La Coordinadora Popular por la Vivienda y los Derechos de la Clase Trabajadora AVANCE SOCIAL se ha dirigido a los Grupos del Parlamento de Canarias para exponerles la situación que viven muchas familias canarias, con pocos recursos económicos, que se ven sometidas a procesos de desahucios por parte de VISOCAN.

María Puig Barrios, con DNI 42.743.222-E, en representación de la Coordinadora Popular por la Vivienda y los Derechos de la Clase Trabajadora “Avance Social”, [email protected] y [email protected],  EXPONE:

Con fecha 14 de junio de 2013, hemos presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias que deseamos dar a conocer a los distintos Grupos Parlamentarios, expresando nuestra preocupación ante la falta de medidas realmente eficaces para hacer frente a los desahucios de personas y familias por parte de las entidades financieras, y las actuaciones realizadas por VISOCAN que somete a personas y familias a un auténtico calvario. Adjuntamos copia de nuestro escrito de alegaciones.

Asimismo, hacemos llegar a los distintos grupos del Parlamento de Canarias la carta que nos ha dirigido VISOCAN con relación a varios casos de desahucios. Hemos tachado el nombre de las personas afectadas, como medida de protección de datos, pero hemos mantenido el resto del escrito con la situación de cada caso que describe la propia empresa VISOCAN. Como podrán comprobar:

En el caso Nº 1: a una familia sin ingresos, se le reclamaba una deuda de 10.000 euros, sometiéndola, como en todos los casos, a “acuerdos” de pago de la deuda que son, en realidad, imposiciones a la que los vecinos no pueden hacer frente, por falta de ingresos y situaciones familiares difíciles, y a un proceso de desahucio.

En el caso Nº 2: a esta persona mayor, sin ingresos y sin pensión (está gestionando una pensión no contributiva), que vive de la ayuda de una hermana que le pagan agua y luz y le lleva comida, le reclaman una mensualidad más otra atrasada, es decir casi 120 euros a una persona sin ingresos de ningún tipo que vive de la solidaridad familiar. La hermana no puede prestar más ayuda que la que venía dándole (agua, luz y comida), porque su propia situación económica se ha complicado al tener hijos en paro. A pesar de todo ello, VISOCAN emprendió  un proceso de desahucio contra esta persona.

En el caso Nº 3: A esta familia formada por la madre y dos hijos, con 457,54 euros de ingresos, se le ha hecho pagar 2500 euros (préstamo solicitado que todavía no ha podido devolver) y le piden que pague una mensualidad más un recibo atrasado, pidiéndole que reste más de 120 euros de los 457 euros que percibe. ¿Cómo podrá alimentar a sus dos hijos? En este caso, esta mujer con dos hijos también está amenazada por un proceso de desahucio.

En el caso Nº 4: A esta familia, una madre y dos hijos,  se le reclama 9.177 euros de deuda, se le ha puesto un alquiler de 369 euros, en el 2013, y se le reconoce unos  ingresos de 1.038 euros, pero  en el 2011, y VISOCAN  está a la espera de que cobre la indemnización por un accidente de tráfico para que le pague la deuda. También tiene un proceso de desahucio.

En el caso Nº 5: el lanzamiento de un matrimonio con tres hijos se ha llevado a cabo, después de haber pagado a duras penas la deuda pendiente, obligándolos a vivir en casa de familiares, en situación de hacinamiento y los consiguientes problemas de convivencia, mientras la vivienda que ha sido el hogar de esta familia durante 14 años, permanece vacía.

Todas estas familias, y muchas más, se ven constantemente amenazadas con desahucios que VISOCAN utiliza hasta llegar al lanzamiento, como verán en el escrito, cuando sabe realmente que no tienen posibilidades de hacer frente a las mensualidades y menos a las deudas que se acumulan y los aboca a situaciones límites.

La situación que viven estas familias es dramática y  nos parece escandaloso que con el dinero público recaudado de las familias canarias con menos recursos económicos, VISOCAN suscribiera swaps (productos especulativos de muy alto riesgo), con pérdidas de 1 millón de euros al año, desde 2010, es decir unos 3 millones de euros hasta la fecha.  

Por todo ello, ponemos en conocimiento de los Grupos Parlamentarios la situación que viven muchas familias canarias, reclamando una solución socialmente justa.

Canarias, a 27 de julio de 2013.

María Puig Barrios

Coordinadora Popular de la Vivienda

Carta de VISOCAN sobre desahucios