Podemos afirma que la Ley de Servicios Sociales “no es la que merece Canarias”                       

• Noemí Santana denuncia que el texto del Gobierno de Clavijo apuesta por un sistema asistencialista y no universal 
• “Las falsas promesas, el cinismo y la falta de ética es directamente proporcional a la falta de autocrítica del Gobierno y de la credibilidad del presidente”. 
• La formación morada considera que debe blindarse el carácter público de la atención primaria, secundaria y especializada. 
• La portavoz parlamentaria alerta de que el texto del Gobierno “abre la veda” a privatizar los servicios sociales.

La secretaria general y portavoz parlamentaria de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha puesto en evidencia las contradicciones que existen en el proyecto de Ley de Servicios Sociales que este martes se ha tomado en consideración en la Cámara regional y ha denunciado que el texto, “tal cual ha entrado en este Parlamento, no es la mejor ley que merece Canarias ni la que los canarios y canarias se merecen”.

Por ello, ha anunciado que “promoveremos con las numerosas enmiendas que presentaremos, de forma real, la mejora de la calidad de vida y el bienestar social de todas las personas que viven en Canarias, que son los que en el fondo peor lo están pasando, pues el sistema que diseña no es universal y es tajantemente falso que se cambie a uno no asistencialista”.

Santana, que ha señalado que “aunque el Gobierno siga la premisa de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”, lo cierto es que, como han denunciado varios colectivos sociales, “la exclusión de los servicios no esenciales como derechos subjetivos y la estructuración de los mismos mantiene el concepto asistencialista” del sistema diseñado por el Gobierno en minoría que preside el nacionalista Fernando Clavijo.

La portavoz de la formación morada ha recordado que la Ley de Servicios Sociales fue un compromiso de Clavijo durante su investidura para que estuviera aprobada en diciembre de 2015: “las falsas promesas, el cinismo y la falta de ética es directamente proporcional a la falta de autocrítica del Gobierno y de la credibilidad del señor Clavijo”.

Cinismo y contradicciones

Para Santana, casi tres años después de la promesa del presidente, “el Archipiélago no sólo tiene la lista de espera más alta en dependencia sino que aún carece de una ley que reconozca derechos y los garantice”.

Un cinismo presidencial en el que ha incidido Santana durante el debate, puesto que “resulta abrumador” comprobar cómo “en 2015 Clavijo decía que la ley de servicios sociales rompería con la pobreza y hace tan solo unos meses hace unos meses afirmó que el texto que ahora tenemos sobre la mesa no va a solucionar nada”.

“Es más, llegó a decir el presidente que ‘la solución no es ni la ley ni hacer un plan contra la pobreza, sino cambiar el modelo productivo’. Y lo dijo justo cuando él y su Gobierno presentaba unos Presupuestos, los actuales, que no presentaban ni un ápice de cambio en el modelo productivo y se sacaban de la manga un plan de pobreza alejado de la visión transversal que deben tener las propuestas para solucionar los datos de pobreza y exclusión social”, insistió Santana.

Otra muestra de cinismo resaltada por la portavoz es que se ha hecho extensivo al texto del proyecto, pues “a pesar de que en la exposición de motivos “se intenta constantemente repetir que se cambia de un sistema asistencialista al reconocimiento de los derechos sociales como derechos subjetivos, esto es tajantemente falso, ya que los servicios no esenciales no quedan garantizados en la ley al no entenderse como derecho subjetivo”.

Y además, “existe la contradicción en el texto de hablar de universalidad del sistema cuando en el artículo 7 establece atenciones prioritarias a ciertos colectivos”.

Para la portavoz de la formación morada, “si el sistema es universal, toda situación debe ser atendida, y las prioridades deben ser establecidas en base al contexto y realidad que se intervenga, a través de procesos de análisis y planificación específicos, no establecidas desde un principio desde un marco normativo como una ley”.

Abrir la veda a la privatización

Asimismo, el texto remitido por el Gobierno al Parlamento equipara el valor de las prestaciones, programas y servicios de titularidad pública con el de la titularidad privada, “abriendo  la veda de una mayor privatización a manos de empresas privadas de los servicios públicos”.

“La concertación debe ser subsidiaria y de calidad supervisada, alejada de criterios economicistas y mercantilista, y debe primar el carácter público y universal de los servicios sociales”, ha insistido Santana.

También ha criticado la “falta de ficha financiera capaz de dar respuesta a los medios humanos, técnicos y financieros necesarios para el funcionamiento de la Ley”, lo que Podemos Canarias considera muy preocupante, pues la redacción del texto “impedirá a las entidades del Tercer Sector de Acción Social seguir prestando los servicios”.

“Estamos hablando de la responsabilidad pública de asumir los costes reales de los servicios, de mejorar los ratios de personal y  de garantizar la suficiencia del Tercer Sector anclando la financiación de esta ley a los presupuestos de la comunidad autónoma, no dejándola como moneda de cambio del gobierno de turno, a créditos extraordinarios o coyunturas varias”, ha espetado al Gobierno.

Definir prestaciones y servicios y garantizar la equidad

Otros fallos de la Ley, que será enmendada por Podemos Canarias asumiendo las reivindicaciones de los colectivos, colegios oficiales, sociedad civil y profesionales con los que se han reunido, es que no quedan bien definidos la cartera de los servicios y el catálogo de prestaciones del Sistema Público de Servicios, cuyo desarrollo se deja para posteriores decretos o reglamentos, o que no queda garantizada la equidad en la accesibilidad de toda la ciudadanía, independientemente de la isla en la que resida.

“Para ello es importante no sólo clarificar en qué competencias en materia de Servicios Sociales se van a transferir a los Cabildos sino impulsar la remunicipalización de los servicios sociales y la coordinación del Sistema público de Sanidad,  el Sistema público de Servicios Sociales y otros como el Educativo o el de Empleo”, dijo la portavoz.

Asimismo se pretende garantizar la tutela judicial efectiva incluyendo la reclamación del derecho a las prestaciones y servicios en vía administrativa y jurisdiccional, y se incluirán mejoras en el diseño de infracciones y sanciones de centros y servicios sociales no sólo meramente económicas.