un solar y un edificio de viviendas por valor de 30 millones de euros, realizadas recientemente por el gobierno canario y el Cabildo de Tenerife al empresario, Antonio Plasencia, convicto y sentenciado por delitos de estafa y medio ambiental, llueve sobre mojado en la infecta administración que Coalición Canaria realiza con el erario público. Con ello, además, Madrid se apunta otro tanto para justificar sus agravios a nuestra tierra y a sus trabajadores.