Comunicado de Prensa

INTERSINDICAL CANARIA, UGT CANARIAS y USO CANARIAS  

AVISAN QUE PERSEGUIRAN LOS ACTOS DE PREVARICACIONES EN LA ADJUDICACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CONCURSOS PUBLICOS

Los representantes de Intersindical Canaria, UGT y USO, informan que han llegado al limite por lo que perseguirán en todas las instancias posibles (administrativas, judiciales, nacionales o supranacionales) los actos de prevaricación en las adjudicaciones a empresas de seguridad que obtienen sus beneficios no por su actividad productiva sino por presentar ofertas económicas con valores anormales o desproporcionados conforme a lo dispuesto en el articulo 152 RDL 3/2011 de 14 de Noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Para ello, hemos creado la Comisión Regional de Seguridad Privada de Seguimiento de Concursos Públicos,  desde la que controlaremos las licitaciones y adjudicaciones, acudiendo a las autoridades competentes, y si fuera necesario al Tribunal de Cuentas de Canarias, al del Estado y al Defensor del Pueblo de la Unión Europea.

Intersindical Canaria, USO y la UGT No pueden tolerar que empresarios, (cuales sean) sigan obteniendo concesiones públicas, cuando se constate que se tiene deudas con la Seguridad Social o la Hacienda Pública, no les pagan a sus trabajadores el salario que realmente les corresponde por convenio, incumplen con las normas de seguridad y salud laboral o con las normativas que regulan nuestro sector de seguridad privada.

Sospechamos de Administraciones Públicas que permiten que haya empresas de seguridad que no cumplen con las condiciones de la contrata, y mucho menos con las mejoras que ofrecen en sus ofertas, y que, de antemano está concertado su incumplimiento, utilizando esta treta para desplazar otras ofertas serias y solventes.

Dicho lo anterior, sepan que también demandaremos a las Administraciones concesionarias en base al “principio del buen gestor”, que a pesar de conocer que el licitante carece de liquidez, está en mala situación económica (con convenios de empresa lesivos a los intereses de los trabajadores, acuerdos de descuelgues abusivos y ERES);  con deudas con la Seguridad Social y Hacienda y, a pesar de ello, se les concede dinero público para que sigan con sus practicas en perjuicio de los trabajadores y de los propios intereses públicos.

En la tarea de velar hasta las últimas consecuencias los intereses de los trabajadores hemos unido nuestras fuerzas los tres sindicatos comprometidos contra los abusos y la impunidad de gestores públicos, y ello, a pesar de que se les ha brindado todas las posibilidades para que corrigieran su comportamiento antisocial, por lo que nos veremos obligados a denunciarlos, tanto al licitante como a la Administración adjudicataria, ante la Fiscalía Anticorrupción, personándonos si fuera necesario como querellantes.

Las Palmas de Gran Canaria 10 de abril de 2013