Declaración de la Plataforma Canaria Contra la Criminalización de la Protesta Ciudadana sobre la Ley de Seguridad Ciudadana y la Reforma del Código Penal
 

Con prisa, premeditación y alevosía, y porque ha llegado la primavera el  gobierno del Reino de España y las cámaras legislativas que hoy refrendan (en pleno uso de sus facultades mentales y su mayoría absoluta -181 votos a favor-), toda orden y razón que emana de aquella autoridad suprema, omnisciente e infalible, han aprobado la enésima reforma, y atentado de nuevo (más alto, más lejos, más fuerte), contra nuestros derechos y libertades fundamentales.

Legislar en contra de la mayoría social y a favor del sometimiento, la exclusión y el miedo se ha convertido en práctica habitual de quienes nos gobiernan, de quienes detentan la soberanía a pierna suelta, sin sonrojo, temblor ni duda. Y no solo a fuerza de decretos de urgencia supuestamente inaplazable, es decir, faltando a la sustancia y al rigor de los procedimientos y técnicas establecidas, sino también por medio de leyes orgánicas que hoy amparan solo a quienes las firman, sus acólitos y resto de instituciones de naturaleza ejecutora.  

Las reformas impuestas el pasado 26 de marzo abundan en esta práctica, perpetrada a estas alturas ya sin disimulo ni disfraz de ningún tipo (y ofendiendo abiertamente nuestra común inteligencia), en muestra de la rampante escalada de soberbia y autoritarismo de este Leviatán redivivo, cada vez más absoluto, crecido y orgulloso de su nombre. El monstruo anda suelto y ya no se conforma con despojarnos de nuestros medios de subsistencia, de los bienes y derechos más básicos y necesarios para la vida; ahora exige que nos disolvamos, por las buenas o por las malas. Y para que se cumplan sus mandatos no hay escrúpulo, reparo ni excusa que valga. Somos peligrosos, disentimos y nos rebelamos contra la injusticia y la desigualdad, luego nos merecemos todo el rigor y la fuerza de las leyes penales y administrativas. Que nos corten la cabeza. Porque no estamos a la altura de sus expectativas, porque insistimos en reclamar y proclamar nuestra dignidad.

Llegados a este punto, cometida esta osadía, debemos, en favor de la paz y la cohesión social, ya sea a fuerza de pelota de goma, valla y cuchilla, porra, golpes, vejaciones, público oprobio, injurias, coacciones, amenaza de multas y sentencias de prisión, etc., disolvernos (con suerte) o ser castigados con la severidad que corresponde.

Porque protestar, indignarse, exponer la verdad y reivindicar lo que nos pertenece, aquello que ningún gobierno que se reconozca legítimo puede arrebatarnos, deviene en grave violación de un indeterminado y tan vago como peligroso concepto de orden público. No, ya no vale, ya no cuela el recurso a eufemismos de esta calaña. Porque el olvido está lleno de memoria y las víctimas nos interpelan.

Un orden de cementerio, y tan equitativamente repartido que protege solo a los mismos que hacen, deshacen y deciden sin control democrático alguno. Estado social y democrático de derecho. De ahí que resulte legal y de obligado cumplimiento por los poderes públicos conculcar la Constitución Española, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (luego y además de infringir también a mansalva el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea  y otros tratados y pactos de los que el reino de España es parte. Juez y parte.

Somos y en adelante seremos sospechosos habituales. Estamos y estaremos a un tris de que, en cualquier momento y lugar, nos persigan, reduzcan, detengan y declaren reos a perpetuidad de delitos cometidos por quienes nos atropellan y agreden. Ya antes de la próxima entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y de la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal. Preventivamente, como corresponde a estos tiempos de pesadilla. Es la guerra, ya se sabe, la continuidad de los negocios por otros medios.

¿Debemos callar entonces?, ¿escondernos, resignarnos, claudicar como ejemplares ciudadanos? El miedo, sí, anda suelto. Existen razones, sí, para sentirse inseguro e indefenso, pero no son las señaladas en las exposiciones de motivos de las últimas normas (y tampoco de las penúltimas, ni de las anteriores). Los verdaderos motivos proceden de la precisa fuente de la que aquellas emanan, del corazón de la bestia. Tienen nombre y apellidos e historia, fortuna, honores, privilegios y responsabilidad política y jurídica.

Por eso, y porque también es responsabilidad nuestra, no perdamos ocasión de recordarles que son meros fiduciarios del poder que la ciudadanía les ha concedido de forma provisional y condicionada, y retirémosles definitivamente nuestra confianza. Exijamos hoy y mañana, y pasado mañana, que respondan de sus decisiones y abusos. Detengamos la masacre cotidiana, la que cometen y prometen cometer en el futuro. Combatamos sus mentiras con la rotundidad del diccionario. Y retomemos con nuestra presencia, rescatemos de manos de los usurpadores del bien común, nuestro espacio, el que siempre fue y será, por más leyes que vengan, de todos y todas.

Las Palmas de Gran Canaria

martes, 30.06.2015